El corte de luz en los barrios de Recoleta y Palermo nos recuerda que todos los años, y ahora no sólo en el verano, los porteños debemos padecer la falta de energía eléctrica como consecuencia del incumplimiento de deberes del Ministerio de Planificación de la Nación. Hace unos días el ministro Julio De Vido inició acciones legales contra dos empresas y la CABA por ese apagón. La cartera que dirige De Vido debería supervisar el accionar de las empresas prestadoras de energía eléctrica durante todo el año y no sólo durante la campaña electoral.
La pasividad de la Secretaría de Energía –que ablandó los controles de calidad en la prestación del servicio y miró para otro lado frente al incumplimiento del Plan de Inversiones y las metas de expansión geográfica del servicio– derivó año tras año en un abanico de desgracias evitables, que contemplan desde la falta de suministro y pérdida de bienes hasta el abandono de personas y fallecimientos.
Los directivos de las empresas prestadoras de energía eléctrica Edenor y Edesur parecen estar cómodos amparándose en la discusión por las tarifas políticas congeladas. Las empresas aprovecharon los subsidios y canjearon esta situación por una mínima o nula inversión en el mantenimiento adecuado de la red, bajo el paraguas protector del “no control” por parte del Ministerio de Planificación y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
La omisión de los funcionarios del ENRE, quienes recibieron órdenes políticas y permitieron el deterioro del proceso de distribución de la energía eléctrica, condujo al perjuicio de los usuarios y consumidores, y nos deja hoy con el mayor atraso tecnológico del que tengamos memoria.
La negativa a constituir una Comisión Investigadora por falta de control público en el suministro de energía eléctrica muestra nuevamente la forma en la que la cartera de Planificación concibe el control ciudadano, al que no está dispuesto a someterse.
En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ingresaron en los últimos años más de 10 mil consultas lo que generó más de 2 mil actuaciones por cortes o deficiencias en la prestación de los servicios públicos, a pesar de no ser el ámbito institucional adecuado para su reclamo.
A esto habría que sumar los reclamos en distintas asociaciones de defensa del consumidor, como la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), el Centro de Educación al Consumidor (CEC), y la ONG Consumidores Libres, entre otras.
Queda claro que el ministro De Vido no ha controlado ni ordenado que se cumplan las obligaciones que adquieren las empresas proveedoras de servicios a lo largo de los últimos doce años mostrando un gran desinterés por los porteños y su calidad de vida.
* Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires