El contenido de la supuesta “democratización de la justicia” es contradictorio y plantea una serie de avances del gobierno en términos de poder y espacios que nos hacen perder institucionalidad y libertades. Pero el Poder Judicial no es sino un caso más de esta avanzada que de a poco va llegando a todos los ámbitos y sectores.
Se avanza sin culpa en un cambio de reglas de fondo con el claro objetivo de fortalecer y acrecentar el poder del gobierno y su modelo, reduciendo el control por parte del Poder Judicial debilitando las instituciones y el sistema republicano de división de poderes con frenos y contrapesos establecido por la Constitución Nacional.
Los proyectos presentados por el Ejecutivo no pretenden mejorar el funcionamiento del Poder Judicial ni ampliar el acceso a la justicia. De hecho, las iniciativas no resuelven los mayores problemas de nuestro sistema judicial como el acceso igualitario, las demoras en la resolución de los conflictos y el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial.
La democratización kirchnerista de la justicia se presenta en un contexto determinado y con los siguientes antecedentes:
Durante los últimos 10 años, el gobierno nacional no presentó iniciativas de fondo para el Poder Judicial. La única reforma importante fue la modificación del Consejo de la Magistratura de la Nación, propuesta por la propia Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora, que aumentó el poder del gobierno para seleccionar y remover jueces.
Así el oficialismo ha designado el 54% de la totalidad de los jueces nacionales en todo el país; 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el 80% de los magistrados de primera instancia del fuero penal federal y buena parte del fuero contencioso administrativo federal. Fueros estratégicos para el Gobierno debido a que sus jueces investigan las causas por corrupción de funcionarios públicos y deciden recursos contra el Estado nacional.
Por otro lado, el gobierno que hoy reclama idoneidad, imparcialidad e ingreso por concurso a todos los cargos del Poder Judicial es el mismo que postuló al abogado Daniel Reposo para el cargo de Procurador General de la Nación, jefe máximo de los fiscales de todas las instancias del país. Recordemos que este candidato que no poseía los antecedentes mínimos necesarios para ocupar ese cargo, ni la objetividad e imparcialidad para desempeñarlo.
Asimismo, el gobierno que hoy plantea una reforma al Poder Judicial posee una larga trayectoria de incumplimiento de sentencias y decisiones contrarias a sus intereses dictadas por jueces de todas las instancias e inclusive de sentencias de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La incorporación de la “democratización de la Justicia” en la agenda del gobierno recién data de fines del año 2012, coincidiendo con el momento en que diversos magistrados del Poder Judicial de la Nación resolvieran asuntos en contra de los intereses del gobierno; en particular luego de los casos Clarín y La Rural.
En este contexto político-judicial, y como era de esperar, los proyectos presentados también tienen mucho de político y poco de reforma judicial de fondo. Los más importantes: la Modificación del Consejo de la Magistratura, la creación de Cámaras de Casación para todos los fueros, y la restricción de las medidas cautelares. Estos cambios le permitirán al gobierno:
1- obtener la mayoría absoluta en el organismo que se ocupa de designar y remover magistrados;
2- agregar una nueva instancia que dilatará los procesos, unificando la jurisprudencia mediante jueces cercanos al Poder Ejecutivorecortándole competencia a la Corte Suprema;
3- limitar la posibilidad de las personas para accionar contra el Estado en defensa de sus derechos humanos fundamentales.
Una nueva marcha fue convocada en defensa de la justicia. Están buenas las marchas, y que los dirigentes que representan ciudadanos que quieren un determinado tipo de país se unan y acuerden sobre temas concretos. Pero esto ya no es suficiente. Para poder vivir en el país que queremos hacen faltan reglas de juego. Las reglas de nuestro juego están en la Constitución, y tienen un garante, el Poder Judicial, con la Corte Suprema a la cabeza. Mientras cada uno de nosotros siga concentrado en el árbol propio seguiremos sin ver el bosque. En el bosque las reglas yo no son las mismas. No es que haya otras reglas. Las están eliminando. Nos estamos cocinando lentamente y no nos damos cuenta. Los proyectos de “democratización de la justicia” permiten que el gobierno de turno designe los árbitros de este nuevo partido sin reglas, que interpretarán la Constitución a su antojo, eliminando equilibrios y controles cruzados entre poderes, priorizando arbitrariamente algunos derechos sobre otros. Algún día alguien tocará la puerta de nuestra casa y nos dirá que nos tenemos que ir.
Abramos los ojos y miremos un poco más allá. Por ahora seguimos compitiendo entre nosotros por el mejor plumaje, mientras nos cocinamos convencidos que somos los patos de la boda.