Se llama Sistema Integral de Seguridad Pública. Aseguran que en el primer año de manejar la policía bajaron el índice de homicidios, las denuncias en el subte y la venta ambulante. Ahora incorporarán en el sistema a 1.600 bomberos, 1.700 agentes de tránsito, 290 guardaparques y 800 empleados de emergencias. Así, habrá más de 36 mil personas velando por la seguridad. Una apuesta a todo o nada.
El paper, fechado en enero de 2017, tiene 28 páginas, incluida la portada, con título pretencioso. Todo en mayúsculas: “sistema integral de seguridad pública”. Lo acompañan las siglas BA, que identifican al Gobierno de la Ciudad. Y el jefe del distrito, Horacio Rodríguez Larreta, lo terminó de preparar y presentar justo cuando los porteños –y todos los que transitan las calles que debe cuidar– polemizaban sobre el rol de los agentes de la Capital en el conflicto con los manteros del barrio de Once. Esta polémica venía precedida por otra mucho más densa: la muerte de un chico en el barrio de Flores, asesinado de un tiro por otro joven, que escapaba de un robo. Los dos casos ponían –ponen– el foco en los ejes clave de la flamante Policía de la Ciudad: cómo controlar la delincuencia lisa y llana y cómo garantizar cierto orden público en una geografía que, desde la crisis de 2001, hace ya unos 15 largos años, jamás recuperó la normalidad. Larreta y su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, prometen ahora abordar ambos problemas de modo integral. Es lo que intentaron resumir en esas 28 páginas.
La premura del alcalde porteño y su ministro tiene explicación, no solo por los conflictos terribles e interminables de inseguridad y descontrol callejero, sino porque, después de 20 años de autonomía, desde este mismo enero el Gobierno de la Ciudad tiene policía propia: una buena parte de la vieja Federal más toda la Metropolitana. En sus dos gestiones como jefe de Gobierno, Mauricio Macri había hecho campaña por la seguridad, pero, ante la falta de soluciones, siempre tuvo la justificación de no contar con los agentes federales. En paralelo, creó la Metropolitana. Cuando asumió en Casa Rosada, una de sus primeras medidas fue traspasar parte de la Policía Federal al Gobierno porteño de Larreta, con el presupuesto incluido. Ese proceso terminó hace algunas semanas. No más excusas.
La presentación del Sistema Integral arranca con una descripción de esto. “Se traspasaron 19.294 efectivos federales, más 60 inmuebles y 1.465 vehículos. Se fusionaron con 7.013 agentes de la Metropolitana. Se unificó el sistema de escalafones, remuneraciones y régimen laboral”. Luego, enumera algunas mejoras que se habrían logrado en el primer año de transición (2016): baja de homicidios en la Ciudad (-42%, sobre todo en las villas, en particular la 31, donde se dan la mayoría de los crímenes), baja de denuncias en el subte (-28,9%) y baja en la venta ambulante (-43,5%).
“Son los datos comprobables, como los robos de autos, porque la gente los denuncia sí o sí. Porque con otros delitos, la gente no los denuncia en las comisarías porque no confía en que se vayan a resolver. O también pasaba que, como cada comisaría busca mostrar una baja en los delitos en su zona, desalientan a la gente a que denuncie”, explicaron altas fuentes de la Ciudad.
Este problema es uno de los que prometen mejorar. Un cambio ya se hizo: ahora se puede denunciar un delito en cualquier comisaría, sin que haga falta ir a la que corresponda al distrito donde ocurrió el hecho. “Si en una comisaría no te quieren tomar la denuncia, está mal. Esto ya rige”, aclaran en el Gobierno porteño. Y el plan prevé que las denuncias se harán en otras dependencias y muchas de modo online. En la Ciudad apuestan a que así no solo van a lograr que más gente se anime a denunciar, sino que avanzarán en un histórico problema de las fuerzas de seguridad: muchos de sus agentes, en vez de estar en la calle combatiendo el delito, están en un escritorio atendiendo víctimas. “Ya se liberaron 291 y el objetivo es liberar 1.700 a fin de año”, precisó un funcionario.
Otro modo de detectar y contabilizar más eficientemente lo que ocurre en las calles, prometen las autoridades, será integrando distintos agentes de la Ciudad a la policía. Esto es: además de los cerca de 26 mil efectivos policiales, se “integrarán” 1.600 bomberos, 1.700 agentes de tránsito (2.600 a fin de año), 290 guardaparques y 800 empleados de emergencias. En total, serían más de 36 mil personas viendo qué pasa en la calle.
Respecto a los policías en sí, también la Ciudad anuncia mejoras, claro. Se incorporarán 1.500 cadetes por año (antes eran 600) y reentrenarán a los efectivos traspasados (ya se reentrenaron 7.000). También se sumarán más de 800 vehículos. Y un tema muy palpable para la gente: los agentes ya no tendrán su celular personal, con pack de datos, chat y web; la Ciudad les dará equipos que solo les servirán para comunicarse entre ellos, pero sin mensajes de texto, y tendrán GPS, para controlar dónde están y para confirmar, al final del día, si hicieron los trayectos previstos. “Antes, si se te iba a una pizzería, no tenías manera de chequearlo”, ejemplifica con sorna una fuente oficial. Para febrero, prometen haber distribuido 5.000 de estos aparatos. Para julio, a razón de unos 4.000 por mes, llegarían a casi toda la fuerza.
Otros dos cambios sensibles para la detección del delito se vinculan con tecnología algo más compleja. No solo agregarán las clásicas cámaras que ya existen en muchos barrios, sino que formarán lo que llaman “anillo digital con monitoreo de patentes”. Esto es, en 43 accesos, habrá cámaras que leen las patentes y detectarán si un auto, por caso, tiene pedido de captura. “Si debe patentes, no, eh… No pasa nada”, ironiza un funcionario. Aseguran que en abril ya estarán en funcionamiento.
Pero, además, adelantan que pondrán cámaras en unos 10 mil colectivos que circulan por la Ciudad. Se colocarán en el frente y en el interior del vehículo.
Con algunas obras emblemáticas, como la autopista ribereña o la urbanización de villas, este sistema de seguridad pública es la gran apuesta de Larreta para conseguir su reelección como jefe de Gobierno. La premura se entiende también en clave electoral, más allá de la necesidad insoslayable de abordar este problema en serio: con Martín Lousteau como amenaza, un mal 2017 en las urnas puede presagiar un peor 2019.