Primero desmantelaron el Congreso con mayorías oficialistas que tratan y aprueban los proyectos que envía el Poder Ejecutivo, sin modificar una coma.
Después fueron por la prensa independiente: con la excusa de democratizar la palabra, el 90% de los medios audiovisuales hoy está en manos de contratistas, concesionarios del Estado y amigos del Gobierno, que reciben una pauta de publicidad oficial millonaria a cambio de callar, desinformar y repetir sin matices el relato oficial. Los pocos medios independientes están siendo ahogados económicamente con graves restricciones a la publicidad comercial.
Ahora van por la Justicia y la Corte Suprema: el último bastión de nuestra democracia, representativa y republicana, que aún puede poner freno al desenfreno de un gobierno que se quiere ilimitado.
Con la nueva excusa de “democratizar” la Justicia, la Presidenta anunció a principios de mes que enviará al Congreso un proyecto de ley para que la mayoría de los miembros del Consejo de la Magistratura (el órgano que examina, controla y hasta puede juzgar y destituir a los jueces por mal desempeño) sea elegida por el voto popular.
¿Qué significa esto? Que el Consejo de la Magistratura se convertirá en una suerte de tribunal popular, conformado mayoritariamente por personas cuyo principal y, acaso, único mérito será su lealtad a la causa oficial.
Significa que el Consejo de la Magistratura con mayoría kirchnerista actuará como una comisaría política encargada de subordinar a los jueces y garantizarles manos libres e impunidad a la Presidenta y a sus funcionarios.
Significa que incómodas investigaciones, como la causa por el escandaloso aumento patrimonial de Néstor y Cristina Kirchner, que tuvo que cerrar diligentemente el juez Oyarbide, ya no se iniciarán; no habrá valijas de Antonini Wilson, ni causas Ciccone, ni jueces que investiguen a los responsables de la tragedia de Once y, por supuesto, olvidémonos del atentado contra la AMIA. Hebe de Bonfini y sus queridos Shocklender, pasados o futuros, podrán compartir nuevamente sus sueños sin ninguna pesadilla judicial.
Ésas serán las consecuencias de politizar una justicia débil y todavía más llena de interferencias políticas.
No nos equivoquemos: en el lenguaje kirchnerista, “democratizar” no significa otra cosa que “politizar”, subordinar la Justicia, los medios de comunicación, las instituciones, las leyes y toda la sociedad a los designios de Cristina y del “proyecto nacional y popular” que sólo admite el monocolor K.
En la Asamblea Legislativa, la Presidenta también anunció que desea crear múltiples cámaras de casación, una por fuero, para evitar, dijo, que lleguen “demasiadas” causas a la Corte Suprema de la Nación.
Esta medida busca vaciar de poder y funciones a la actual Corte Suprema. El objetivo sería lograr que el nuevo Consejo de la Magistratura kirchnerista nombre a magistrados oficialistas en las nuevas cámaras de casación para frenar todas las causas que pudieran perjudicar al Gobierno, a sus funcionarios y a empresarios amigos, evitando que lleguen a la molesta, tan molesta, Corte Suprema.
Justo es admitir que la renovación del máximo tribunal de Justicia, de acuerdo con las más elevadas reglas de transparencia que impulsó el propio Néstor Kirchner a inicios de su mandato, fue su mayor logro institucional.
Pero también es justo señalar que la independencia de la actual Corte Suprema, cuyos miembros fueron elegidos mayoritariamente por su idoneidad y no por su afinidad con el partido de gobierno, se ha convertido en un escollo para el proyecto de poder ilimitado y “eterno” que ambicionan tanto Cristina como sus autodenominados “soldados.”
Si el Congreso aprueba estos dos proyectos de ley, nuestra democracia entrará en una zona de riesgo, aún más peligrosa. Lo más penoso es que significará que en estos 30 años de democracia ininterrumpida los argentinos no hemos aprendido nada o casi nada de los años de locura y violencia, cuando vivimos sin el amparo y los límites de la Constitución y de la ley. Me refiero a esa tenebrosa década del 70 que nació y terminó con el signo de la muerte, y que con tanta irresponsabilidad quienes hoy nos gobiernan invocan como si la quisieran resucitar.