Pese al anuncio del Gobierno de la entrega de un bono de 45 mil pesos para los sectores más vulnerables, el kirchenirsmo duro decidió avanzar en el Senado con la aprobación de un ingreso especial similar a la canasta básica alimentaria, que en agosto fue de $17.149, para aquellas personas que se encuentren por debajo de la línea de indigencia.
La iniciativa fue presentada por la ultracristinista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) tres meses atrás y su tratamiento había quedado congelado tras el anuncio del Gobierno de que daría un refuerzo con parte de los fondos recaudados por la implementación del denominado dólar soja.
El proyecto será discutido el miércoles próximo en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y todas las señales indican que la intención es emitir dictamen. De así hacerlo, el texto quedaría en condiciones para su tratamiento en el recinto de la Cámara alta en la próxima sesión.
El escenario no podría ser más complejo y volátil para el oficialismo. Además de las quejas públicas del kirchnerismo contra el gobierno nacional, plasmadas en el discurso de Máximo Kirchner en el acto por el Día de la Lealtad; en Diputados se discute el presupuesto en medio del tironeo por el reparto de fondos, sobre todo de parte de las provincias gobernadas por el peronismo.
En ese sentido, el proyecto que garantizaría un ingreso fijo a quienes se encuentren por debajo de la línea de indigencia tiene un alto costo fiscal reconocido por la propia Di Tullio.
El costo para todo el año próximo podría ascender al 0,6% del PBI, una cifra superior a los $400.000 millones, según confió Di Tullio hace dos meses cuando mantuvo una reunión en el Senado con organizaciones sociales. En ese encuentro, la senadora dijo que el proyecto había sido pedido por Cristina Kirchner.
La iniciativa que se discutirá el miércoles crea un “refuerzo de ingresos” similar a la canasta básica alimentaria que tendrá por “objeto reducir la indigencia en todo el territorio nacional”. La prestación será mensual, no contributiva y tendrá la vigencia de un año, pudiendo renovarse siempre y cuando se cumplan los requisitos que establezca la ley.
Al respecto, podrán acceder al beneficio los hombres de 25 a 64 años y mujeres de 25 a 59 años que no perciban ningún otro plan social ya se sean del orden nacional, provincial o municipal, jubilación, pensión o seguro de desempleo.