Removieron al fiscal Castro por «ensañamiento contra las mujeres»

Removieron al fiscal Castro por «ensañamiento contra las mujeres»

El Tribunal de Enjuiciamiento consideró probados "numerosos hechos de suma gravedad".


El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) resolvió por unanimidad la remoción del ex fiscal Julio César Castro, acusado de ser responsable de una serie de episodios de acoso y abuso sexual y maltrato laboral a sus empleados y empleadas, por «mal desempeño del cargo» y por «no haber obrado con buena conducta».

El tribunal consideró que el magistrado, quien ya había sido condenado a seis años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de su expareja, es responsable de «numerosos hechos de suma gravedad y repetidos a lo largo del tiempo».

El «jury» también tuvo por acreditado que Castro, exjefe de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales, incurrió en «maltrato laboral» y en «comportamientos inadecuados» y hechos de «violencia de género» dentro y fuera de su ámbito como representante del MPF ante tribunales orales en lo criminal.

La sentencia, dada a conocer en una audiencia virtual, destacó la «cuantía y gravedad» de los hechos atribuidos a Castro «y la cantidad de tiempo en que los llevó a cabo».

Los hechos, que afectaron la carrera profesional y la integridad personal de nueve trabajadoras y dos trabajadores judiciales, fueron encuadrados en tres tipos de delitos: acoso laboral, acoso sexual y acoso sexual ambiental, que la acusación describió como “un comportamiento de índole sexual que agobia a la persona que trabaja” y que “enrarece o intoxica el ambiente laboral”. Al momento de juzgarlos, el Tribunal consideró que los mismos concentran cinco formas de violencia de género: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, y simbólica.

La defensa se había quejado porque se le imputaban episodios ocurridos hace un cuarto de siglo, a la vez que negó tener responsabilidad alguna.

El jurado, en cambio, evaluó que Castro, quien por estos hechos fue condenado en noviembre de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 a seis años y seis meses de prisión (cuya apelación debe resolver la Cámara Nacional de Casación Penal), no mostró arrepentimiento ni presentó sus disculpas a las víctimas.

La fiscal Indiana Garzón, a cargo de la acusación junto al fiscal Federico Reynares Solari, consideró el veredicto como “una bisagra” en el ámbito judicial “para la comprensión de lo que significa la violencia laboral y sexual”, señaló a este diario al finalizar la audiencia.

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