“Justicia, pluralidad y autonomía”. Las propuestas de los integrantes de la lista peronista que se postularon para la elección de nuevos consejeros de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, convocada para este miércoles 6 de abril, llevaban este título. Quien la encabezaba y quien finalmente ganó con 58 sufragios, Darío Reynoso, ratificó estas tres ideas como ordenadoras de la gestión que realizará.
“Uno de nuestros principales objetivos es lograr la reforma de la Ley 31, que redujo sensiblemente las mayorías necesarias para acusar magistrados frente al jury de enjuiciamiento. Vemos la necesidad de que esta mayoría vuelva a ser de siete y no de cinco votos”, explicó Reynoso a Noticias Urbanas y citó el caso del juez Sergio Delgado quien fue acusado, en 2015, de “fallar según su propio criterio” y “no seguir la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia”.
Calificó este hecho como un intento “grave” de “avasallar la independencia judicial, lo cual generó preocupación de muchísimos magistrados de diferencias instancias”, subrayó.
También queremos “encarar la representación judicial de una manera diferente”, dijo: “Muchas veces hay desconexión entre los jueces en ejercicio y sus representantes en el Consejo. Por eso, vamos a trabajar para que haya un mayor feedback. Las idea es mejorar los procesos participativos e integradores, coordinando las distintas necesidades”.
Durante la charla, Reynoso hizo hincapié en la cuestión salarial. Actualmente los jueces de la Ciudad están ganando entre un 20 y 30 porciento menos que en Nación. “Estamos desfasados. No sólo tenemos que recuperar los salarios sino que también debemos volver a tener la brecha del 20 por ciento superior a los sueldos de Nación porque tenemos mayor carga horaria y porque además, esa diferencia constituía un incentivo para que la justicia ordinaria de Nación se trasladara al fuero porteño”, sostuvo.
Sobre ese tema también se explayó: “Desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad nos comprometemos a tener una participación institucional activa en la transferencia de la justicia ordinaria al fuero porteño. La justicia ordinaria debe ser local pero siempre hubo trabas legales y políticas en el camino a su concreción. Ese traspaso, además de ser una necesidad fáctica y urgente, es constitucional”. En este sentido puso como ejemplo los casos de juicios de medianería o de daños y perjuicios entre vecinos de la ciudad que actualmente están siendo resueltos por un juez nacional.
“Además necesitamos que nuestra participación institucional en este tema sea clara para que no devenga en una mera negociación política”.