El infierno pareciera haber se desatado sobre el Pueblo argentino. Los costos que debe pagar cualquier ciudadano por los productos de consumo diario desnudan tantas capas de desatinos y especulación financiera, que las soluciones a los precios excesivos y a las ganancias usurarias están ya fuera de la vista de los comunes, es decir, de los argentinos de a pie.
La inflación que azota a todos los sectores se armoniza de manera casi perfecta con su contrapartida salarial. Los salarios cayeron tanto que las cifras son absolutamente incongruentes. Hace bastantes años que no se veía a trabajadores tan empobrecidos, porque no existen los sectores sociales pobres, sino los empobrecidos. Lo que les falta a unos es porque se lo apropian otros.
Existen muchos mecanismos que se han implementado para que la batalla por la Justicia Social sea tan desigual. Pero es necesario poner la lupa en esta ocasión en uno de los principales y más injustos (paradójicamente).
La Justicia otorgó en seis rubros de la actividad comercial (aunque hay más), una serie de cautelares que les permitieron a algunos sectores empresariales eludir al poder político del Estado para regular los precios de la economía.
Los principales rubros que cuentan con la complicidad judicial para enriquecerse sin medida son los servicios de Internet; las empresas de medicina prepaga; el acceso al dólar oficial para importaciones; los peajes de las autopistas; los aceites y las carnes.
Cables sin control
El 22 de agosto de 2020, el Poder Ejecutivo estableció por medio del Decreto 690/20, que las empresas prestadores de televisión por cable, telefonía celular e Internet se convertían en “servicios públicos esenciales”.
Una pequeña empresa de televisión por cable presentó en abril de 2020 un amparo ante el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, que luego de darle curso aceptó también como querellante a la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), por lo que todas las empresas asociadas a esa entidad se incorporaron a la cautelar que había pedido en primera instancia la empresa Catrie Televisora Color.
Unos meses antes, en febrero, el mismo sensible juzgado cordobés había concedido otra cautelar, que había sido solicitada por la empresa TV Cable Color SA.
El juzgado le ordenó “al Estado Nacional que suspenda la aplicación y ejecución del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020, como así también de toda norma que se haya dictado como consecuencia y fundamento de aquel, debiendo el Poder Ejecutivo Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichas normas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos, con respecto a todas las empresas que conforman la clase certificada en este proceso”.
¿Porqué nació este conflicto?: es muy sencillo. Los servicios públicos esenciales están regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que limita los aumentos tarifarios y establece una prestación básica a las empresas. Si las empresas eluden la calificación de esenciales, quedan afuera del radar. Por ejemplo, en enero de 2021, las empresas facturaron aumentos del 20 por ciento, cuando el Enacom había autorizado sólo un cinco por ciento.
Las cautelares rigen hasta que el tribunal falla sobre la cuestión de fondo. Como en Argentina los jueces son muy estudiosos, desde enero de 2021 se encuentran abocados a la especulación intelectual sobre la jurisprudencia y aún no existe ningún tribunal que se haya expedido. Inclusive, hace poco la Corte Suprema prorrogó por seis meses la cautelar. Mientras tanto, el tiempo pasa y las arcas de las empresas engordan a costa de los bolsillos de sus clientes.
La medicina prepaga, cada vez más cara
El 14 de junio de 2021, el titular del Juzgado Contencioso Admnistrativo N° 9, Pablo Cayssials autorizó a las empresas de medicina prepaga Swiss Medical, OMINT, OSDE, GALENO, APRES S.A., Medicina Esencial, MET Córdoba, Medicus, MEDIFE, Círculo Médico de Lomas de Zamora, Hospital Italiano, IMA, C.E.M.I.C., ACA Salud y Mutual Federada 25 de junio a aumentar sus cuotas en un 9,77 por ciento, tras el pedido de amparo que realizaron ante ese tribunal.
El sector privado de la medicina ya había aumentado en 2021 un 14 por ciento, que se sumaba al 10 por ciento que había incrementado sus cuotas en 2020. De todos modos, la intención de los empresarios era completar el año con una recomposición del 32 por ciento, algo que finalmente consiguieron con creces, ya que llegaron al 47,7 por ciento. En esos momentos, un plan familiar medio oscilaba entre $15.000 y $20.000 mensuales.
Desde entonces hasta el día de la publicación de estas páginas, los costos no dejaron de aumentar. En lo que va de 2022, las cuotas se dispararon. Hasta el mes de octubre, habían llegado a un aumento del 87,9 por ciento. Y si estos incrementos no los hubiera autorizado la Superintendencia de Seguros de Salud, allí hubiera estado la Justicia para compensar a los esforzados empresarios, como ya lo hizo otras veces.
