En el marco de la investigación sobre presuntas presiones de la llamada “mesa judicial” del Gobierno de Cambiemos a jueces de distintos fueros, el fiscal federal Franco Picardi, solicitó este miércoles los registros sobre los ingresos y egresos de la Casa Rosada y de la Quinta de Olivos durante 2018.
La información fue requerida a la Jefatura de Gabinete y busca reconstruir posibles ilícitos en el marco de la causa que tramita en el juzgado de la magistrada María Eugenia Capuchetti.
Los registros permitirían determinar los movimientos de entrada y salida de funcionarios judiciales en la Casa de Gobierno y en la quinta presidencial, además de dilucidar con quiénes se reunían.
La causa fue iniciada por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, Martín Soria y Eduardo Valdés, e incluyó testimonios de jueces que denunciaron presiones del Gobierno durante la gestión de Mauricio Macri.
En este marco, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, aseguró que en 2015 recibió la visita del subsecretario de Justicia de Macri, Juan Bautista Mahiques, quien le habría reclamado que apurara un fallo judicial vinculado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso nacional.
También están imputados en la causa el expresidente, su ex jefe de asesores José Torello, el exministro de Justicia, Germán Garavano, al ex secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, el abogado Fabián Rodríguez Simón, el último Procurador del Tesoro del anterior Gobierno, Bernardo Saravia Frías, el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, el expresidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.
Triaca quedó imputado luego de que el juez Luis Raffaghelli declarara como testigo que en marzo de 2016 ese funcionario visitó la Cámara Laboral junto a colaboradores y plantearon “la necesidad de consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica”, lo que fue entendido como un intento injerencia indebida.