La Cámara Federal porteña decidió este jueves anular la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de aceptar como querellante en la causa que investiga el ataque al Congreso cuando se analizaba en la Cámara de Diputados el acuerdo entre el Gobierno y el FMI. a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Según el fallo al que accedió Infobae, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que Capuchetti no explicó en su decisión si había otorgado el rol de querellante al Senado, a la Presidencia del Senado o la propia Cristina Kirchner en lo personal. Tampoco precisó, dijo la Cámara, qué normas o decisiones le daban representación a Cristina Kirchner a la presidencia del Senado.
El 21 de marzo, once días después de las pedradas al edificio del Congreso, Graciana Peñafort, en carácter de Directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado de la Nación, se presento en el juzgado de Capuchetti para pedir ser querellante.
En el escrito se detalló que el 10 de marzo, se había registrado “un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del H. Senado de la Nación en el que, en aquel momento, se encontraban tanto la actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner, la Senadora Anabel Fernández Sagasti, el Senador Oscar Parrilli y el Diputado Máximo Kirchner entre otros colaboradores”.
Horas después, la jueza Capuchetti aceptó a Cristina Kichner, pero la defensa de los detenidos se opusieron a esa decisión y la apelaron a la Cámara Federal.
En ese contexto, la Cámara Federal anulo la decisión de Capuchetti. La Sala II hizo notar que en la disposición de la Presidenta del Senado y en el poder especial otorgado para asumir el rol de querellante se invocó actuar en representación del Senado de la Nación, mientras que en el pedido concreto para asumir esa posición de acusador privado, la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado invocó actuar en representación de la “Presidencia del Senado de la Nación”.
Una de las defensas apeló y “esbozó un cuestionamiento a la potestad de la poderdante –la Presidenta del Senado del Congreso de la Nación- para asumir el rol en los términos en que lo pidió y obtuvo. Entre otros agravios, dijo: “Respecto de los bienes de uso público afectados, estos serían, indudablemente, propiedad del Congreso de la Nación o más precisamente del Poder Legislativo Nacional no del Senado y, menos aún, de la Presidencia de la Cámara”.
La jueza Capuchetti investiga los delitos de “intimidación pública” y “daño agravado, ya tomó seis indagatorias y tiene en la mira a otro grupo de personas como los responsables de las piedras y las pinturas que se tiraron contra la sede del Congreso Nacional. Los daños fueron calculados por la dirección de Manteniemiento del Senado en 6.2 millones de pesos, que se dividen: reposición y colocación de vidrios ($2 millones), intervención en textiles ($1.500.000) y solados carpintería y revestimientos de madera ($2.700.000). De cualquier manera, se aclaró, el número seguirá subiendo ya que al ser un edificio histórico hay elementos como las tulipas rotas que hay que volver a hacerlas de manera artesanal.
Por su parte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también hizo su cuenta por lo ocurrido en los alrededores: el número roza los 20 millones de pesos. Según surge de la documentación, el Gobierno de la Ciudad habló de un total de daños de higiene urbana que asciende a $7.500.000, más un gasto total del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana por el accionar desplegado que se estima en $11.900.000.