La impugnación a la Justicia se manifestó a las puertas del Palacio

La impugnación a la Justicia se manifestó a las puertas del Palacio

Una impensada multitud copó la Plaza de Tribunales. Los reclamos partieron no sólo desde el palco.


La crisis es recurrente y vuelve una y otra vez. Como si en este país-jardín de infantes, nada madurara lo suficiente como para que las cosas sean más justas. El acto que se realizó el martes 1° de febrero ante el Palacio de Tribunales fue en repudio a una extensa cadena de vergonzosos sucesos, protagonizados por varios jueces, que fallaron en sucesivas ocasiones en contra del Derecho y se comportaron como una clase privilegiada, reclamando atribuciones que no les son propias.

Por caso, los sucesivos integrantes de la Corte Suprema de Justicia honraron en algún tiempo sus funciones aunque, en un momento determinado, algunos de ellos comenzaron a avergonzar a los argentinos y a sí mismos a causa de sus desempeños. Quizás existan fuerzas oscuras o presiones subterráneas que apartan de sus funciones a los hombres de ley que alguna vez fueron probos. Quizás el mismo poder que los designa, exige de ellos conductas que no pueden ser explicadas a la luz del día.

Alguna vez pareció que las cosas serían diferentes, como ocurrió en 2003, cuando algunos de los cortesanos designados en tiempos anteriores debieron dejar sus cargos, envueltos en el descontento popular. La designación de sus reemplazantes se produjo mediante un sistema que le impedía al presidente postular a hombres que les obedecieran. Pero en 2015, tras el fallecimiento de Carmen Argibay y la renuncia de Eugenio Zaffaroni, aparecieron por la ventana Carlos Rozenkrantz y Horacio Rosatti, designados en principio por medio de un espurio Decreto de Necesidad y Urgencia, un procedimiento tan irregular que debió ser –tardíamente- rectificado.

Desde mucho tiempo antes, la Corte se encontraba en crisis. Hasta 2015, el nonagenario juez Carlos Fayt se aferró a su cargo en la Corte Suprema, a la que renunció casi en su lecho de muerte. Años antes, en 1989, otro juez, Augusto Belluscio, había protagonizado un oscuro episodio, que incluyó el suicidio de una dama que compartía su intimidad en un departamento parisino. No renunció ni aún ante este hecho indecoroso. Otros dos jueces –Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano- fueron destituidos de sus funciones entre 2003 y 2005 por el Senado de la Nación, por mal desempeño en sus funciones. Entre los cargos que se les imputaban estaba el doloso sobreseimiento que benefició a Franco y Mauricio Macri en una causa por contrabando de autopartes, como un anticipo de futuros años sombríos.

Una protesta que congregó a más de los esperados

Tanta impudicia provocó una reacción que nació en el propio seno del Poder Judicial. El juez Juan María Ramos Padilla lanzó una convocatoria a manifestar ante el Palacio de Justicia al son de tres consignas principales: el repudio al desempeño de la Corte Suprema de Justicia; el reclamo contra la impunidad y el fin del “lawfare”, como se llama a la guerra judicial que desatan los gobiernos contra sus adversarios políticos, usufructuando un sistema judicial que debe hacer cumplir las leyes y no servir para intereses particulares.

El acto contó con una nutrida concurrencia, inusual en convocatorias de esa naturaleza, ya que se supone que sólo a los actores relacionados con el Derecho les interesa la marcha de la Justicia. En la ocasión, la presencia de las organizaciones de Derechos Humanos, muchos sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil le dieron color y contenido al llamado.

Una de las características de la concentración fue la composición social de los asistentes, que abarcó un amplio espectro. Había mucha gente proveniente de los barrios del Conurbano, ésos que suelen ser el blanco de todas las injusticias y de todas las agresiones por parte de las fuerzas del Estado (léase jueces y policías).

Otra peculiaridad fue la presencia de varios sindicatos, atendiendo a que aún hay dirigentes gremiales presos, algunos sin razón valedera. El “Pata” Medina, por ejemplo, fue encarcelado por exigir altos salarios y por imponer la contratación de una cooperativa –formada por jóvenes de humilde condición- para entregar el catering a los obreros de la construcción que trabajaban en los obradores. Es decir, por cumplir con su función fue acusado por “coacción agravada, asociación ilícita y extorsión reiterada”.

Una disciplinada columna, que portaba un gran cartel que rezaba “Pata Medina Conducción” se hizo presente en el acto. El susodicho soportó el calabozo por tres años y medio, entre septiembre de 2017 y febrero de 2021. Hoy, tres de las cuatro causas que se le iniciaron están caídas.

Las columnas más abigarradas fueron las de La Cámpora de San Miguel –cuyo grupo de percusión demostró que San Miguel siempre tuvo ritmo-; la del Frente Social Peronista y la de la Asociación Bancaria, cuya sección de bronces (trombón, saxo y trompeta) le puso música a la concentración. Otras columnas importantes fueron la del Peronismo Militante y la de la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA).

Es necesario señalar además que en las inmediaciones de la Plaza de Tribunales, sobre la avenida Corrientes, se desplegó un innecesario y excesivo operativo policial, que obligaba a los concurrentes a dar un rodeo para eludir las vallas instaladas, sólo para molestar.

