El acceso a la justicia es un principio fundamental del estado de derecho. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se lo define como “un concepto que hace referencia las posibilidades de las personas, sin distinción de raza, sexo, edad, identidad sexual, ideología política o creencias religiosas, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas”.
La Constitución de la Ciudad, moderna como es, contempla el derecho de acceso a la justicia en sus artículos 12, 17 y 18. El artículo 12 establece que: “Se garantiza el acceso a la justicia de todos sus habitantes; en ningún caso puede limitarlo por razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos”. Argumentaron losconstituyentes hace 20 años: “La verdadera igualdad ante la ley solo podrá estar garantizada cuando tengamos garantizada la igualdad de oportunidades para el acceso al sistema de administración de Justicia”
En la actualidad, nos encontramos frente al desafío de modificar el modelo de acceso ciudadano que se presenta en la justicia para que se lo entienda como un fin en sí mismo y no un simple enunciado prosaico. El acceso a la justicia debe ser visto como una herramienta para la enfrentarse a la desigualdad y poder así, disminuir la exclusión, la pobreza y la vulnerabilidad social.
De acuerdo con lo moldeado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Manual de Políticas Públicas para el acceso a la justicia, la simplificación de los procedimientos jurídicos, el fortalecimiento de la red de información, el empoderamiento en derechos de la población y el desarrollo de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, son las bases para encaminar la respuesta satisfactoria que aguarda una gran parte de la sociedad en materia judicial.
Llevar a cabo un servicio pleno con la mayor inclusión es el objetivo final de nuestro trabajo. Para ello, es esencial agilizar y simplificar los medios jurídicos que se ofrecen a la comunidad. Según la última encuesta de acceso a la justicia realizada por el Consejo de la Magistratura de CABA, el 45% de la población cree que el costo económico de un juicio es inaccesible y un notable porcentaje aún desconoce dónde encontrar asistencia legal gratuita. La duración, los costos o el formalismo excesivo en los procesos, transforman el acceso a la justicia en un camino complejo y confuso. Este escenario nos impone un gran compromiso frente a la transferencia de competencias judiciales.