La Patria Financiera no se rinde

La Patria Financiera no se rinde

Por Horacio Ríos


L a economía argentina no deja de acumular adversidades en los últimos años. Parece mentira que un país que supo apostar a la prosperidad y al desarrollo nacional dependa en estos días del sector externo, debido a una gestión que entre 2015 y 2019 endeudó al país en u$s 82.400 millones. A esto habría que sumarle la deuda de corto y mediano plazo, que totalizó otros u$s 159.017 millones, aunque parte de ésta fue cancelada.

Para peor, lo primero que tuvo que hacer el Gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 fue sentarse a negociar con los buitres y con otros feroces animales de la fauna financiera, ya que los vencimientos de deuda que heredó sumaban u$s 48 mil millones en 2020; u$s 45 mil millones en 2021; u$s 47 mil millones en 2022 y u$s 38 mil millones en 2023. La suma de estos vencimientos equivalen al 40 por ciento del Producto Bruto Interno nominal del país. En resumen, un espantoso panorama que pareciera haber sido diseñado a propósito para entorpecer el crecimiento del país por los próximos 20 años. O sino, podría haber sido el producto de una supina incompetencia, lo que no es el caso.

A la áspera negociación que debió encarar Martín Guzmán desde el mismo día en que asumió se le añadió la masacre que está sufriendo nuestro país como producto de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que exige lo de siempre: equilibrio fiscal, ajuste, ajuste y más ajuste.

La vuelta al FMI

Según el último ministro de Hacienda de la gestión de Cambiemos, Hernán Lacunza, de los u$s 44.300 millones que prestó generosamente el Fondo Monetario Internacional, u$s 35.344 millones se utilizaron para pagar deudas anteriores. Otros u$s 6.072 millones (el 13,7 por ciento del total) fueron para cubrir el pago de deudas en pesos. Pero no todo termina ahí: se utilizaron además u$s 744 millones para gastos primarios y, finalmente, hubo u$s 192 millones que quedaron en el camino en “diferencias de cambio y otros conceptos”. Quedaron, según Lacunza, u$s 1.900 millones a disposición del Gobierno que encabezaron Alberto Fernández y Cristina. Una suma exigua, como era de esperar de una administración que despilfarró la poca o mucha riqueza que heredó.

La relación entre la deuda y el PBI

En 2004, la deuda consumía el 118 por ciento del Producto Bruto Interno del país, pero entre 2005 y 2011 bajó dramáticamente hasta el 38,9 por ciento del PBI. Desde entonces, en parte debido a la crisis internacional, el porcentaje se elevó hasta llegar en 2015 al 52,6 por ciento del PBI.

Pero luego llegó Mauricio Macri y las cosas cambiaron. El año 2016 fue de transición y hasta allí la deuda sólo creció en medio punto, al alcanzar el 53,1 por ciento. En 2017 hubo un poco de contención y allí “sólo” llegó hasta el 56,5 por ciento.

Pero en 2018, el año en que Mauricio Macri les pidió a los argentinos que se enamoraran de Christine Lagarde, llegó la debacle, cuando la deuda externa llegó hasta el 86,4 por ciento del Producto Bruto interno, alcanzando en 2019 un espeluznante 90,2 por ciento.

Paralelamente, en un país entregado al voraz capitalismo financiero, un sector que sólo se enriquece a sí mismo, una gran parte de la deuda se fugó o –un eufemismo- se convirtió en “activos externos” (o dólares). De acuerdo con el Balance Cambiario del Banco Central, entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019 la “formación de activos externos del sector privado no financiero” acumuló u$s 88.371 millones. En la jerga de las finanzas, esto se conoce como “fuga de capitales”, que ocurre cuando el público atesora sus ahorros en dólares. Para peor, durante los cuatro años en los que reinó Mauricio Macri, el Estado subsidió, según estimaciones aún no completadas, con al menos u$s 17.000 millones la compra de divisas por parte de empresas privadas.

En 2004, la deuda consumía el 118 por ciento del Producto Bruto Interno del país, pero entre 2005 y 2011 bajó dramáticamente hasta el 38,9 por ciento del PBI. Desde entonces, en parte debido a la crisis internacional, el porcentaje se elevó hasta llegar en 2015 al 52,6 por ciento del PBI.

La situación económica, hoy

Desde su inicio –la pandemia obligó a establecer una larga cuarentena en el día 100-, el Gobierno debió apelar al establecimiento de ayudas monetarias extras –algunas, inéditas- para la industria y para las personas que conforman los sectores más empobrecidos de la era neoliberal. En este contexto, la crisis económica de la circunstancia sanitaria, sólo agravó una situación que ya era caótica.

