Esta iniciativa se implementará en dos fases: la primera consistirá en desregulaciones y ajustes que se llevarán a cabo a través de un decreto presidencial, y la segunda fase incluirá un proyecto de ley que buscará proteger estos cambios normativos, asegurando que no puedan ser alterados con facilidad por futuras administraciones nacionales.
Así, el Poder Ejecutivo podrá implementar la mayoría de las modificaciones a su conveniencia, ya que son susceptibles de ser ejecutadas mediante decretos, resoluciones o regulaciones de las distintas entidades involucradas, ya sea la Agencia de Recaudación y Control Tributario (ARCA) o el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta información ya ha sido divulgada y entrará en vigor el 1 de junio de este año.
Mientras tanto, todavía hay aspectos por aclarar de la segunda fase. La iniciativa legislativa que planea presentar la Casa Rosada incluye cambios en la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Tributario, dos asuntos que únicamente pueden ser ajustados a través del Congreso.
“Expresamente, va a ser una reducción de los plazos de prescripción y va a blindar los derechos de los argentinos que se adhieran a este régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias”, explicó en conferencia de prensa esta mañana el titular del ARCA, Juan Pazo; quien estuvo acompañado en la explicación de la medida con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausilli.
“Aún no está lista, pero lo estará pronto”, ratificaron otras fuentes de la Presidencia de la Nación. En rigor, la medida comunicada esta mañana no la conocían en profundidad ni siquiera altos mandos del Poder Ejecutivo. Tampoco en detalle quienes la deberán negociar en la Cámara de Diputados, ni siquiera los bloques aliados al oficialismo.
El proyecto no necesita un tratamiento urgente. Esto significa que, desde la perspectiva del Gobierno, sería ideal que se aprobara a la brevedad; sin embargo, son conscientes de que, a medida que se acerquen las elecciones nacionales, la actividad legislativa disminuirá progresivamente.
Este es un punto que reconoció recientemente el presidente de Diputados, Martín Menem, durante el Amcham Summit, al señalar que el Gobierno no podrá implementar este año algunas de las reformas más significativas que tiene en mente; entre ellas, la laboral, la previsional y la impositiva.
A pesar de esa apreciación, desde ese mismo sector alegan que para este proyecto las probabilidades son diferentes. “Estamos bien con los números en este tipo de cosas”, alegan. Por su parte, una altísima fuente de Casa Rosada reconocía que ve “muy probable” que tenga probabilidades de éxito y que, en caso contrario, se volverá a intentar después del recambio legislativo.
El Gobierno establece alianzas con opositores dialoguistas y gobernadores para tomar tres tipos de decisiones: impulsar iniciativas, rechazarlas o evitar que se logre el quórum necesario para iniciar la sesión. Algunos aliados suelen coincidir en la mayoría de los casos, mientras que otros solo se muestran dispuestos a colaborar según lo que demande la situación.
Por ejemplo, los diputados que se unieron para no permitir el quórum el miércoles estaban relacionados con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Martín Llaryora (Córdoba). Este grupo ha demostrado ser más amplio en otras iniciativas cruciales para el oficialismo, como la Ley de Bases o el mantenimiento de diversos vetos presidenciales.
“Muchos gobernadores están dispuestos a apoyar al gobierno para asegurar la gobernabilidad, especialmente en cuestiones económicas que pueden revitalizar las economías regionales”, comentan desde la Cámara de Diputados, añadiendo que mientras no se trate de una iniciativa que afecte la coparticipación “difícilmente enfrentarán presión social”. Además, consideran que sería más costoso para la oposición oponerse a este tema.
Pazo aseguró que las provincias “tendrán incentivos para que se apruebe” debido a los posibles beneficios que podría acarrear la nueva normativa tributaria. Varios gobernadores, sin embargo, se limitan a señalar que ninguno de ellos estaba al tanto: “Están más preocupados por la caída de la recaudación, ya que enfrentan un panorama bastante complicado debido a la disminución de la Coparticipación.”