Verde dólar, roja sangría
A partir de las restricciones a las importaciones que impuso el Banco Central, urgido para mantener sus escasas reservas, los importadores desataron un festival de amparos, que les fueron otorgando una larga serie de jueces complacientes.
En agosto de 2021, la deuda de los importadores con sus proveedores externos llegaba a unos 9.500 millones de dólares. De esta deuda, el 50 por ciento eran empresas de autopartes y otro 25 por ciento les correspondía a las armadurías de Tierra del Fuego.
Ante las dificultades, se triplicó la cantidad de empresas que se volcaron al mercado del “contado con liqui” (CCL), que es una mezcla de dólares paralelos, pero legalizados en el muchas veces oscuro mercado bursátil. El mercado del CCL creció a partir de un fallo de la Corte Suprema, que le otorgó “legalidad” a esa ilegalidad, para el caso de que fuera imposible para los empresarios acceder a los dólares que vende el Banco Central a precio oficial a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De manera insólita, los jueces dejaron de avalar al tipo de cambio oficial –el precio que fija el Banco Central- en la conversión de pesos a dólares. Esto, bajo el argumento de que existe inequidad ante los proveedores.
Entonces, regresaron las cautelares. De esta manera, los jueces autorizaron operaciones por el dólar del Mercado Electrónico de Pagos (MEP) o dólar bolsa, que es el que se utiliza para comerciar con títulos públicos.
Es necesario puntualizar que en medio de estas operaciones, algunas empresas se endeudan con sus casas matrices y pagan, muchas veces, con sobreprecios. Peor aún es cuando un ganadero exporta un toro Aberdeen Angus a Uruguay y declara un valor de $310.000 en la aduana, cuando en realidad alguien pagó $1.800.000 por el ejemplar. Ni hablar de las empresas que sobrefacturan o subfacturan, que le generan grandes perjuicios a la recaudación fiscal.
El caso es que la Justicia sobreactúa a veces el derecho, otorgando a algunos sectores de gran poder económico, privilegios extraordinarios, que les permiten incrementar su poderío, en detrimento del Estado.
Rutas gravosas
En 2018, el gobierno de Mauricio Macri les reconoció por medio de los decretos 607/18 y 608/18 a las empresas Autopistas del Sol-Sociedad Anónima (AUSol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) una deuda por 800 millones de dólares. Además les dolarizó las tarifas y extendió los contratos por 10 años. Si el Estado no hubiera intervenido, el valor actual del peaje sería de $1.830.
Según el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, “los contratos establecían una dolarización de las tarifas y una deuda injustificada, que pretendían que la gente todos los días la pague en el peaje. Solicitamos también una medida cautelar que restituya la administración del Acceso Norte al Estado”, adelantó el funcionario.
A continuación, Katopodis destacó que “en cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario, pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual”, a la empresa concesionaria.
El pedido de reestatización de ambas autopistas fue realizado el 15 de septiembre último, después de realizar un exhaustivo análisis de la dudosa operación, en la que estuvo involucrada la familia del expresidente, que era propietaria de Autopistas del Sol, vendida en 2018 al holding conformado por ACS, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y Atlantia, de la familia Benetton. La operación se concretó por 19 mil millones de dólares. Se entiende, entonces, la desmesurada generosidad del Estado argentino para con los magnates europeos.
La causa recayó en el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Nacional N° 6, que todavía no decidió ninguna medida.
Por supuesto, las empresas ya anunciaron que se disponen a presentar el amparo correspondiente, con la esperanza de ser escuchados, como ocurre habitualmente, por los condescendientes jueces “amigos”.
Para muestra bastan estos cuatro botones, pero hay más. Los productores de carne a los que se les fijó un cupo de exportaciones para no desabastecer al vapuleado mercado interno, también recurrieron a las populares cautelares y les fueron concedidas. De esta manera, los precios de la carne suben cada vez más ante la escasez, dado que se exportan grandes volúmenes. El mercado chino, aunque está disminuyendo sus compras, es de todos modos, gigantesco.
Lo mismo ocurrió con las sanciones a los molineros por los sobreprecios que aplican a su mercadería. Fueron a la Justicia, que comprendió sus dolores y les otorgó los amparos solicitados y están cobrando sus productos casi a voluntad.
El ejercicio de la Justicia no tiene que ver con el significado de esa palabra en idioma castellano. La Corte Suprema de Justicia, fiel al estilo de sus cortesanos, vuelve su mirada hacia cualquier objeto, menos al de su materia. De esta manera, su influencia negativa en la vida cotidiana de los argentinos, es cada vez mayor.