En este marco aparecieron el Programa de Recuperación Productiva (Repro); el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); el Ingreso Familiar de Emergencia; la Prestación Básica Universal para el uso de celulares, Internet, televisión por cable y telefonía fija; el Plan de Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria; el Bono para Jubilados y Jubiladas y la prórroga de la suspensión por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de las exclusiones y bajas de oficio para quienes no pudieron pagar el Monotributo, entre muchos otros planes de asistencia debidos a la crisis por el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.

Entretanto, el Índice de Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria (UCII) se mantuvo en un promedio del 55,7 por ciento durante 2020, marcando una baja frente a un 2019 sin pandemia, cuando alcanzó el 59,4 por ciento.

En enero de 2021, el UCII fue del 57,2 por ciento, registrándose en febrero el 58,3 por ciento. En marzo, el índice creció al 64,5 por ciento y en abril llegó al 63,5 por ciento. En mayo –el último mes medido- el UCII cayó levemente hasta el 61,5 por ciento. Estos números significan, más allá de sus altas y bajas, un promedio del 61 por ciento, bastante superior al del año último.

La Patria Financiera nunca desmaya

En este marco, en el que el Gobierno intenta promocionar el trabajo y la producción, el mundo financiero sigue intentando apropiarse de los excedentes monetarios, una lucha a muerte que en el pasado –y en el presente también- ha llevado a guerras sangrientas, magnicidios y aún a golpes de Estado, que en la Argentina conocimos muy bien.

Por estos días, las operaciones sobre el dólar arreciaron, por lo que Banco Central emitió el lunes pasado la Comunicación “A” 7327, por la que cada importador que acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) debe presentar una declaración jurada en la que deberá dejar asentado que ni él mismo ni ninguna otra persona relacionada realizó ni realizará operaciones de compra de dólares a través del mercado bursátil en los 90 días previos y posteriores a su compra.

El objetivo de la medida es evitar que los operadores que acceden al MULC con su CUIT para comprar insumos o bienes de capital utilicen otro CUIT de la empresa para dolarizarse por medio del dólar Contado con Liquidación (CCL) o por el Mercado Electrónico de Pagos (MEP). Éstos son títulos en moneda extranjera nominados en pesos que se liquidan en el país o…en el exterior.

Paralelamente, el Banco Central había comprado hasta el martes en el MULC u$s 785 millones en lo que va de julio. Ya en junio había adquirido u$s 727, destinados a engrosar las reservas, que en lo que corre de 2021 aumentaron en más de u$s 7.200 millones.

Todas estas acciones sirven para desalentar –aunque no para evitar- las operaciones contra la moneda que se suceden sin cesar desde que asumió el Gobierno. No es que en el gobierno anterior, de signo ideológico contrario, estas prácticas no se realizaran, sino que éste las toleraba, dada la circunstancia de que muchos de sus funcionarios, como Luis “Toto” Caputo, ejercieron la usura alegremente, incluso mientras eran funcionarios. Habría que revisar las fluctuaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS para comprobarlo fácilmente.

La Comunicación “A” 7327 fue elaborada entre el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), para limitar las grandes operaciones de bonos en pesos y en dólares, que eran los más utilizados para dolarizarse por medio del mercado de capitales. De esta manera, el Banco Central busca evitar que estos operadores intenten presionar por una devaluación, que les generaría fuertes ganancias sin trabajar.

En esta coyuntura, el superávit comercial y la liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial, enriquecido por la recuperación de los precios de la soja, el maíz y el trigo le permitió al Banco Central tener el suficiente poder de fuego como para sostener la pauta cambiaria en el 25 por ciento anual. El objetico es llegar a diciembre con el tipo de cambio en $102 y algo más.

Hace no mucho tiempo, posiblemente en los principios de marzo de 2019, en ocasión de un acto del peronismo, Felipe Solá, entonces precandidato presidencial, en una breve ronda con periodistas, planteó la necesidad de aplicar un impuesto al dólar y poner trabas a su comercialización. Al ser interrogado sobre las razones y los cuestionamientos para implementar esa medida, el actual canciller respondió que “¿porqué los vamos a dejar a estos usureros a que nos estén pulseando todo el tiempo? Después nos operan contra la moneda y los problemas los tenemos todos los argentinos”.

Profético.

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