Provincia investigó con perspectiva de género delitos relacionados a drogas

Provincia investigó con perspectiva de género delitos relacionados a drogas

Los ministros Estela Díaz y Julio Alak trabajan en herramientas para dejar de revictimizar a mujeres y disidencias en casos de narcotráfico.


El 28 de marzo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, junto a su par de la cartera de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, presentaron la nueva Guía para la Investigación y el Juzgamiento con Perspectiva de Género en materia de drogas.

Según el informe, las infracciones de la Ley de Estupefaciente Nº 23.737 representan actualmente la tercera causa de encarcelamiento en la Provincia de Buenos Aires y, en particular, son la principal razón respecto de mujeres cisgénero, mujeres trans y travestis. En base a datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, estos delitos explican la detención del 40% de las mujeres cis y del 72% de las mujeres trans y travestis, mientras que en los varones asciende al 11%.

El trabajo especifica que esta situación en territorio bonaerense se replica a nivel nacional y que, por tanto, merecería un análisis contextualizado, desde una perspectiva de género.

En el acto de presentación, Alak indicó que “esta guía introduce la perspectiva de género a los procesos judiciales por delitos relacionados con el narcotráfico, con el propósito de realizar un análisis contextualizado de los casos en los que pueden encontrarse involucradas mujeres cis, mujeres trans y travestis”.

En concordancia, la ministra Díaz expresó que “el camino es ir desandando este andamiaje patriarcal sobre la mirada de la intervención del Poder Judicial. Estos aportes los trabajamos en conjunto desde el Poder Ejecutivo y Judicial. La tarea que tenemos por delante es el acceso a la Justicia con perspectiva de género, que forma parte de la agenda que se está construyendo”.

La guía se presentó como una herramienta para lograr mayor eficiencia e impacto en las investigaciones criminales, bajo la premisa de que desarticular los mercados de drogas ilegalizadas sólo será posible en tanto se avance contra los eslabones menos visibles y más encumbrados de la cadena delictiva.

Esta guía también promueve la articulación entre las distintas agencias del Estado en la búsqueda de un abordaje integral e interseccional de las conflictividades asociadas a las drogas ilegalizadas.

Para elaborar este material se contó con la colaboración del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires; el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la Nación.

 

Estándares normativos

Tal como reza el escrito, en diferentes informes e instrumentos que forman parte del sistema internacional de derechos humanos, se plantea la necesidad de que los Estados adopten medidas eficientes con perspectiva de género para abordar el impacto diferenciado de las políticas de drogas sobre las mujeres y otros colectivos particularmente expuestos a situaciones de sometimiento.

En este marco, se ha señalado que las consecuencias desproporcionadas del encarcelamiento sobre estas poblaciones obligan a que se hagan esfuerzos adicionales por encontrar alternativas en todas las etapas de los procedimientos de justicia penal.

El abordaje jurídico de estos casos no puede anclarse, entonces, en respuestas automáticas o aparentemente neutrales, que invisibilicen las violencias por razones de género que sufren las mujeres cis, mujeres trans y travestis en una estructura social que sostiene y reproduce un modelo masculino como base del sistema normativo y de las prácticas judiciales.

La omisión de este análisis, que toma en cuenta la experiencia de estos sectores sociales, puede tener también efectos discriminatorios.

La perspectiva de género puede ayudar a la identificación de prejuicios o estereotipos de género en la actuación institucional, que afectan al principio de igualdad y no discriminación y que, a su vez, comprometen el deber de imparcialidad judicial.

 

Perspectiva de género en los procesos judiciales

Muchas investigaciones suelen estar atravesadas por prejuicios preexistentes de las personas que operan el sistema penal, asociados a la discriminación contra las mujeres cis, las mujeres trans y las travestis u otros grupos sociales, que los llevan a descreer del relato de quienes resultan víctimas de estos delitos o a no considerar los contextos e intersecciones que operan en sus historias de vida. De esta manera, la poca credibilidad con la que se evalúa el testimonio de este colectivo recae es estigmatizaciones que lxs alejan de recibir justicia.

Según argumentan los autores de la guía, esto resulta también “particularmente evidente en la construcción de imputaciones contra mujeres cis que, con base en el estereotipo de mujer madre y ama de casa, reduciendo sus roles al ámbito de la domesticidad, las sitúan como personas omnicomprensivas y omnipresentes respecto de todos los delitos que pudieran cometerse dentro del domicilio familiar (inclusive, llevados a cabo por sus parejas o hijxs) o así se le exigen comportamientos reforzados de sacrificio para el cuidado y atención de las personas que tuvieran a cargo”.

Particularmente, en materia de drogas la participación de mujeres cis en hechos menores relacionados con el narcotráfico se ha convertido en una de las principales causas de criminalización femenina en los países de América Latina.

El análisis de las características que poseen las mujeres cis detenidas en Latinoamérica por estos delitos demuestra que suelen responder a perfiles de alta vulnerabilidad y marginalidad, al vivir en condiciones extremas de exclusión social. “Son jóvenes, pobres, con bajos niveles de alfabetización, madres solteras y responsables por el cuidado de sus hijos y de otros miembros de su familia o comunidad afectiva”, explica la guía.

Es que el poder de maniobra y libertad de elección en casos de narcotráfico son ínfimos en el caso de mujeres cis y trans, especialmente de sectores marginales de la sociedad. Culpabilizarlas como principales autoras de un delito complejo como el narcotráfico es, entonces, revictimizarlas.

 

Imputaciones por vínculo sexo-afectivo o por compartir vivienda

Muchas mujeres cis y trans quedan incriminadas en causas ligadas a las drogas por convivir con el narcotraficante, o por verse directamente involucradas por el contexto en el que se desarrolla su día a día.

Es preciso entonces, que al juzgar estas situaciones, sean considerados los roles de género y la diferencia de poder entre las mujeres y hombres dentro del ámbito familiar y conyugal.

Usualmente, “el hallazgo de drogas ilegalizadas luego de un allanamiento en el domicilio de las personas investigadas requiere que también se realice un escrutinio judicial para determinar si quienes se encontraban en este domicilio formaban parte de las maniobras delictivas y, en su caso, si amerita efectivizar una medida de coerción”.

“En esta clase de escenarios, la participación de las mujeres cis, trans o travestis puede estar atravesada por relaciones de poder y, en consecuencia, estaría distorsionada la relación de dominio sobre las sustancias secuestradas en el allanamiento, dando lugar a una interpretación judicial parcial de las prácticas delictivas objeto de la investigación”, se explica en el trabajo.

Contemplar las desventajas y desigualdades con las que mujeres cis y trans se convierten en víctimas de un sistema que les quita poder de decisión es indispensable para el Poder Judicial. De lo contrario, las víctimas de las injusticias terminan siendo doblemente víctimas a causa de una Justicia que debiera procurar lo contrario.

Esta guía, de todos modos, no infiere inimputablididad a mujeres y disidencias, pero brinda herramientas para un abordaje más amplio y más justo.

Lea la guía completa aquí.

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