Las mujeres de la Justicia hablaron

Las mujeres de la Justicia hablaron

Las magistradas y abogadas denunciaron las limitaciones que sufren las mujeres en el ámbito de la justicia.


En la sede del microcentro de la Universidad de Morón, ubicada en Lima 221, se llevó a cabo el ocho de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Primer Encuentro Nacional “Puertas adentro de nuestra casa”, cuyo eslogan es “las mujeres del servicio de la Justicia hablan”. Fue realizado en memoria de la Carmen Argibay, una de las primeras mujeres designadas por un gobierno democrático en la Corte Suprema de Justicia. Argibay, ya desde joven se había definido como “feminista” y llevó adelante una fuerte lucha por los derechos de las mujeres dentro del Poder Judicial.

Este encuentro se trató de un hecho tan disruptivo que Mónica Cuñarro, fiscal criminal del Ministerio Público Fiscal y consejera de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), expresó en el panel de apertura que en numerosos espacios les negaron el acceso para realizar este encuentro feminista. “Nos decían que no, en cuanto se enteraban del tema del evento que queríamos hacer. Hasta nos han llegado a pedir que adelantáramos quiénes iban a hablar y sobre qué temas puntuales, cosas que en mis años de experiencia, jamás había visto”. E indagó: “¿A qué le temen cuando las mujeres de la justicia quieren hablar y no se callan? ¿Sobre qué cuestiones nos quieren amordazar? ¿Qué es lo tan terrible que tenemos para decir?”.

Violencia política e institucional

Graciela Camaño participó de manera virtual del encuentro, en el que habló de la persecución política, sufrida con mayor efervescencia por las mujeres, desde su experiencia como diputada en el Congreso de la Nación y como integrante actual del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Camaño comenzó su disertación haciendo referencia a la ausencia de las mujeres en el debate público, incluso antes de su derecho conquistado a votar y a su paulatina inserción en la esfera política, incluso con el cupo femenino, que fue resistido por un grupo de varones que “no quieren ceder sus privilegios”. “Está demostrado que la paridad genera resistencia por quienes se creen con más derechos sólo por el hecho de ser varones”, opinó.

También relató que hay violencias que se encuentran más solapadas, pero que aún contribuyen a sostener estructuras de desigualdad de género, que reproducen las expresiones de violencia más extremas, como las persecuciones políticas exacerbadas por cuestiones de género.

“En los últimos años, la violencia sufrida por las mujeres en la política, como el acoso político, violencia institucional, fue cobrando relevancia en la agenda, llamando la atención en varios lugares del mundo y esto sucede porque las mujeres políticas tienen plena participación en espacios de tomas de decisiones y representación. Este tipo de violencia estaba tan naturalizada, que era considerada parte del costo de las mujeres por participar en política”, explicó Camaño, que acto seguido dio ejemplos puntuales de mujeres alrededor del mundo que viven este tipo de violencia en la política.

“La democracia no es sólo elecciones, campañas políticas y el equilibrio entre los poderes del Estado, sino que cubre un espectro mucho más amplio, que incorpora principios de igualdad, no discriminación y pleno disfrute de los derechos humanos, con la inclusión de todos”, cerró la diputada.

Luego tomó la palabra Adriana Valinotti, que ingresó a la Justicia Nacional del Trabajo en 1959 y actualmente es secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es docente, imparte cursos de posgrado en distintas universidades y es magister en derechos humanos. Sin embargo, al tomar el micrófono, expuso que “me tomó 25 años llegar acá” y esto “refleja lo mucho que nos cuesta a las mujeres alcanzar cargos jerárquicos”.

“Cuando un varón accede a un puesto de trabajo es un joven talento, pero cuando una mujer concursa por ese cargo te dicen que tenés tiempo y que podés esperar. Esto a veces sucede porque los chicos tienen que crecer y eso es algo de lo que no se suelen ocupar los padres”, comenzó Valinotti, que propuso hablar sobre qué es lo que les sucede a las mujeres que trabajan en el interior de la Justicia y/o ministerios públicos.

También marcó que la Justicia por dentro es por demás injusta con las mujeres que allí se desempeñan laboralmente y denuncia la trampa de denunciar en el sistema de administración de Justicia. “Si quienes ejercieran violencia de género en el ámbito laboral fueran jueces laborales o civiles, se separaría a los agresores del ámbito laboral, pero cuando son las mujeres las que forman parte del servicio de justicia, a las que se separa es a las víctimas. Ellas pierden su lugar de trabajo, su entorno social, quedan estigmatizadas con una licencia psiquiátrica en su legajo y se les corta la carrera. Denunciar tiene el precio de la vida que fueron construyendo. Es el único lugar donde pasa esto, ni en el penal, ni en el civil, ni en el laboral se va a estigmatizar así a la víctima”, interpeló.

