El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 8, Marcelo Colombo, se opuso este miércoles al cierre de la causa por el Memorándum con Irán, pidió a los jueces que rechacen los planteos de inexistencia de delito de las defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner, y ratificó que el caso debe llegar a juicio.
Colombo solicitó el “rechazo de las nuevas incidencias de excepción de falta de acción” y ratificó el “rechazo a la nulidad” de la reapertura de la causa, al exponer ante los jueces en una nueva jornada de la audiencia para escuchar argumentos sobre estos planteos.
El fiscal insistió en que el Ministerio Público no puede en esta instancia determinar si existió delito teniendo en cuenta que esa evaluación deberá tomarse de lo que surja del debate oral. Pero además recordó que en agosto de 2018 todas las partes ofrecieron pruebas y testigos y, tras dos años de análisis, los jueces del TOF decidieron habilitar la convocatoria de 300 testigos. “Algunos declararon en instrucción y otros 50 eran testigos nuevos. Mal podemos saber lo que esos testigos tengan para aportar”.
Según publica Infobae, ese no fue el único argumento usado por la fiscalía: también afirmó que la prueba nueva introducida al debate por las defensas sobre las alertas rojas de Interpol en parte ya estaban, en rigor, en la causa o surgían de decisiones de primera instancia en la causa residual que, para el Ministerio Público, no podían generar impacto en esta instancia de debate oral.
Al mismo tiempo, ratificó el rechazo a las nulidades solicitadas a raíz de las visitas que dos jueces de Casación hicieron al ex presidente Mauricio Macri, claves a la hora de abrir esta audiencia cuestionada por las querellas. Se trata de una decisión que deberá ser resuelta por los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini.
Si el TOF entendiera que esas visitas a Olivos y la Casa Rosada por parte de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky estaban vinculadas a la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman o violaron el principio del juez natural o imparcial, entonces -dijo el fiscal- la discusión sobre si el Memorándum fue o no delito no tendrá importancia porque implicará volver el expediente a diciembre de 2016, cuando la denuncia estaba cerrada.
No es un dato menor que el planteo sobre la inexistencia de delito podría haber hecho quedar en la nada si el fiscal hacía lugar al pedido. Fue por eso, dice Infobae, que la querella de los familiares de la AMIA, que hasta ahora no había reconocido esta audiencia como válida, decidió conectarse este miércoles al zoom del TOF e insistir en las acusaciones. Cuando al abogado Tomás Farini Duggan se le dio la palabra, el querellante aprovechó una vez para cuestionar esta audiencia e insistió en que no puede hacerse lugar a estos planteos. El abogado reclamó al Tribunal que “fije fecha de inicio al juicio”.
Pero las defensas también pidieron la palabra. E insistieron en reclamar el cierre de la causa. Hasta el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, solicitó hablar para reclamar su cierre. “Acá no necesitamos ninguna pericia: la alertas rojas están vigentes. Basta con entrar a internet. No necesitamos una pericia que diga que no hay perjuicio: no hay perjuicio. No se configuró la hipótesis acusatoria en este caso. Para nosotros es absolutamente difícil de comprender que tengamos que avanzar hacia un debate oral y público cuando las cuestiones están bien claras. El reglamento de Interpol es claro. No hay forma de que las alertas rojas pierdan su vigencia. Ni la justicia argentina pidió la baja de alertas rojas ni Interpol lo hizo. No puede haber debate porque lo que no hay en esta causa es delito”.
Los jueces terminaron de oír a todas las partes y cerraron la seguidilla de estas cinco audiencias. A partir de ahora, el TOF quedó en condiciones de definir el futuro de esta causa que tiene como protagonistas a la vicepresidenta.
Lo que se discute aquí es la causa se abrió con la denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015 cuando Cristina Kirchner aún era presidenta. Aquella denuncia fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, decisión que fue ratificada por la Cámara Federal. Cuando el caso quiso escalar a Casación, el fiscal Javier De Luca insistió en que no había juicio.
Pero un planteo de la DAIA acompañado la grabación de una conversación telefónica que había mantenido el entonces canciller Héctor Timerman con autoridades de la AMIA fue presentado como prueba nueva de ese presunto encubrimiento a los iraníes. A fines de 2016 un fallo de Casación reabrió esa denuncia.
La causa terminó en manos del juez Claudio Bonadio. Se dictaron procesamientos y detenciones bajo la acusación por “traición a la Patria”, una figura que más tarde cayó aunque quedó la hipótesis del encubrimiento agravado. En el caso se investiga “un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad- y para liberarlos de toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.
La revelación de las reuniones de los jueces Hornos y Borinsky con Mauricio Macri motorizaron los planteos de nulidad por parte de las defensas.
Fue la propia Cristina Kirchner la que abrió los pedidos en distintas audiencia que se vienen sustanciando desde mediados de julio. “Esta acusación es un disparate judicial, institucional y político”, afirmó la vicepresidenta.
La decisión del fiscal Colombo de haber habilitado esa audiencia hizo creer que la causa se derrumbaría con le impulso fiscal, pero el representante del Ministerio terminó criticado por la querella y las defensas. Colombo dijo que los encuentras de Hornos y Borinsky no alcanzaban para decretar la nulidad de toda la causa.