Pasaron 13 años de la mayor tragedia no natural que tuvo nuestro país y las heridas siguen abiertas. A los 194 fallecidos hay que sumarle 17 suicidios posteriores, más de 30 familiares de víctimas fatales fallecidas por enfermedades oncológicas y otros miles de sobrevivientes que estamos luchándola diariamente.
Ante la mirada del Gobierno porteño algunos sobrevivientes no somos iguales a otros y paso a explicarles el motivo. En el año 2005, bajo la gestión de Aníbal Ibarra, hubo escasa voluntad de realizar un empadronamiento de sobrevivientes de la tragedia de manera prolija y ordenada. Es decir, no hubo ningún tipo de difusión oficial y los/as chicos/as que llegaron a empadronarse fueron gracias al “boca a boca” que se generó entre ellos. Por esta razón alrededor de mil sobrevivientes no se encuentran registrados en las arcas del Estado, por consiguiente no pueden acceder a los derechos reconocidos hasta la actualidad. O sea, mil personas que estuvieron, vivieron y sufrieron Cromañón desde adentro no existieron ni existen para el Gobierno porteño. Ni siquiera son un número. Son invisibles.
Esa fue la primera raíz que dificultó las pequeñas conquistas, como por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la sanción de la ley n.° 4786/13, cuyo espíritu era la reparación integral para las víctimas de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004. Dicha ley la votaron de manera afirmativa 55 legisladores, mientras que cinco de ellos estuvieron ausentes, entre ellos, Martín Ocampo y Aníbal Ibarra. Esta ley, que llegó mediante la lucha de sobrevivientes y familiares autoconvocados y de distintas agrupaciones que fueron nucleadas en la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón a nueve años de transcurrida la tragedia, se reglamentó 16 meses después, pero no se puso en práctica en su totalidad, por la pereza política y por la falta de interés ante la vulnerabilidad de la situación del entonces Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
Uno de los puntos de la ley, menciona que “El Poder Ejecutivo diseña e implementa acciones, políticas y programas de salud coordinados y articulados entre los diferentes niveles de atención, subsectores y jurisdicciones con el objeto de garantizar la accesibilidad, integralidad, universalidad, periodicidad, asistencia y seguimiento interdisciplinario y continuo de los beneficiarios/as”. Sin embargo no se cumple.
Ninguna de las gestiones de Gobierno (Ibarra, Telerman, Macri, Rodríguez Larreta), diseñaron ni implementaron acciones y programas de salud, ni se garantizó la asistencia, ni la periodicidad y asistencia de las víctimas. De tal forma, el único hospital que tiene un programa con profesionales acorde a la situación es el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, que tiende a colapsar ante la intensa demanda.
“Otorgase una asistencia económica mensual por el término de cinco años a los beneficiarios/as comprendidos en el artículo 2° de la presente ley”, afirma otro de los artículos de la ley. Leyeron bien, se vence a fines de 2018, como si en cinco años, nos curásemos de las patologías y del stress postraumático. Si consultasen con un profesional de la salud les va a afirmar que el stress postraumático tiende a hacerse crónico, que puede tener oscilaciones, pero que dura toda la vida. Para muchos sobrevivientes ese subsidio es todo, ya que por muchos factores psicológicos como depresión, angustia, claustrofobia, nictofobia y ataques de pánico, dificulta el acceso a un trabajo estable. Asimismo nuestros nombres como sobrevivientes figuran en los buscadores de internet, lo que dificulta también el acceso al ámbito laboral, por temores del empleador a futuras licencias médicas y/o psiquiátricas.
Ante la demanda que se observaba y la ausencia del Gobierno porteño, en 2015 la agrupación Coordinadora Cromañón firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa. En consecuencia, para que dicha institución atienda con sus profesionales (psicólogos y psiquiatras, entre otros) no solo a las víctimas de terrorismo de Estado sino también a absolutamente todos/as los/as sobrevivientes de la tragedia de Cromañón de manera gratuita e incluyendo a los no empadronados. Actualmente sigue vigente dicho convenio pero con menos personal por los despidos a profesionales que realizó el Gobierno de Cambiemos.
Como verán día a día se sufre Cromañón. Se escondieron bajo la alfombra las problemáticas de las víctimas no fatales y desde los medios sólo se hizo hincapié en Ibarra (hasta su destitución), Callejeros y Omar Chabán. La verdadera justicia para las 194 víctimas es que se cuide a los más de 2800 sobrevivientes que padecen la culpa de haber salido, mientras otros no han podido, y que fundamentalmente pelean ante la desidia y el abandono del Estado.
En estos 13 años, decidieron quitarse la vida 17 chicos/as por diferentes motivos seguramente, quedando de fondo familias totalmente destruidas. Aquí me detengo y a manera de conclusión me pongo a pensar un segundo junto con ustedes la siguiente pregunta: ¿Si el Estado hubiese estado presente, hubieran tenido el mismo desenlace?