El juez porteño Norberto Circo decidió mandar a Comodoro Py la investigación que sustancia la Ciudad por el ataque a los alrededores del Congreso. Para el magistrado, es claro que los hechos ocurridos el 10 de marzo pasado, cuando la Cámara de Diputados trataba el proyecto del Fondo Monetario, fueron un único episodio y por eso hay que investigarlo todo junto y no en dos causas separadas.
Todo se enmarca en lo ocurrido en torno al Congreso el pasado 10 de marzo, a raíz del tratamiento en la Cámara de Diputados del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese día fueron atacadas las instalaciones del Congreso Nacional, con pedradas directas a las oficinas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, según mostró ella misma en un video que difundió.
Las oficinas de los senadores José Mayans y Claudia Abdala, que también están en el frente del edificio legislativo, se vieron afectadas de la misma forma. Afuera del Congreso, a un policía le tiraron una bomba molotov y hubo otros incidentes de daños sobre los que avanzó la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero la jueza federal María Eugenia Capuchetti le pidió a su par de la ciudad que se inhibiera de seguir actuando y le remitiera sus actuaciones. Dijo que “existe una vinculación entre los hechos aquí investigados y los que tramitan en ese fuero y podría haber involucrado una conducta organizada de forma previa a la consumación de los hechos, con el fin de provocar el estado de alarma que sanciona el art. 211, CP, con el propósito de afectar la función legislativa”. Añadió que “tampoco puede soslayarse que los integrantes de la Policía de la Ciudad que fueron agredidos en el curso de estos mismos sucesos se encontraban cumpliendo funciones de seguridad en las inmediaciones del Congreso Nacional”
En la resolución a la que accedió Infobae, el juez Circo sostiene: “En esa tesitura, entiendo que las imputaciones forman parte de una hipótesis más amplia, como afirma mi colega -dijo el juez porteño-. Ante esta evidencia resulta conveniente que un único magistrado intervenga en ambos procesos, ya que proceder de forma contraria, implicaría duplicar los procesos y posibilitaría el dictado de pronunciamientos contradictorios respecto de un mismo contexto fáctico, los cuales podrían afectar también el principio “nen bis in idem” (doble juzgamiento). Así las cosas, resulta necesario que, en una misma trama argumental, conozca un único Juzgado, a fin de garantizar los principios de celeridad y economía procesal”.
La causa porteña tiene dos sospechosos con prisión preventiva: Oscar Santillán y el ciudadano venezolano Alexander Rodríguez Carrero, sospechados de ser parte de un asociación ilícita que protagonizó y coordinó los incidentes e incurrió en delitos como “atentado a la autoridad, daño agravado al patrimonio de la cuidad, obstrucción a la vía pública, ensuciar bienes y portar armas no convencionales”. Tanto Santillán como Rodríguez Carrero aparecen ligados al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).
En la causa de la justicia federal, hay 11 sospechosos. Dos de ellos -Jonatan Emanuel García y Leonardo Cáceres- ya fueron indagados y se negaron a declarar. Uno fue excarcelado y al otro se le concedió la exención de prisión tras prohibirle la salida del país. Un tercer implicado, sabiéndose buscado, ya se puso a través de un abogado a disposición de la justicia. Hay otros cuatro con pedido de captura porque no pudieron ser localizados en sus domicilios. Además, los investigadores identificaron a un sospechoso como la persona que les alcanzaba piedras a los que tiraban contra el edificio. Ninguno de ellos tiene antecedentes (salvo uno de ellos una causa cuando era menor de edad) y tampoco se ha acreditado una identificación pública a un partido político u organización. La causa no tiene detenidos, pero sigue la investigación sobre los implicados.
Las diligencias, que aún están en trámite no han permitido establecer que haya existido una “organización” para atacar las oficinas de la ex presidenta de forma direccionada, más allá de que se vea una “coordinación” a la hora de atacar la sede del Congreso Nacional, señalaron las fuentes. “No está acreditada una intencionalidad contra Cristina Kirchner en particular”, insistieron.
El juez porteño analiza su competencia sosteniendo: “Es de público conocimiento que los hechos sucedidos el 10 de marzo de 2022, comenzaron con agresiones hacia el Congreso de la Nación. También, es notorio que ese día, una gran cantidad de gente (aún muchos sin identificar), arrojaron piedras y pintura hacia el erario nacional, circunstancia que surge de todos los videos colectados y de las fotografías exhibidas en los medios de comunicación, que dan una clara y contundente evidencia respecto a la idea del accionar de este grupo de personas: ensuciar, destruir y hasta impedir, la votación que se encontraba realizando dentro del Congreso de la Nación”.
Y señaló: “En este orden de ideas, en aras de mantener una buena administración de Justicia de esta Ciudad de Buenos Aires y toda vez que, el Ministerio Público Fiscal, de esta Ciudad, ha realizado una excelente, eficaz y veloz investigación de los hechos, que en principio resultan ser competencia local, lo cierto es que ellos se enmarcan en un contexto más amplio que no puede perderse de vista”.
El fallo agregó que “de la prueba recabada y de la cantidad de medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal de esta Ciudad de Buenos Aires, se desprenden diversas acciones de los aquí imputados con relación a los ataques al Congreso de la Nación. Basta con ver a Santillán y a Rodríguez Carrero (incluso con una gomera, este último) arrojar piedras hacia el Congreso, para llegar a esa conclusión”. Además, dijo, “se encuentra debidamente probado que el accionar contra el Congreso de la Nación, derivó en el ataque a la Policía de esta Ciudad de Buenos Aires y a los posteriores desmanes, provocando un daño a su erario público”.