¿Por qué el Gobierno porteño le cede su poder a la Justicia?

¿Por qué el Gobierno porteño le cede su poder a la Justicia?

Por Horacio Ríos

Si la política debe resolver los problemas de la sociedad, ¿por qué se entrega la decisión al Poder Judicial?


La política tiene a veces estas paradojas ¿Se puede hacer política no haciéndola? ¿Se puede mantener la actividad económica, social y profesional en los niveles “normales” cuando arrecia la segunda ola de la pandemia de Covid-19, que hasta el domingo 18 de abril había atacado a 2.694.014 argentinos?

El Decreto de Necesidad y Urgencia N°241/2021 que firmó el viernes último el presidente de la Nación dispensó de la obligación de asistir a clases a los escolares de todas las jurisdicciones en las que el volumen de los ocupantes de las Unidades de Terapia Intensiva hayan generado “stress” en el sistema. Es decir, que estén a punto de colapsarlo y a punto de transferir a los médicos la potestad (y el calvario) de decidir a priori quién ocupa una cama UTI y vive, o quién tiene menos posibilidades de supervivencia y por eso será condenado a no ocupar el respirador que podría salvarle la vida.

Así de cruda es la realidad cuando la pandemia se vuelve masiva.

Es paradójica la situación, porque algunos referentes de la oposición se muestran por estos días proclives a buscar sus objetivos al todo o nada, que es la negación absoluta de la política. ¿Ya no rige la máxima de que, para que haya un acuerdo es necesario que ninguno de los que negocia una solución al diferendo quede conforme? ¿Hacer política es destruir al oponente?

El tema de la presencialidad en el dictado de clases es apenas el árbol que impide divisar el bosque. En realidad, a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño, no le suma ni le resta el hecho de obligar a sus alumnos a que asistan a clase. Su objetivo político es la diferenciación del Gobierno nacional, del cual algunos de sus aliados lo veían al principio del impacto de la pandemia, demasiado cerca.

Oponerse a todo es su manera de sostener la batalla en un año electoral. Por eso, si el presidente dice que hay que cerrar, Rodríguez Larreta dirá que hay que abrir.  Es aleatorio el dato de los viajes en transporte público que entrega el resumen de la SUBE, que pareciera haber entrado en la categoría de dato estratégico sin merecerlo en lo más mínimo.

El otro tema de estos días es la paradoja. ¿Se puede hacer política mientras se ejerce el Poder Ejecutivo y  entregarle las decisiones más importantes al Poder Judicial? ¿Tiene esto algún sentido? ¿Por qué un gobernante renuncia a ejercer su poder y se lo transfiere a los jueces? ¿La política se volvió altruista y le cede sus potestades a otros poderes? ¿Perdieron los gobernantes la ambición?

Esta judicialización de la política sumerge a la propia política en una crisis permanente. El viernes pasado el líder del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se aprestaba a solicitar el juicio político del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta por aceptar la suspensión de la presencialidad por 15 días.

Al mismo tiempo, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, anunciaba que iba a presentar un amparo por todas las restricciones que contiene el Decreto N° 241/2021. Dos contrasentidos evidentes de una manera de hacer política que niega su naturaleza esencial.

Pareciera que el escándalo y la indignación arrebatada ante un supuesto atropello del Gobierno superaran a la razón y a la lógica política y las declaraciones grandilocuentes prevalecieran por sobre el análisis de la realidad.

Dos datos de esta loca realidad. El primero, es que al 14 de abril –el miércoles pasado-, la tasa de incidencia acumulada en nuestro país era de 5.736 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de letalidad era del 2,2 por ciento. Al mismo tiempo, la tasa de mortalidad alcanzó los 1.287 muertos por cada millón de habitantes. Estas cifras muestran una crisis cercana en el tiempo, si este ritmo se mantuviera. Y nada hace pensar que estuviera por disminuir.

El otro dato es que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, conformada por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Pirugini y Nieves Macchiavelli decidió, ante una presentación de organizaciones docentes contra el DNU del Gobierno nacional, «hacer lugar a la queja interpuesta y en consecuencia admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo tercero, del DNU y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires».

Lo colorido del caso invita a profundizar en la cuestión y aquí aparece una novedad. La jueza Nieves Macchiavelli es la hermana de Eduardo Macchiavelli, exministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno porteño y actual secretario de Ambiente. Pero además, éste es el secretario general del Pro nacional, en representación de Rodríguez Larreta, de quien fue jefe de campaña en las dos ocasiones en que éste se postuló –exitosamente- para la Jefatura de Gobierno porteña.

Ante la recusación contra esta jueza, que presentaron los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández, los otros dos jueces del tribunal, López Alfonsín y Perugini, la rechazaron por considerar que «no existe la mentada conexidad, razón por la cual no se vislumbra una vinculación entre los mencionados expedientes que le otorguen legitimación a los presentantes en esta causa».

Lo paradójico del caso es que la Cámara de la que forma parte la señora Macchiavelli no tiene competencia para fallar sobre las medidas que decide el Gobierno federal. Lo suyo fue casi un “fallo delivery”, a la medida del Gobierno porteño, decidido un domingo a la noche en el “primetime”. Un paradigma de instalación mediática.

Por esta razón, finalmente, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tomará la decisión final sobre la validez del DNU N° 241/2021.

La paradoja final es que desprestigiar a la política es un mal camino, porque así la crisis sería tan grande que se llevaría puestos aún a quienes cuestionaron las medidas tomadas en estos días.

Te puede interesar

Qué se dice del tema...