Continúan los idas y vueltas en el gabinete por la posibilidad de reimplementar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus y de las últimas restricciones a la actividad.
Este miércoles el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, contradijo lo que había asegurado un día antes su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo: “No lo tenemos en cuenta. Traten de pensar cuál era la situación cuando tuvimos el IFE, no pasaba una bicicleta por la calle”, sentenció.
“Hoy tenemos a sectores como la industria manufacturera y la construcción que están generando empleo, la actividad sigue funcionando, más allá de que hubo restricciones, y a esos sectores críticos los estamos asistiendo. La situación fáctica es distinta”, comentó el ministro.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, había insistido el martes en que es una iniciativa que “no está descartada. Estamos evaluando todas las alternativas”.
“El IFE que llegó a 9 millones tiene tres realidades. Hay 3 millones de personas que sí volvieron al trabajo y están en actividad como antes de la pandemia. Otras 3 millones están en una en zona gris, en que se recuperaron pero con dificultades. Y otros 3 millones están con muchas dificultades. O bien están sin trabajo o que perdieron parte de la cantidad de horas que trabajaban y no las recuperaron”, mencionó en declaraciones a Crónica HD.
El ministro de Desarrollo Social dijo: “Hay dos realidades. La pobreza está aumentando, y si aumentan los precios de los alimentos, eso aumenta más la pobreza. Ese es el principal problema sacando la pandemia. No es solo el precio alto sino la falta de referencia. En función del análisis de toda la situación, vamos a tomar medidas adicionales”.
En este contexto Arroyo abrió la posibilidad de pagar un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “no está descartada. Está claro que estamos en una situación crítica en materia social y evaluamos permanentemente qué medidas de ayuda tenemos que aplicar”.
El Ingreso Familiar de Emergencia se implementó en las primeras semanas de iniciada la pandemia y el año pasado pagó tres bonos de $10.000 a casi 9 millones de personas, principalmente trabajadores en negro, desempleados, monotributistas A y B y empleadas de casas particulares. En 2021 el programa se discontinuó por el gasto fiscal que representaba (unos $89.000 millones por cada pago) y por la recuperación paulatina de la actividad económica.