La Justicia porteña se declaró incompetente para investigar el hackeo que sufrió el exministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En una resolución, la jueza María Araceli Martínez pidió que el expediente pase a los tribunales de Comodoro Py y se acumule a la investigación por el viaje a Lago Escondido de jueces, fiscales y empresarios (junto con D’Alessandro) que lleva adelante el juez federal Sebastián Ramos.
La jueza porteña Martínez firmó el viernes una resolución de 16 carillas en la que afirmó que “la competencia de este fuero local, a la luz de los hechos investigados y sus implicancias, se encuentra superada”, y que corresponde el pase al Fuero Federal. Lo hizo después de un pronunciamiento de la fiscal Daniela Dupuy, que lo había peticionado anteriormente.
La magistrada sostuvo que “esta justicia local ha logrado determinar, con el grado de certeza que la etapa requiere, la identidad de algunos de los implicados en los hechos investigados”. Además, sostuvo que la solicitud de incompetencia de la fiscal “implica tácitamente el reconocimiento, por parte de la directora de la investigación, de que las medidas urgentes ya se han agotado”.
La causa que estaba radicada hasta el momento en la Justicia porteña se había iniciado a partir de una denuncia de D’Alessandro, presentada en noviembre del año pasado.
Los fundamentos
En los fundamentos de su pedido, la fiscal había señalado que correspondía la declaración de incompetencia y la acumulación con la causa del viaje a Lago Escondido, ya que “entre los casos mencionados y el presente, existe identidad de objeto y sujetos en función de lo cual, mantener las dos investigaciones separadas, podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios”.
Dupuy también había estimado que en el caso concurrían los elementos típicos para enmarcar el caso como una asociación ilícita. Pero la jueza Martínez se opuso al considerar que resulta prematuro porque “aún no se ha determinado la cantidad de personas que efectivamente habrían formado parte del acuerdo orientado a cometer ilícitos indeterminados”.
Entonces, la investigación en jurisdicción porteña logró llegar hasta el autor material, pero no hasta la persona o las personas que le encargaron la maniobra por medio de la plataforma de mensajería con el usuario “Eljuanxa”.
Tras la decisión que se conoció al concluir un plazo de secreto de sumario, todo indica que la causa va a terminar en manos de Ramos, en Comodoro Py.
Si prospera la revisión del planteo de la fiscal y de la jueza, el expediente sería enviado a Retiro, para acumularse a la causa por el viaje a Lago Escondido, donde se investiga la posible aceptación por parte de magistrados y funcionarios de determinados servicios de costo económico ofrecidos por empresarios en razón de sus cargos. Ahí también se investiga, en otro expediente acumulado, el hackeo y espionaje hacia parte de los implicados.
En el expediente, D’Alessandro está constituido como querellante y viene de rechazar un pedido para apartarse de la causa por temor de parcialidad a partir de su supuesto nexo con el exfuncionario porteño.
El autor
La investigación encontró al autor material del hackeo, el joven Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, un hacker de 22 años oriundo de la localidad de Eldorado, provincia de Misiones, que fue allanado e imputado. En sus dos declaraciones indagatorias en la sede judicial confesó el hecho y contó que lo contactaron por Telegram para hacer el “trabajo” a cambio de una paga.
Nuñes Pinheiro está con custodia. Su defensa, a cargo de los abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko, pidió que sea amparado bajo la Ley del Arrepentido, ya que “está dispuesto a seguir colaborando y a realizar cualquier tarea tendiente a esclarecer los hechos”.
Además de D’Alessandro, los damnificados mencionados en la resolución son los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso (del tribunal que condenó a Cristina Kirchner), Gustavo Hornos, el diputado nacional Diego Santilli y Cristina Vanesa Figueroa, Verónica Salido, Luis Esteban Barbier y María Eugenia Piperio.