Las 10 cláusulas que Argentina le rechazó al FMI

Las 10 cláusulas que Argentina le rechazó al FMI

Exigían privatizaciones, recortes de todo tipo, entre ellos a los subsidios, desregulación y bajas de impuestos.


El Fondo Monetario Internacional jamás cambiará. Aquel Fondo hostil, que exigía ajustes, devaluaciones, reducción del déficit fiscal, alzas de tarifas, bajas de subsidios, reducción de las jubilaciones y racionalización de los gastos del Estado volvió a la Argentina en 2018 y en 2022 exige aún más de lo que Mauricio Macri les ofreciera entonces, que igualmente fue bastante.

En las ríspidas negociaciones que sostuvieron -y aún sostienen- con la Argentina los burócratas del FMI, los delegados de nuestro país debieron rechazar una retahíla de diez medidas que se les exigían, que rozaban la falta de respeto, cuando no entraban en ésta de lleno.

A pesar de las negativas, las elusiones y la voluntad de los asesores de Martín Guzmán, es tan precaria la situación en que quedó nuestro país tras aquel fatídico mayo de 2018, que el mejor acuerdo posible es aún desastroso. Y el precio político que pagará el Gobierno será tan enorme que lo pagará muy caro el año próximo. Esto, en gran parte, porque el acuerdo que se lograría, si quedara tal cual está este miércoles, no sería tampoco el mejor posible. Quedaron demasiados flecos sin recortar.

A pesar de todos estos cuestionamientos, los delegados de Guzmán se negaron a rubricar diez puntos que agravarían aún más el futuro.

Aquí están, éstos son:

1) El primer ítem que los negociadores argentinos denegaron fue el recorte de gastos primarios, que son los gastos sobre los que el Estado tiene control. Por supuesto, a pesar de que los técnicos del Fondo aseguran que el gasto social está excluido de este párrafo, cualquier disminución en este rubro afectará directa o indirectamente a los más pobres, sí o sí. Este aserto es tan claro que es casi innecesario ahondar sobre él. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si bajara la recaudación? Ya eso sería un recorte que llevaría directamente hacia el conflicto social.

2) El segundo punto fue la “reorientación del gasto en subsidios”, que en los hechos significarían su desaparición. Los subsidios, según una evaluación realizada en julio de 2021 por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, representaban –hasta mayo del año pasado- 306.745 millones de pesos. Esto, a su vez, significaba el diez por ciento del gasto público primario. De la misma manera, hasta el 31 de mayo de 2021, esos subsidios devengados significaban el 0,83 por ciento del Producto Bruto Interno, una suma similar al déficit financiero de la administración pública nacional. Éste era uno de los puntos de disminución del gasto que exigen los técnicos de Kristalina, en su intento a “ayudar” a la Argentina para alcanzar el “déficit cero”. Era indudable que el punto de mira de los técnicos del FMI iba a estar en este punto, porque es fácil de identificar, aunque sea difícil de implementar para el gobierno argentino. De todos modos, los enviados de Washington no van a cejar rápidamente sobre este punto. No se debería obviar tampoco que tendrán servida en bandeja la oportunidad de volver una y otra vez sobre éste y otros ítems, en el transcurso de las revisiones trimestrales a las que va a ser sometida la Argentina. Éste es, indudablemente, el punto sobre el que girarán todos los conflictos, desde el mismo momento en que el acuerdo sea rubricado, si llegara a serlo.

3) Otro punto que provocó álgidas polémicas fue la exigencia de los chicos de Georgieva de disminuir los impuestos. Se supone que éste es un excelente artilugio para estimular la inversión. Es decir, si los empresarios pagaran menos tasas impositivas, ese dinero sobrante sería destinado a producir más. Ésta es una enorme falacia. Hasta existe la asociación Multimillonarios para la Humanidad, que exigieron el 20 de julio de 2020 que les sean cobrados mayores impuestos. “Hoy, nosotros, los millonarios y multimillonarios que suscribimos esta misiva les pedimos a nuestros gobiernos que nos aumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente», expresaron en una carta abierta 83 ricos, entre los que se encontraban Abigail Disney, Jerry Greenfield, Richard Curtis, Morris Pearl y Djaffar Shalchi, entre otros. No fueron atacados por un virus solidario –en esta época de virus extraños-, sino que prefieren anticiparse a males futuros y a cierto desprestigio que sufren los ricos por estos días en el Primer Mundo. Hay demasiados billetes en demasiadas pocas manos.