El reclamo fue por los motivos ya expresados, pero inesperadamente, provenientes del Conurbano profundo, ése que no está ni en los diarios ni en las encuestas, aparecieron muchas voces usualmente silenciadas. Hombres y mujeres con pequeños carteles que apelaban a la Justicia, casi siempre ausente en sus vidas. Así, se vieron pequeñas pancartas armadas a mano de emergencia, denunciando femicidios, asesinatos de todo tipo, abusos policiales sin resolver, algunos que databan de muchos años. Inclusive, muchos de ellos posiblemente jamás lograrán una sentencia justa. Son heridas abiertas, de las que son víctimas los que pocas veces encuentran justicia. ¿Cómo se puede pedir respeto a una democracia que no respeta a los que menos tienen? ¿O que respeta sólo a los que más tienen?

Un polémico y atrevido discurso

El único orador del acto fue el siempre filoso juez Juan María Ramos Padilla. Sin apelar a ambages, el magistrado expresó que “no les tenemos miedo ni a éstos, ni a los mafiosos que los siguen», para quejarse porque “no puede ser que haya delincuentes con toga”.

Sin ahorrar epítetos, el juez aseguró que «hay muchas pruebas para que estos atorrantes se vayan”. Luego, con el ánimo de desechar algunas propuestas conciliadoras, Ramos Padilla reclamó que “no me vengan a correr con ampliar la Corte, queremos cambiar la historia del Poder Judicial. Algunos les dicen supremos, pero son delincuentes”, calificó, en referencia a los cuatro miembros actuales de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Eduardo Maqueda y Horacio Rosatti.

Luego, para describir las numerosas omisiones en las que suelen incurrir los cortesanos, definió que “podrían haber intervenido cuando nos chorearon 44 mil millones de dólares. Hoy estamos hasta el cogote porque estos atorrantes no hicieron nada”, agregando que “siempre son los mismos”.

Para cerrar, Ramos Padilla definió como objetivo que “tenemos que cambiar el sistema para que una mujer, cuando vaya a una comisaría no salga más golpeada”.

En apoyo de la convocatoria porteña, hubo concentraciones en todo el país. Miles de personas se reunieron en Mar del Plata, Neuquén, Bariloche, Bahía Blanca, Jujuy, Santa Fe, Rosario, Resistencia, Corrientes, Santa Rosa, Paraná, Córdoba y Viedma.

Jueza Martina Forns: “Que la sociedad se entere de lo que pasa con el Poder Judicial”

La titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín Martina Forns, integrante de la agrupación Justicia Legítima, manifestó a Noticias Urbanas que “estoy feliz de que el asunto de la Corte Suprema esté en la agenda del Pueblo, porque antes era sólo de interés para algunas asociaciones de abogados. Incluso dicen hoy que es cosa de kirchneristas y sindicalistas, pero se quedaron cortos. Hubo muchos otros sectores que expresaron su disconformidad, como las organizaciones de Derechos Humanos, la abogada de los tripulantes del ARA San Juan y el hermano de Santiago Maldonado”.

La magistrada se mostró complacida porque “salió mucha gente a la calle, a pesar de la pandemia. Fue gente que está muy enojada y pidieron la renuncia de la Corte, además de que quieren más amplitud, más diversidad y la implementación de políticas de género, que se encuentran muy retrasadas en la Justicia. La Corte no es activa con la perspectiva de género. Fíjese que tras el fallecimiento de la jueza Carmen Argibay y la renuncia de Elena Highton de Nolasco aún no hubo reemplazantes femeninas”.

“En cuanto a la Corte escuchamos que no tienen tiempo para tomar determinadas causas, pero eligen otras, como el caso de designar a Rosatti en el Consejo de la Magistratura y amenazar con que sino a todas las actuaciones de éste pueden declararlas nulas. Además, supimos que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCo), que es la que realizaba las escuchas, en lugar de resguardar las cintas grabadas, las remitían ilegalmente a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Es decir, que el Poder Judicial se las entregaba al Poder Ejecutivo”, declaró Forns.

Luego la jueza se alarmó porque se supo que “en el teléfono del prófugo Pepín Rodríguez Simón hay 39 llamados a Rozenkrantz. Hay hartazgo social con esta corrupción. Tampoco hay transparencia en las cuentas de la Corte. No sabemos qué se hace con el dinero, no se arreglan ni se reforman los edificios del Poder Judicial, ni existen rendiciones de las sumas gastadas”.

La jueza expresó que “en medio de todo esto aparece el lawfare, que se trata de un plan sistemático, con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos. Con esto presionan a jueces, como el suspendido juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, que pagó muy caro el no haber aceptado poner presos a los Moyano. También sufrieron el mismo tipo de presiones varios jueces del fuero laboral, como Luis Rafaghelli y el juez Luis Arias, del Fuero Contencioso Administrativo”.

En este sentido, la jueza Forns expresó que “sin querer ser autorreferencial, a mí me dejaron una granada cerca de mi casa, además de haberme armado dos causas absurdas, que las van a mantener hasta que algún día serán enviadas al archivo, porque no las cierran así nomás. Todo porque no autoricé un aumento de tarifas en agosto de 2016. No sólo eso, de la Corte dijeron que yo desprestigio al Poder Judicial. Cuando Rozenkrantz ingresó a la Corte Suprema, llegó con instrucciones precisas para anular mi fallo e impuso su criterio a los demás jueces y por eso pasó lo que pasó”.

Finalmente, la jueza expresó que es necesario “que la sociedad se entere de los que pasa en el Poder Judicial. Así empiezan los cambios”.

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