Habrá que esperar el fallo de fondo de la Corte Suprema de la Nación sobre el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que incomodan a Cristina Kirchner, para terminar de dimensionar la escala de la pelea entre poderes. Pero la aceptación del per saltum que concretó esta semana el Máximo Tribunal del país generó un cimbronazo para la política.
Técnicamente, los cinco miembros de la Corte apuntaron al Consejo de la Magistratura: fue el órgano encargado de controlar a los jueces el que dio el puntapié inicial de la avanzada K, cuando aceptó revisar el traslado de 10 magistrados. Luego vendrían la intervención del Senado, que maneja la vicepresidenta y del Ejecutivo, para (intentar) el cierre de la jugada.
En concreto, pese a la lista original, sólo se removió a tres jueces: dos que desde una cámara federal confirmaron un procesamiento contra la ex presidenta por la causa de las coimas de los cuadernos (Bruglia y Bertuzzi) y un tercero, que integraba el Tribunal Oral Federal que va a juzgarla por esa causa (Castelli). ¿Qué dijo la Corte? Queda todo suspendido hasta que se analicen los tres casos, que pueden revestir gravedad institucional.
La reacción del kirchnerismo fue dispar: Cristina eligió al camporista Juan Martín Mena (segundo en el ministerio de Justicia) para que fuera la voz oficial del rechazo. Y, en paralelo, salieron en los medios algunos de sus alfiles habituales: la abogada Graciana Peñafort, el senador y ex secretario Oscar Parrilli, y el diputado y operador Eduardo Valdés. Puertas adentro, un sector del Gobierno y del Instituto Patria insisten en mostrar confianza en que el fallo de fondo de la Corte avalará las remociones. También transmitían optimismo antes de que se definiera si los cortesanos admitían o no el per saltum.
Ahora ya empezaron a correr algunos plazos procesales en función del fallo 5 a 0 del Máximo Tribunal (con un voto particularmente duro de su presidente, Carlos Rosenkrantz). Se les dio vista a la Magistratura, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que debe enviar el expediente (nunca llegó a fallar sobre los traslados) y deberá opinar además el procurador ante la Corte, Eduardo Casal. Se especula con que todo este proceso llevaría entre 7 y 10 días.
Ahora ya empezaron a correr algunos plazos procesales en función del fallo 5 a 0 del Máximo Tribunal (con un voto particularmente duro de su presidente, Carlos Rosenkrantz). Se les dio vista a la Magistratura, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que debe enviar el expediente (nunca llegó a fallar sobre los traslados) y deberá opinar además el procurador ante la Corte, Eduardo Casal. Se especula con que todo este proceso llevaría entre 7 y 10 días, hasta que formalmente la Corte estaría lista para expedirse. De todos modos el fallo, aseguran fuentes judiciales, podría demorar un poco más.
Si bien por la profundidad de la pelea nadie se anima a vaticinar un resultado, el tono que usó la Corte para aceptar el per saltum y, en particular, el antecedente de que el propio máximo tribunal avaló los traslados en 2018, parecen jugarle en contra al Gobierno. Con este escenario, las preguntas y las especulaciones se amontonan: ¿cómo reaccionará Cristina ante un fallo de fondo adverso? ¿Irán sobre los jueces de la Corte como están yendo contra el procurador Casal para correrlo? ¿Se acelerará el informe del consejo consultivo para recomendar cambios en el máximo tribunal? ¿Intentarán subirse a un eventual fallo adverso para proponer sus propios traslados?
La suma de estas incógnitas demarcará el territorio político en el que se desarrollará la ya tensa relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial.