Otra víctima del modelo K: el Banco Ciudad

Otra víctima del modelo K: el Banco Ciudad


El Banco de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los dos únicos bancos provinciales enteramente estatales que sobrevivieron a la hiperinflación del ’89, la debacle económica del 2001 y la ola privatizadora que devoró a la banca pública entre 1995 y 2005. De los 24 bancos públicos provinciales que existían hace dos décadas, hoy sólo quedan dos en pie como entidades estatales: el Banco Provincia de Buenos Aires y el Ciudad.

Si bien el Banco de la Ciudad superó todo tipo de calamidades económicas en el pasado, es probable que ahora no resista la ferocidad política del kirchnerismo.

En su afán por atacar al jefe de gobierno del único distrito del país que tiene autonomía económica (la Ciudad aporta el 25% de los fondos de la coparticipación federal y recibe tan sólo el 1,2%), el gobierno nacional decidió sacarle al Banco Ciudad los depósitos judiciales que administra y transferirlos al Banco Nación. Estos fondos ascienden a $7.000 millones y equivalen a un tercio de sus activos.

Hoy, el Frente para la Victoria en el Senado se apresta a convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado por Diputados. Personalmente no creo que esta embestida perjudique demasiado a Mauricio Macri, ya que los efectos de la ley se sentirán dentro de tres o cuatro años; pero sí estoy segura que será un golpe de gracia de durísimas consecuencias para el Banco Ciudad y para lo poco que queda de banca pública en nuestro país.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, golpe de gracia significa “golpe con que se remata a alguien” o “revés que completa la desgracia o ruina de alguien”. Esto fue lo que advirtieron las autoridades del Banco Ciudad y los representantes sindicales durante los debates en comisión. Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario, señaló que unas 1.000 personas, un tercio de los puestos de trabajo, corren riesgo de perder sus empleos. Otro delegado dijo que el debilitamiento del Banco abrirá las puertas a su eventual privatización, como ocurrió en el resto del país.

El FPV sabe muy bien de qué e trata, ya que Néstor Kirchner fue uno de los gobernadores pioneros en la privatización de la banca pública, al vender en 1996 el Banco de Santa Cruz al grupo Eskenazi que también adquirió los bancos de San Juan, Entre Ríos y Santa Fe. Otro aliado de Kirchner, el banquero Jorge Brito, dueño del Banco Macro, lideró la ola privatizadora adquiriendo los bancos de Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán. El doble discurso kirchnerista en esta materia es tan desembozado, que hasta Raúl Moneta, el empresario menemista que compró el Banco de Mendoza y presidió el poderoso CEI, el holding financiero que llegó a controlar la mayoría de los canales de televisión para impulsar la rerelección de Carlos Menem, hoy es un allegado a la Casa Rosada.

Despojar al Banco Ciudad de los fondos judiciales es claramente un acto de agresión y discriminación contra la Ciudad de Buenos Aires y los porteños. En todo el país, los fondos de la justicia federal son depositados en el Banco Nación y los de la justicia ordinaria, en los bancos provinciales que actúan como agentes financieros de su provincia. El Ciudad sería el único banco provincial privado de estos fondos, que son vitales para cumplir con su rol de banco de fomento de largo plazo.

La estabilidad de los depósitos judiciales, entre otras cosas, es lo que permitió al Banco Ciudad liderar el segmento de créditos hipotecarios, destinando a ellos el 17% de su cartera, contra sólo 7% del Banco Nación. También se destaca por los préstamos a la producción, 57% de sus activos contra 27% del Nación.

El principal argumento oficial para convalidar esta confiscación es “brindar a través del BN una distribución mas federal de esos depósitos”. Pero si vemos cómo está compuesta su cartera de préstamos, comprobamos que el BN hoy es un banco “unitario” que utiliza el 46% de sus activos a financiar al gobierno nacional a través préstamos y compra de títulos públicos. Entre sus principales clientes figuran Lázaro Báez con un crédito de $235 millones, Cristóbal López con $214 millones y Electroingeniería con $116 millones.

En estos casos, el Nación violó su propia carta orgánica, que le impide prestar más de $115 millones a un mismo cliente. Es que más allá de la retórica vacía en defensa de lo público y en contra de los monopolios, a estas alturas queda claro que la concentración del poder, el dinero y los negocios en una sola mano es el único sello real del improductivo modelo k.

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