4) Otra exigencia de los insaciables señores del Fondo fue la implementación de una desregulación financiera y la imposición de tasas de interés libres, de acuerdo al mercado. Los técnicos del neoliberalismo aspiran a conocer el paraíso en la Tierra pidiendo estas cosas, aunque no siempre lograron melonear a todos los dirigentes de algunos países del Tercer Mundo con el artilugio del neoliberalismo. Esta teoría comenzó en 1982, con Ronald Reagan en Estados Unidos y con Margaret Thatcher en el Reino Unido. Hay coincidencia de fechas con la Guerra de Malvinas, no casualmente (y será tema para otra ocasión). El ex actor de westerns Clase B eliminó ese año la regulación que impedía a los bancos de depósitos encarar inversiones de riesgo con el dinero de sus clientes. A fines de los ’80, muchos de ellos quebraron. No sólo eso, el sistema se consolidó en 1998, cuando se produjo la fusión de los grupos aseguradores Travelers y Citicorp, dando origen a la mayor compañía financiera del mundo. Es que las compañías de seguros son financieras, en realidad. La fusión de estos dos grandes grupos era contraria a la Ley Glass-Steagall, pero lo mismo la Reserva Federal (la popular Fed) la autorizó, permitiéndoles paralelamente una moratoria de un año…que fue el plazo que necesitaron para esperar a que se aprobara la Ley Gramm-Leach-Bliley, que derogó la Ley Glass-Steagall. Así se llegó a la crisis que medió entre 2008 y 2012 (la crisis de las hipotecas subprime), que no hubiera ocurrido sin la inestimable ayuda de Gramm-Leach-Bliley. Cientos de entidades financieras fueron a la quiebra, provocando además que el Estado norteamericano fuera en ayuda de algunos grandes bancos, mientras dejaba caer a otros. Todo, con el dinero de los contribuyentes. En Argentina, la desregulación financiera sólo sirvió para que se concentraran determinadas áreas de la economía en pocas manos. Dos es éstas fueron los bancos y las alimenticias. Y hoy, Argentina está pagando un enorme precio a causa de los desatinos cometidos entonces. Aún peor, casi todas las alimenticias argentinas pasaron a manos extranjeras. En 1994, la francesa Danone compró Bagley. En 1996, la misma firma realizó un joint venture con la lechera Mastellone Hermanos y en 1999 adquirió las marcas de agua mineral Villa del Sur y Villavicencio. La norteamericana Nabisco, por su parte, se quedó con Terrabusi en 1995, con Mayco-Capri en 1996 y con Canale en 1999. Estas marcas se adueñaron del mercado argentino y se expandieron además hacia otros países de Sudamérica, destruyendo mercados, imponiendo precios que les regalaron ganancias exorbitantes y arrasando con las empresas competidoras locales. Eso provocó en nuestro país y en Latinoamérica la desregulación financiera. En cuanto a la concentración de bancos, basta regresar a 2001, cuando se acabó el saqueo y la Argentina comenzó a mejorar casi inmediatamente.

5) Otro de los colmos de parte del FMI fue la exigencia de que se imponga un tipo de cambio competitivo, regido por el mercado. Eso quiere decir que no lo regularía el Gobierno, sino una caterva de aficionados a la especulación. ¿A quién se le ocurre que esto puede pasar? ¿Tan bajo conceptúan a la Argentina? Es sabido que las modificaciones en los tipos de cambio tienen efectos en el aumento del producto, pero inversamente, esos cambios impactan negativamente en la distribución del ingreso, porque inciden en los precios domésticos.
Según un trabajo del economista Alfredo Canitrot elaborado en 1983, “el aumento del tipo de cambio se transmite a los precios, deprime el salario real y consiguientemente, la capacidad de gasto de los trabajadores e induce una recesión que permite regenerar la cuenta corriente exterior». ¿Será que se busca que queden en el mercado interno dólares flotantes porque se produce menos, se gasten menos dólares en insumos productivos y los capte el Banco Central para pagar la deuda eterna? Otra falta de respeto.

