Proteger los derechos del pueblo

Proteger los derechos del pueblo


A los defensores del pueblo no nos gusta que nos digan ombudsman. Esa institución es originaria de una Europa monárquica que la creó para ser oidora de las quejas de sus súbditos o intercesora ante el poder y así limitar sus abusos o arbitrariedades. Los defensores del pueblo también escuchamos los reclamos ciudadanos, pero no contra ninguna nobleza, sino contra las deficiencias o ineficiencias de las instituciones que este mismo pueblo ha creado a través de sus representantes a lo largo de su historia, o reaccionamos ante incumplimientos de funcionarios de la democracia.

Nuestra brújula -única y compartida- es la de los derechos humanos, con su amplio abanico de principios, normativa, doctrina, jurisprudencia y los valores fundamentales de la vida y dignidad que son fundantes y sustento de todos los demás derechos que integran su plexo vigente para esta sociedad y en este tiempo.

Ser defensor del pueblo en nuestro continente es no olvidar que ingresamos en el mundo occidental primero colonizados a sangre y fuego por unos y luego económicamente por otros, que hemos sido asolados por dictaduras locales con apoyo exógeno, extorsionados por endeudamientos agobiantes y eternamente manipulados culturalmente.

Por eso nuestra misión es ser también defensores de la democracia costosamente alcanzada y de su gobernabilidad, del perfeccionamiento de las instituciones, de la participación ciudadana, de la equidad y del diálogo permanente entre las diversidades. Al mismo tiempo, rige para nosotros una opción preferencial: por los más vulnerables, no porque tengan siempre razón, sino porque la vulnerabilidad requiere ser compensada y ésa es también función estatal.

Desde esa mirada nuestros antecesores no son los ombudsman europeos (respetables por cierto en sus lugares), sino quienes asumieron hace 500 años la defensa de los pueblos originarios víctimas de la matanza y la explotación colonial. Los dominicos como fray Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria, o los misioneros jesuitas, serían -en el lenguaje de hoy- los primeros defensores de derechos humanos en estas latitudes. Mientras los teólogos oficiales discutían si los indios tenían alma o no, ellos morigeraron cuanto pudieron las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos.

A partir de entonces y hasta la fecha, cientos de defensores de derechos humanos existieron en nuestra historia bicentenaria. Hoy los defensores del pueblo tenemos como misión defender y proteger sus derechos, promover y proteger los valores y principios que nutren las convenciones que nuestro país ha convalidado y aportar positivamente a las instituciones de la democracia.

Como organismos de control, hacemos control de vigencia de derechos. Y como casi nunca -en ningún lugar del mundo- tal vigencia es plena y total, ese control nos hace fatalmente críticos, puesto que trabajamos sobre las patologías del sistema, sobre lo que no funciona o lo que se incumple, advirtiendo sobre los daños por reparar o los riesgos por prevenir, diagnosticando situaciones y recomendando medidas.

Ni oficialistas ni opositoras, las defensorías del pueblo han sido paridas por la democracia y están para cuidarla, mejorarla y defenderla desde adentro del sistema estatal. Cuando no hubo democracia, la defensa de los intereses populares y nacionales recorrió otros caminos, esa memoria nos acompaña y nos compromete con las generaciones futuras

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