Finalmente, Valinotti desarrolló cómo el género traba o incentiva la carrera profesional: “Hay muchas mujeres en el ámbito judicial que ejercen tareas de cargos superiores, pero nunca se les concede el ascenso. Y yo no vi ningún varón al que le pasara eso”, para agregar que “en general, los varones son jóvenes talentosos a los que hay que promover para que se capaciten; nosotras tenemos que capacitarnos para ver si nos promueven. Son jóvenes talentosos a los que hay que corregirles el trabajo y no está mal que a los talentos se los promueva, sino que está mal que el trabajo lo haga alguien a quien no se le paga por ese labor”.

Luego, la magistrada manifestó que “lo que está mal es que las mujeres supervisen y hagan de madres de esos jóvenes talentos. Esto acá lo hemos visto o padecido todas”, finalizó, evocando la necesidad de tener en cuenta los roles de género. “Ningún varón se plantea cuáles son los proyectos de su vida, si se casa o si va a tener hijos, porque eso no es un impedimento en su vida. Con nosotras no pasa lo mismo”.

Género y Derechos Humanos

Adriana Valinotti también habló sobre la colisión entre la perspectiva de género y los derechos humanos, cuya historia carece de una perspectiva que contemple a las mujeres y, mucho menos, a las diversidades.

Para esto, primero definió a la perspectiva de género que “impone necesariamente repensar las construcciones sociales y culturales”, ya que “no hay nada natural ni nada dado”, a partir de ello, hay que “repensar la distribución de poder entre hombres y mujeres”.

Valinotti llamó a que las mujeres no se conformen con la “no discriminación” sino que se libre una lucha de poder para alcanzar una verdadera igualdad entre géneros, “hay que dejar de reclamar guarderías, para empezar a reclamar paridad en serio.
No es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo lo que resuelve la falta de paridad con los hombres, sino que estén en idénticas condiciones con los hombres al estar incorporadas”, expuso.

“La igualdad es un derecho, no un principio”, dijo y de allí que “a veces critican a la perspectiva de género diciendo que eso no es neutralidad del sistema normativo y jurídico y, por supuesto, la neutralidad no contempla la visión de la mujer es decir, la perspectiva de género, y es por eso que hay que adherirla, ya que el esquema normativo está pensado en el siglo XIX”.

“La perspectiva de género habla de necesidades, principalmente de mujeres, pero también de hombres que deben convivir en entornos donde se ejerce violencia de género”, explicó finalmente y convocó a prestarle atención al Convenio 190 de la OIT, que habla sobre la violencia laboral como patología, saliendo de la víctima de violencia de género en concreto. Ya que la gran amenaza a relaciones sociales sanas es el contexto mismo de violencia en el marco de subordinación”, finalizó Valinotti.

Elementos jurídicos

Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos prohíben expresamente la violencia y discriminación basada en género. Sobre esto disertó en el encuentro Eleonora Slavin, abogada especialista en Derecho Laboral, profesora de Derecho del Trabajo, académica del Consejo de la Magistratura y jueza del Trabajo.

“Hay específicamente, en el artículo 35 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), un reconocimiento a la relación íntima que hay entre el derecho a vivir una vida libre de violencia y el derecho a la igualdad y a la no discriminación”, inició.

Además, expuso que son muchos los elementos jurídicos que amparan a las mujeres y disidencias ante la violencia de género en Argentina y puso como ejemplo el sistema interamericano de derechos humanos, tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que la violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres y es además “una de las manifestaciones más violentas y discriminatorias hacia las mujeres, niñas y adolescentes, que las lleva a no poder ejercer libremente sus derechos y libertades en un pie de igualdad con el resto de sus compañeros”.

Tal como explicó la abogada, citando textos jurídicos, la igualdad es inseparable de la dignidad de la persona, por ende, “que se le entreguen privilegios a alguna persona y se le restrinjan derechos a otra, está violando este principio de igualdad”.

En cuanto a la solución a la gran cantidad de casos de violencia de género, Slavin dijo que “es necesario un cambio social, que no se da con la mera capacitación de los y las funcionarias, sino que hay que hacer una modificación estructural, que implica incorporar en las currículas oficiales de los primeros años de enseñanza de las y los niños temas relacionados a la violencia de género”.

La disertante enumeró los recursos con los que la Argentina cuenta para prevenir este tipo de violencia. Entre ellos, mencionó a la Constitución Nacional, los tratados incorporados a partir del ‘94, la CEDAW, la ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que desde el 2019 incluye también el acoso callejero y la línea gratuita de contención, la ley 27.533 de Violencia Política contra las mujeres.

A modo de conclusión, Slavin apuntó que esta “amplia legislación” no evita que hoy las mujeres sigan sufriendo desigualdades, que se mantienen a pesar del correr de los años, por lo que propuso “articular con el Consejo Federal de Educación la incorporación de estos temas en la educación primaria” para así, a través de la educación, lograr que las próximas generaciones tengan un sistema judicial más igualitario y al que, ocasionalmente, lleguen menos denuncias por violencia basada en el género.

