El fiscal federal Diego Velasco pidió rechazar un pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, acusada por lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces, para que se avance en la fecha del juicio oral y público.
Para el fiscal, las pruebas del caso se deben debatir en el proceso, por lo que ahora la decisión está en manos del Tribunal Oral Federal 5, que debe decidir si la sobresee o la envía a juicio.
En un dictamen de 72 páginas dirigido a los jueces del Tribunal Oral Federal 5 y al que tuvo accedo el diario La Nación, Velasco consideró que los hechos bajo investigación deben ser juzgados en un juicio oral y público, y que todavía hay prueba pendiente en producción, que debe ser incorporada en la causa. Cuestionó el planteo formulado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, al que se plegaron las defensas de los demás acusados en este proceso, entre quienes se encuentran Lázaro Báez, Fabián De Sousa, Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice, entre otros.
El fiscal sostuvo, además, que todavía hay medidas de prueba en curso. “Varias medidas de prueba todavía se encuentran en curso –pericias contables, tasaciones, informes, etc.- e incluso algunas de ellas son retaceadas por ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Rio Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio”.
El caso que compromete a la Vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia es por lavado de dinero, a raíz de los alquileres de plazas hoteleras a Lázaro Báez, pero también de propiedades que tenía el matrimonio presidencial al empresario Cristóbal López. Ambos luego fueron favorecidos en contratos con el Estado Nacional.
La defensa de Cristina Kirchner a cargo de Carlos Beraldi planteó que no hubo delito de lavado porque los alquileres estuvieron bancarizados y no se ocultaron, y que no existió una asociación ilícita. Para el abogado, quien también asiste a Florencia y Máximo, no existió delito alguno que investigar.
Y argumentaron: “Teniendo en cuenta la perfecta trazabilidad de todo el dinero que fue recibido en las cuentas de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., se advierte que en los pagos cuestionados no solo intervienen las entidades bancarias en las que estas sociedades registraban sus cuentas, sino también los bancos con los cuales operaban las empresas locatarias”.
Sin embargo, el fiscal Velasco dijo que hay prueba por producir y remarcó que hay peritajes en marcha, uno de los cuales lo lleva adelante la Corte Suprema de Justicia. También un pedido de informe a la Municipalidad de Río Gallegos que hace dos años no contesta. Además de ser rechazados, el fiscal le pidió al Tribunal Oral Federal 5 que fije fecha de juicio el cual está demorado.
La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en esta causa, ayer dio su respuesta al planteo de las defensas, y aunque no expresó una postura de manera directa a favor o en contra de la petición, se remitió a pronunciamientos anteriores del organismo y dijo que “toda maniobra de lavado de activos reconoce como paso previo un delito precedente sin el cual no resulta posible comprender acabadamente los hechos aquí investigados”.
De esta manera, con ese argumento que parece ser orientado a favorecer a la vicepresidenta y los demás acusados, la UIF le pidió al tribunal que resuelva. El organismo antilavado atraviesa una crisis tras la renuncia de sus autoridades, a la espera de que asuma el próximo presidente, el abogado Juan Carlos Otero.
La intención de Cristina es “cortar” la causa antes del juicio, pues así lo hizo en los casos dólar futuro y la firma del Memorándum con Irán. En ambos casos, estando en respectivos tribunales orales, ella hizo planteos de sobreseimiento y fue desvinculada de las dos causas sin exponerse ante una eventual condena.