6) Otra cláusula que intentó imponer el FMI es la existencia de un sistema de comercio absolutamente libre. Esto exigiría, antes que nada, resolver previamente las asimetrías. Un país subdesarrollado como el nuestro no competirá de igual a igual con las grandes empresas multinacionales, por lo que el ingreso de éstas, necesariamente va a perjudicar a las Pymes nacionales. El segundo tema son los subsidios que otorgan los países desarrollados a sus empresas, lo que las vuelve competitivas en cualquier mercado, más allá de que se encuentre del otro lado del mundo. El “mundo sociedad anónima” que esto genera ha permitido que unas pocas compañías transnacionales hayan capturado grandes porciones de los mercados e hayan impuesto su políticas de precios y de costos, encareciendo la vida de sus propios países de origen y, muy especialmente, de los países del Tercer Mundo. Y todo esto exige el FMI a la Argentina, que por suerte no firmó ningún Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ni con Europa, como se planteaba Mauricio Macri.

7) La apertura incondicional a la Inversión Extranjera Directa (IED) que plantearon los burócratas kristalinos, hubiera sido, directamente, una rendición incondicional. Igual, en Argentina –es justo reconocerlo- las empresas multinacionales han sufrido escasas dificultades para invertir y llevarse las ganancias cuando quisieron. Uno de los primeros problemas que sufre la Argentina con la IED es la exigencia de libre giro de utilidades de las filiales a sus casas matrices. Ya hemos analizado en este medio las desastrosas consecuencias del curro de los autocréditos que las casas matrices giran a sus filiales y cómo después vuelven a sus países de origen en forma de pagos y no de giro de utilidades, eludiendo impuestos además con la subfacturación y la sobrefacturación, alternativamente. Las compañías radicadas en Argentina abonan a sus casas matrices “fees” (gastos administrativos, honorarios o tarifas) por asesoramiento jurídico, por el funcionamiento de su directorio global, por la administración central del grupo, por el uso de un sistema de software que contrata la corporación y luego distribuye entre sus filiales, por el asesoramiento gerencial sobre la administración o las ventas de cada filial y por una larga serie de otros servicios intragrupo. De esta manera “optimizan” sus beneficios, simplemente evadiendo al fisco argentino. No siempre las inversiones que llegan a la Argentina generan utilidades para el país, en especial cuando los empresarios poseen la prerrogativa de girar los beneficios devengados sin control.

8) A continuación, los desprejuiciados negociadores del FMI intentaron imponerle a nuestro país –como en 1992- la cláusula de cambiar deuda por mercados cautivos, que es lo que significa la privatización de las empresas públicas. El punto fue rechazado sin mayores dilaciones por los negociadores argentinos, sin necesidad de intensas consultas con Buenos Aires. No figuraba en los planes del Gobierno, aunque, como se puede ver, siempre está en los planes del FMI.

9) La desregulación de los mercados fue otro de los puntos requeridos por los washingtonianos que no prosperaron. Siempre son tan caras a los neoliberales y a los libertarios estas exigencias. Concederlo hubiera traído graves problemas –aún más graves que los existentes, que ya lo son bastante-, porque así como existe una corriente liberal en la economía argentina, también existen los patriotas.

10) Tras el disfraz de la “seguridad de los derechos de propiedad” –otro favor exigido- se esconden otras exigencias empresariales, siempre desmedidas. En principio, para el mundo empresario el derecho de propiedad tiene que ver, principalmente, con las patentes. Por caso, en nuestro país se sancionó en 1864 –gobernaba Bartolomé Mitre- la Ley de Patentes de Invención N° 111, que no reconocía el patentamiento de medicamentos. Recién en 1995, la Ley N° 24.425 la derogó, permitiendo que los laboratorios farmacéuticos registraran sus pociones, desplazando a los nacionales del mercado, en muchos casos. De la misma manera, en el rubro tecnológico y de las semillas de oleaginosas existen conflictos entre empresas nacionales y extranjeras –en especial, con Monsanto-, a las que el FMI intentaba favorecer con esta medida, que también fue denegada por los negociadores argentinos.

En marzo, los detalles del acuerdo serán discutidos en el Congreso. Existen posiciones encontradas en los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, por lo que el destino del acuerdo es azaroso, aunque todo hace pensar que será aprobado. Aunque nunca se sabe.

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