Estereotipos de género

Los estereotipos de género marcan roles y destinos también en el campo laboral, y el ámbito de la Justicia no es ajeno a esta problemática.

Viviana Dobarro, jueza de Trabajo, especialista en administración de justicia, especialista en derechos del trabajo, máster en igualdad de género, profesora de derecho de trabajo, docente de la Facultad de Derecho y de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, explicó que los estereotipos de género influyen en las relaciones de subordinación en el ámbito laboral, que son el campo fértil para situaciones de discriminación y violencia, donde sus efectos se incrementan, dada la situación condicionada de las y los empleados, en especial de las mujeres.

Según explicó, la violencia en muchos casos tiene una intencionalidad disciplinadora para aquellos y aquellas que quieran correrse de los roles y estereotipos que les son dados.

“Cuando hablamos de estereotipos de género, hablamos de lo que se supone que tenemos que hacer, decir, pensar y actuar las mujeres y varones. Y están tan arraigados que marcan la forma en la que nos incorporamos al mundo del trabajo”, expuso, siendo ésa una de las razones por las cuales las mujeres realizan actividades ligadas al trabajo.

“En el caso de las mujeres judiciales, nos insertamos principalmente en fueros ligados a las mujeres, tales como familia, seguridad social, laboral. Es mucho más difícil para nosotras incorporarnos a ámbitos históricamente masculinizados, como el caso de la justicia penal o penal económica, lugares donde se dirime el poder en términos mayores”, contó.

A continuación, agregó que “aún cuando estemos en un fuero feminizado, las tareas que realizamos allí están también ligadas al estereotipo: juntar el dinero para un cumpleaños, la organización de cenas o eventos de fin de año, mientras que mandan a los hombres a cubrir audiencias importantes, por ejemplo”.

Allí, enumeró al “cúmulo de leyes y normas”, como el Convenio 190 de la OIT, que habla de la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo y amplía el espectro más allá de las oficinas, ya que la violencia puede ser ejercida por fuera del ámbito físico laboral e incluso fuera de horario.

Por su parte, Vilma Bisceglia, jueza del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 2 y docente universitaria ejemplificó con su propia historia cómo los estereotipos de género la encasillaron en su carrera, en la que a pesar de llevar a cabo la mayoría de las tareas de su lugar de trabajo, siempre promovían a sus compañeros varones, a pesar de que ella “jugaba de 5” en su propio trabajo, parafraseando a los dichos de su superior.

“Nosotras, como operadoras de justicia, tenemos que desterrar esas prácticas sexistas, pero no solamente a través de medidas cautelares con relación a las mujeres que recurren ante nosotras a pedirnos esa ayuda, sino también entre nosotras. Tenemos que lograr ser visibilizadas. Dejemos de jugar de 5 y empecemos a jugar de 10”, graficó.

“Estructura militar”

La lucha feminista no sólo denuncia la opresión patriarcal, sino que busca una igualdad íntegra, de todos los sectores sociales. Esto es lo que, a su turno, Matilde Bruera pidió “no perder de vista”, ya que mientras “nosotras peleamos por el techo de cristal, otras luchan por el piso de cemento que tienen que pasar cada vez que quieren ser escuchadas por el poder judicial”.

Ella es abogada, magister en derecho penal, profesora, presidenta de la Asociación Argentina de Profesores/as de Derecho Penal, defensora pública oficial ante los tribunales orales federales de Rosario y ante la Cámara de Casación Penal y diputada provincial del Frente de Todos en Santa Fe. Desde allí, afirmó que incluso en la justicia penal, las mujeres ocupan mayormente los puestos de la defensa pública, y que esto denota quiénes dirimen el poder real.

“Las disputas de género son disputas de poder”, explicó Bruera, quien a raíz de esa premisa detalló cuál es la estructura del Poder Judicial. “El Poder Judicial, además de ser patriarcal, tiene una estructura cuasi militar en cuanto a su organización jerárquica, que es opresora por definición, aún por el solo hecho de que existan juzgados que tienen la estructura de un feudo, cuyo titular es el que propone a los empleados para el ascenso. En algunos sectores aún los empleados y ascendidos se eligen a dedo, y esto da una discrecionalidad de poder que es un caldo de cultivo básico para el maltrato, la dependencia y la sumisión”, señaló la abogada, que propuso hacer “un cambio total de la estructura judicial”, ya que produce situaciones violentas, tanto para las mujeres y diversidades como para hombres, porque “las relaciones laborales allí son autoritarias”.

A continuación, Mónica Cuñarro explicó por qué las mismas mujeres que trabajan en la Justicia no acuden a ella en caso de ser violentadas en su trabajo: son tratadas igual que a una mujer fuera del sistema judicial. Señaló que se les daba “directivas no claras” para hacer la denuncia y tuvieron trabas múltiples. “A las que denunciaron no les fue bien”, expuso, aclarando que la mayoría perjudicó su propia carrera con eso y que denunciar era una “trampa” para ellas mismas.

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