La Coalición Cívica presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para poder sancionar a las organizaciones que manejen los planes sociales y obliguen a los beneficiaros a participar de los piquetes.
La iniciativa tiene como objetivo cambiar el artículo 149 bis del Código Penal para que éste deje en claro que, “si para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, se hiciere uso de amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de cuatro a seis años”.
Además, el proyecto propone una “inhabilitación especial por el doble tiempo de condena si el hecho lo cometiere un funcionario público o abusare de sus funciones”.
En ese sentido, también plantea modificar el artículo 168 del mismo código, el que establecerá, de ser aprobada la iniciativa sin ninguna modificación, que se reprima con “reclusión o prisión de cinco a diez años” a aquel que con “intimidación o simulando autoridad política o falsa orden” obligue a otro a entregar, enviar o depositar dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.
El proyecto fue presentado en medio de un gran debate por los piquetes y la asignación de los planes del Estado, puesto que algunos sectores de la política alegan que los movimientos sociales utilizan y obligan a los beneficiarios a participar de los cortes y reclamos con la amenaza de cortar el subsidio.
▶ Los fundamentos del proyecto
El partido político que responde a Elisa Carrió destacó que “en 2002, los planes sociales ascendían a 1.6 millones y, en 2022, llegan a 12.12 millones”, además de que cada persona puede cobrar más de un beneficio.
El proyecto sostiene que se la masividad que las asignaciones han alcanzado provocó una “dinámica abusiva promovida o tolerada por parte de algunos dirigentes sociales y políticos, quienes disputan el poder y muchas veces utilizan a los más necesitados para negociar”. Así, la Coalición Cívica acusó a los referentes de usar a los beneficiarios para disputar “altos cargos en el Gobierno”.
En esa línea, los fundamentos del proyecto cuestionan que “no existan” mecanismos de control para evitar que las personas que reciben ayuda social sean agrupadas en un ordenamiento jerárquico “compulsivo”, “para luego terminar siendo el botín de quienes se creen con derechos y atribuciones que no tienen”, según afirma el escrito presentado a Diputados.