“Aprovechando esta oportunidad me pareció más que interesante proponer dar un paso importante en afianzar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el estatus de provincia que tenemos (…) para otorgarle al TSJ las competencias que le corresponden por sobre la Justicia nacional de la Ciudad. A raíz del Fallo Levinas, con el precedente del fallo Bazán de la Corte Suprema, para que lo plasmemos en el texto de la norma y tengamos en claro las competencias que le corresponden al TSJ”, propuso el legislador de Confianza Pública dentro del bloque de Vamos Juntos, Gastón Blanchetiere.
El pedido se realizó el viernes durante una reunión de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña.
En la reunión, Blanchetiere anunció que se iba a introducir un nuevo artículo para “otorgarle al Tribunal Superior de Justicia las competencias que le corresponden”.
Tal como lo planteó el legislador, su idea era incorporar la modificación al texto con la supuesta intención de aclarar los mecanismos.
La idea era incorporar en la iniciativa de firmas digitales una modificación de las competencias judiciales para que el Máximo Tribunal de la Ciudad pueda revisar fallos de la Justicia federal nacional, algo que intentó hace algunas semanas la familia Macri en la causa Correo Argentino y fue desestimado.
En la causa del Correo, la familia Macri hizo un pedido para que se aparte de la investigación a la fiscal Gabriela Boquín y la jueza Marta Cirulli se lo rechazó, al igual que la Sala B de la Cámara Comercial. Ante eso, el grupo de la familia del expresidente fue a plantear la inconstitucionalidad al TSJ, una instancia superior pero de la Justicia porteña, es decir, por afuera del esquema federal.
La Corte Suprema tomó intervención en el caso y le pidió una opinión al procurador general Eduardo Casal, que en base a un antecedente fue determinante: “El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”.
Luego de la propuesta del legislador de Vamos Juntos, el presidente de la Comisión le cedió la palabra a la opositora Claudia Neira (Frente de Todos), que adelantó que iban a acompañar el proyecto original pero que por la idea planteada por Blanchetiere habían cambiado de postura. “Entiendo que en asesores ya se había discutido esa incorporación y se había desestimado porque no tiene nada que ver con el proyecto original. Debería ser motivo de un debate que vaya por otra vía y no por esta que no tiene nada que ver”, se quejó.
Los legisladores del Frente de Todos salieron fuerte a cuestionar esta movida de los diputados porteños del oficialismo. Claudia Neira y Lucía Cámpora dialogaron con Télam y señalaron: “En un proyecto que era para institucionalizar las audiencias y las notificaciones virtuales, incorporaron de manera sorpresiva la posibilidad de que se recurra ante el Tribunal Superior de Justicia (de la CABA) por fallos de la Justicia nacional”.
Claudia Neira advirtió que el oficialismo porteño cambió de manera “irregular” el debate sobre un tema complejo.
Y tras advertir sobre esa modificación, profundizó: “Es meter por la ventana un tema que no tenía nada que ver con el proyecto que se estaba discutiendo y que, además, es una cuestión sumamente compleja, que ni siquiera corresponde a la Legislatura resolver por su cuenta”.
“Intentan institucionalizar un mecanismo para que las causas terminen en los tribunales amigos del oficialismo de la Ciudad; sabemos cómo se compone el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, tiene hasta funcionarios del gobierno de Mauricio Macri”, denunció Cámpora.
Neira, en el mismo sentido, advirtió que el oficialismo porteño de Vamos Juntos cambió de manera “irregular” el debate sobre un tema complejo, que implica una discusión más amplia sobre la transferencia de competencias de la Justicia y sobre cómo avanzar hacia la autonomía de la Ciudad, “con la que obviamente estamos de acuerdo, pero no de esta manera, sin un tratamiento previo y sin análisis”, remarcó la legisladora.
Al tener ya dictamen, el proyecto de ley impulsado por Vamos Juntos podría votarse el 30 de septiembre, en la próxima sesión de la Legislatura, donde el bloque oficialista que responde a Rodríguez Larreta, a partir del acompañamiento de bancadas aliadas, como UCR-Evolución, Partido Socialista y el GEN, tiene mayoría.
Sin embargo, para la diputada Neira, la acción del oficialismo es “para la tribuna” ya que, de prosperar, “traerá planteos de inconstitucionalidad” y generará conflictos entre jurisdicciones.