Olmos: «El Consejo es un organismo semiparlamentario»

Olmos: «El Consejo es un organismo semiparlamentario»

Por Horacio Ríos

El presidente del Consejo de la Magistratura dice que su experiencia legislativa lo ayuda a lograr consensos. Aunque las diferencias surjan en casos como la creación de la Secretaría Villera.


Juan Manuel Olmos saltó directamente desde su banca legislativa a la presidencia del Consejo de la Magistratura, el organismo que conduce y administra al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Asegura que es más fácil consensuar proyectos con nueve consejeros que con 60 legisladores. Igual, dice que el Consejo “es un sistema semiparlamentario” en el que, a pesar de las diferencias, “es posible avanzar en las grandes líneas de trabajo común”.

Hace pocos días volvió de Roma, en donde participó del Salone della Giustizia. “Tuve el orgullo de reivindicar la política de derechos humanos de la Argentina”, relata. Destaca además que, como parte de su gestión, se firmó “por primera vez” un convenio con el Poder Judicial para capacitación de agentes de la Justicia porteña por medio de la Beca Fulbright. Antes, los convenios de la beca solo se firmaban con gobiernos y empresas.

–¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo en el Consejo? Hay demasiada diversidad, no debe ser fácil.

–Tenemos un sistema semiparlamentario. Somos nueve consejeros: tres son elegidos por la Legislatura; tres, por los abogados, y los otros tres representan a los jueces. Así, el Consejo es una composición compleja en sí misma. Todas esas miradas tan diferentes deben confluir en un proyecto común, porque cada uno defiende intereses diferentes, más allá del sector al que representan. Igual, es posible avanzar en las grandes líneas de trabajo, aunque a veces sea difícil concretarlas. Acá nadie depone sus posiciones personales ni sus convicciones, por eso hay que intentar encontrar la diagonal, el consenso. A mí me ayudó mucho la práctica de la Legislatura, porque con nueve consejeros es más fácil que con sesenta legisladores, aunque con estos hay más oportunidades, porque hay más sectores diferentes con los que se puede negociar algún tema.

–¿Consiguen la unanimidad o tienen que votar diferenciados?

–En el caso de que haya un empate en cuatro, el último voto define, aunque eso no ha ocurrido hasta ahora; casi siempre hemos votado por unanimidad, porque si bien la composición del Consejo es heterogénea, los consensos se alcanzaron. Igual, tenemos nuestras diferencias, como en el tema de la Secretaría Villera. En este caso hay dos visiones político-ideológicas. Por un lado, una visión social, en la que coincidimos varios consejeros, y existe otra visión, más tradicional, de centroderecha, que junta a las voluntades de la gente del Pro. De todos modos, los jueces que no son partidarios también toman posición a partir de su postura ideológica, no partidaria.

–Hubo algunos desalojos violentos, ¿qué les recomendaron a los jueces desde el Consejo?

–Allí hay dos derechos que colisionan: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. El Estado tiene que garantizar ambos, pero en cambio tiene que evitar el desalojo violento, que es un ejercicio abusivo del poder del Estado. El desalojo violento causa mayor daño que la propia usurpación, porque no se puede echar a la calle a familias enteras sin ningún tipo de contención social. En una ciudad que tiene un presupuesto de 40 mil millones de pesos es un pecado, es una forma de mirar la realidad sin asumir ningún compromiso social. En ese caso, votamos divididos. El resultado de la votación fue de cinco a cuatro a favor de recomendarles a los magistrados que cuando deben ordenar un desalojo, lo hagan teniendo en cuenta la cuestión social, que hagan intervenir a un juez de menores, que si hay discapacitados se dé aviso al Gobierno de la Ciudad, que exijan la presencia de los encargados de los programas de asistencia social. En una palabra, les propusimos tratar por todos los medios de evitar que una familia quede en situación de calle, que tengan un subsidio, que tengan un parador. Lo ideal sería que obtengan una respuesta mucho más global y abarcativa, que sería la de entregarles viviendas, pero mientras esa sea una cuestión que Mauricio Macri no puede resolver, al menos que estén presentes los que se encargan de la contención social.

–¿Hay otros temas en los que no hay consensos?

–El otro tema que genera discusiones y diferentes posiciones se produce cuando el Gobierno porteño intenta que las causas del tema de las villas pasen a alguno de los juzgados nuevos que se van a abrir en marzo del año que viene, para evitar que sea la jueza Elena Liberatori la que quede a cargo de este trabajo en una secretaría ad-hoc que tiene a su cargo, que es una unidad especial de gestión que concentra todos los temas de las villas en un solo juzgado. El macrismo quiere diezmar esta oficina y distribuir las causas entre los nuevos jueces. El Gobierno porteño, en realidad, quiere desmantelar una política, quiere evitar la organización de los villeros. Creo que la jueza Liberatori ha hecho un gran trabajo desde esa secretaría, una tarea que comenzó el juez Roberto Gallardo. La eliminación de esta instancia judicial sería un grave error.

–Compraron un edificio para mudar el Consejo y otras oficinas.

–En la adquisición del edificio en el que estaban las oficinas de la empresa Siemens hemos buscado transformar gastos en capital. Transformar alquileres en edificios propios, aptos para el Poder Judicial. Ahora, con ahorro propio, es decir, sin ampliación de partidas, compramos el edificio de Diagonal Sur 516, que está en una ubicación estratégica para ser destinado a ser el asiento del Poder Judicial. La operación fue una de las más convenientes que realizó el Estado de la Ciudad en mucho tiempo. Pagamos un 25 por ciento menos del valor de la tasación original, sin abonar comisión inmobiliaria, y fue una operación en pesos, al valor del dólar oficial. Además, conseguimos un precio increíble. Allí va a funcionar la sede central del Consejo de la Magistratura y algunas oficinas que están desperdigadas. Son nueve pisos, que abarcan una superficie de 7.600 metros cuadrados. Hasta hoy, el Consejo funciona en Leandro Alem, en un edificio que se le alquila al Colegio de Escribanos, que ya se hubiera comprado dos veces si sumamos los alquileres que pagamos en los últimos doce años. Esta operación no fue aislada, sino que se da como parte de un proceso de inversión para pasar a tener edificios propios en lugar de seguir alquilando las sedes del Poder Judicial. Cuando los edificios son propios, se capitaliza la Ciudad. Si se alquilan, se capitalizan los privados. Queremos que dentro de tres años, cuando termine nuestro mandato, no haya ningún edificio de la Justicia alquilado. Hoy hay aproximadamente 20 edificios alquilados.

–¿Están racionalizando personal al enviarlos a los nuevos juzgados?

–Sí, ahora el 50 por ciento de las plantas de los nuevos juzgados y de las nuevas fiscalías estarán integradas por personal que ya pertenecía al Consejo de la Magistratura. De esta manera, solo el 35 o 40 por ciento del gasto del Poder Judicial lo utiliza este Consejo y el 60 por ciento restante lo consumen los juzgados y otras oficinas. Hemos invertido los porcentajes del gasto, porque antes era al revés. Ahora la administración insume un menor gasto y los servicios de Justicia se llevan la mayor parte, como corresponde. Esto lo hicimos en acuerdo con los sectores gremiales y se hizo sin echar ni rescindir ningún contrato ni rebajar salarios al personal. Era una cuestión de orden y de decisión política.

Te puede interesar

Qué se dice del tema...