La Defensoría del Pueblo dispuso un operativo de observación el sábado 27 de agosto en el barrio de Recoleta. El objetivo fue recorrer la zona donde se desarrolló la manifestación pública, verificar el dispositivo de seguridad dispuesto por la Policía de la Ciudad y constatar la actuación del personal de esa fuerza.
En virtud de los acontecimientos observados, y de acuerdo a las distintas versiones vertidas informalmente desde el Gobierno de la Ciudad, la Defensora del Pueblo María Rosa Muiños inició un expediente de oficio a fin de requerirle al Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro, que informe las razones en las cuales se fundamentó la decisión de colocar vallas y restringir la circulación en al menos 4 cuadras alrededor del domicilio de la vicepresidenta.
También se pidió investigar la actuación del personal policial, en especial determinar responsabilidades en relación a los hechos de público conocimiento. Entre la información requerida, se solicitaron las características del operativo de seguridad desplegado, la cantidad de personal policial afectado, el equipamiento portado y la cantidad de personas aprehendidas con indicación de la autoridad judicial interviniente.
La Defensoría del Pueblo ratifica una vez más su compromiso para continuar trabajando en el monitoreo del accionar de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. La Policía de la Ciudad es una institución que forma parte del estado de derecho y es depositaria del poder coercitivo del estado. Cada uno de sus integrantes detentan innumerables atribuciones que deben ejercerse en el marco de los límites legales a fin de no cometer abusos ni excesos que lesionen derechos.
