Los legisladores nacionales del bloque opositor Juntos por el Cambio (JxC) le enviaron una nota al jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, exigiendo que se ocupe el cargo vacante en la Agencia de Acceso a la Información Pública y que anule la postulación para dicha función de un ex asesor suyo, Gustavo Fuentes.
Se trata de una iniciativa que encabezó Karina Banfi junto a las diputadas Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Dolores Martinez y la Senadora Nacional Silvia Elías de Perez. En esa nota, cuestionaron la falta de idoneidad de Gustavo Fuentes y su independencia política y le enviaron una nota al Jefe de Gabinete para que dé por concluida esa postulación y habilite una nueva.
La Agencia de Acceso a la Información Pública está sin titular desde el 1 de enero de este año, luego de la renuncia de Eduardo Bertoni, designado en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri. Bertoni dejó su cargo para asumir como representante alterno de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para América del Sur. El ex funcionario tenía mandato hasta agosto de 2022, ya que el nombramiento era por cinco años.
Tras casi dos meses sin definiciones, el Ejecutivo propuso finalmente a Fuertes.
“La idoneidad y trayectoria en los temas de acceso a la información es fundamental porque es requisito indispensable para ocupar el cargo como exige la propia ley 25.275. Sin embargo, el poder ejecutivo busca continuar con esa designación violando la Ley de Acceso a la Información Pública”, advirtieron las diputadas.
Lo que le piden a Cafiero es que se habilite un nuevo proceso de designación con otros candidatos que “cumplan con los requisitos correspondientes al cargo, y que cuente con la colaboración y participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta temática”.
“Sin una dirección idónea, la Agencia (AAIP) se ve debilitada para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos. Este es un mecanismo clave para supervisar los actos de gobierno y la rendición de cuentas”, afirmó la Diputada Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública y autora de la nota.
Asimismo, agregó que “el acceso a la información que produce el Estado es un derecho humano fundamental y autónomo que obliga a todo el Estado a priorizar y defender el pleno ejercicio ciudadano. Además, manifestó que si el Gobierno decide avanzar con esta candidatura, reclamarán ante los organismos de derechos humanos internacionales”.