El Frente de Todos avanzó el miércoles con el dictamen del proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con bienes sin declarar radicados en el exterior en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto. Sin embargo, las chances del oficialismo de alcanzar una mayoría en el recinto de la Cámara de Diputados son casi nulas.
La iniciativa sumó 41 firmas en el plenario contra 36 firmas del dictamen de minoría en rechazo. Graciela Camaño, del Interbloque Federal, pidió tiempo hasta este jueves para presentar un tercer dictamen en minoría.
El blanqueo para pagarle al FMI fue impulsado por el senador kirchnerista Oscar Parrilli y viene con media sanción de la Cámara alta. Allí obtuvo 37 votos del Frente de Todos (35), el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana, Clara Vega.
En Diputados el oficialismo tiene 118 votos y necesita sumar otras 11 voluntades para llegar al quórum de 129. Dado que Juntos por el Cambio la rechaza de plano, al igual que los libertarios, los diputados de los bloques provinciales y el Interbloque Federal tendrán un rol clave.
Sin embargo, las señales desde esos interbloques por el momento no son nada favorables. “Es un blanqueo invotable”, aseguró a Infobae el diputado de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez. En la misma línea, incluso puso en duda que el proyecto cumpla con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una entidad que combate el lavado de activos de la cual Argentina forma parte.
Durante el debate, Graciela Camaño hizo varias críticas al texto desde el punto de vista de la técnica legislativa. Por ejemplo, señaló que en varios artículos se habla de un fondo, mientras en otros se hace referencia a un tributo o a una pretensión fiscal.
“Bajo ningún punto de vista se puede acompañar este texto. No es de cualquier manera, es como corresponde”, dijo Camaño, y adelantó que firmaría un dictamen propio.
📄| DICTAMEN PARA DOS INICIATIVAS
El proyecto de alquileres y la creación de un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, se aprobaron en el Plenario de las Comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
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— Diputados Argentina (@DiputadosAR) June 22, 2022
Por otro lado, el proyecto oficialista también sumaría el rechazo de los tres diputados de Córdoba Federal. Estos suelen actuar en sintonía con la senadora Alejandra Vigo, que ya votó en contra del fondo para pagarle al FMI cuando se debatió en la Cámara alta.
Entonces, sin los bonaerenses, sin los cordobeses y sin los cuatro diputados del Frente de Izquierda -que rechazan el proyecto porque consideran que la deuda con el FMI es ilegítima-, el proyecto impulsado por el kirchnerismo duro no tiene chances de ser aprobado en Diputados. Incluso si el oficialismo lograra convencer a los cuatro diputados de Provincias Unidas, al neuquino Rolando Figueroa y a los dos legisladores del bloque SER, todavía le faltarían cuatro votos para llegar al quórum.
“Esta ley sería un gran paso para recuperar los fondos fugados de evasión impositiva con cambios de residencia o destinarlos a políticas de crecimiento”, aseguró el oficialista Carlos Heller, quien habló como miembro informante de la iniciativa.
El proyecto plantea que los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, el equivalente al 20% de esos activos fugados sin declarar si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.
El proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
También se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar plazos de pago que podrán llegar hasta 12 meses y se dispone que las personas obligadas que no ingresen el pago deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes impositivas.
Desde el kirchnerismo estiman que se puede llegar a recaudar más de USD 20 mil millones, que serán destinados únicamente para el pago de los USD 44 mil millones de deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018. La duración de esta ley, de aprobarse, sería hasta recaudar la misma cifra que se le adeuda al FMI.