El diario digital Infobae anticipó este martes que el fiscal federal Ramiro González decidió impulsar ante el juez Ariel Lijo una investigación para determinar si hubo delito en la puesta en marcha del llamado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que es el fideicomiso ideado por el ex secretario de Comercio, Roberto Feletti, para desacoplar los precios del trigo.
En los hechos, según la jerga judicial, ese exfuncionario kirchnerista quedó imputado en el proceso judicial, es decir que será investigado.por la presunta comisión de algún delito. La denuncia fue impulsada por tres diputados de la Coalición Cívica, las nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, y el legislador provincial bonaerense Luciano Bugallo. Parte de esa denuncia se basa en un artículo de Bichos de Campo, que contó sobre el sospechoso pago de un subsidio de al menos 1.100 millones de pesos a Molinos Cañuelas.
La denuncia había sido presentada por diputados de la Coalición Cívica que plantearon que “se trató de un subsidio dirigido a una sola compañía molinera”. También se sostuvo que la operatoria de ese fideicomiso podría implicar la posible comisión de delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de activos.
El número de expediente es el 1844/2022 y se denomina “Feletti, Roberto y otros S defraudación”. Tramita en el Juzgado 12, Secretaría 23.
El 22 de mayo, Feletti renunció a la Secretaria de Comercio Interior, cargo al que había llegado tras la derrota oficialista en las elecciones legislativas del año pasado. Alfil de Cristina Kirchner, Feletti hizo público su alejamiento en desacuerdo con la política de control de precios del Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán.
La nota original -citada en la denuncia- informó que Molinos Cañuelas cobró el viernes previo al lunes 22 de mayo, día de la renuncia de Feletti, la mayor parte de los casi 1.400 millones de pesos que Comercio Interior informó haber pagado el viernes a través de ese fideicomiso que es administrado por el BICE. Bichos de Campo publicó copia de un comprobante de transferencia: Fueron exactamente 1.098.951.866,38 pesos que a las 14,52 del viernes -a minutos del cierre de los bancos- cambiaron de manos desde la cuenta del FETA a una cuenta corriente de Molinos Cañuelas en el Banco Supervielle.
¿Cuál es el problema? En principio que estos desembolsos por casi 1.400 millones de pesos en total fueron dirigidos a solo tres empresas de las cuales dos eran del mismo grupo económico: Molinos Cañuelas y Molino Florencia son del mismo dueño, la familia Navili. El tercero que cobró migajas de esa suma total fue Molisud SA, un pequeño molino de la localidad pampeana de Jacinto Arauz, cuyo dueño se ha manifestado muy cercano al kirchnerismo.
El pequeño detalle es que hay un universo de 160 molinos en el país, de los cuales 158 se opusieron a este fideicomiso por sospechar que no iba a cumplir con el objetivo declamado por Feletti (reducir el precio del pan común), porque sospechaban que era un traje a medida de Cañuelas (debido a una serie de posibles irregularidades en la confección de las resoluciones y el giro del dinero), y porque sobre todo sospechaban que el Estado iba a dejar impagas las deudas de los molinos que subsidiaran la harina vendida a sus clientes, como ya sucedió en 2008/2010, cuando las compensaciones de la ex ONCCA.
Es decir que cuando se produjo el desembolso de 1.100 millones de pesos a Cañuelas, había una inmensa mayoría de molinos que rechazaban el FETA. Feletti no puede decir que no conocía este contexto, pues las tres cámaras de la industria molinera (FAIM, CIM y APYMIMRA) habían planteado sus objeciones en sendos comunicados, y además se habían reunido con el funcionario en varias ocasiones.
Feletti, sin embargo, insistió y apuró el trámite para hacer el millonario desembolso, a punto tal de que se duda de que el Fideicomiso administrado por el BICE haya cumplido con todos los pasos legales establecidos en la propia normativa emitida por Comercio Interior, como la designación de un veedor especial para supervisar cada uno de los pagos.
La estrategia que Feletti incluso hizo pública a través de comunicados de la propia Secretaría es que iba a desestimar la posición de las entidades empresarias para negociar con cada una de las empresas para que se sumen al fideicomiso. En una entrevista con Bichos de Campo, voceros de Molinos Cañuelas expresaron que ellos iban a seguir adelante pese a las objeciones de sus pares, pues confiaban que tarde o temprano más molinos se sumarían al operativo, ya que no podrían soportar la competencia de la propia Cañuelas, que detenta el 20% del mercado y gracias a los subsidios oficiales podría salir a vender la harina más barata.
Más allá de la cuestión de fondo (que es preguntarse por qué los molinos no aceptan ser parte de un fideicomiso para subsidiar la harina con 400 millones de dólares recaudados supuestamente con el aumento de las retenciones a la soja), hay muchos otros indicios que merecen ser investigados por la justicia, para desentrañar si realmente este no fue un traje preparado por Feletti a la medida de Molinos Cañuelas, una empresa que ingresó a convocatoria de acreedores en septiembre de 2021, con un pasivo semejante al del cuestionado grupo Vicentin y que incluye deudas con el Fisco y con el Banco Nación por cifras considerables. A los bancos públicos (Nación, Provincia y Ciudad) Cañuelas los clavó con más de 10.000 millones de pesos. A la AFIP le debe más de 2.500 millones.
Una sospecha es que Feletti comenzó a presionar por este fideicomiso en diciembre pasado, previo al inicio de la guerra en Ucrania. Como de sus negociaciones con el sector agrícola y otras áreas del propio Gobierno solo obtuvo un fideicomiso limitado para subsidiar los paquetes de harina de 1 kilo que se vendían bajo el programa de Precios Cuidados, con la excusa del conflicto bélico insistió y logró primero la suba de las retenciones a la soja y luego la conformación del FETA, directamente bajo su órbita.
El FETA establecía ciertos requisitos para acceder a las compensaciones. Por ejemplo, a cualquier empresa común se le reclamaba mostrar el certificado de tener al día todos sus impuestos con la AFIP. Pero Cañuelas -pese a su abultada deuda, incluso con el Fisco- podía ingresar sin problemas porque se consideró expresamente que el pasivo comprendido en el concurso era considerado “deuda no exigible” a los fines del operativo triguero.
Otra sospecha -quizás la más importante- radicaba en que en principio el Fideicomiso se anunció con el objetivo de subsidiar la harina Triple Cero, que es la que se utiliza para elaborar el pan común, que supuestamente era el producto que preocupaba al gobierno. Pero Feletti luego terminó redactando una reglamentación que incluyó otros productos (hasta suntuosos) en los que Cañuelas es la líder indiscutida del mercado, como la harina Cuatro Ceros, las Premezclas, las Premezclas.la harina tapera (para pascualinas) y el Semolin, utilizado para ciertos tipos de fideos. Buena parte del dinero que recibió Cañuelas, entonces, fue para subsidiar este tipo de harinas, que no tienen como público a los consumidores de más bajos ingresos.
El mecanismo de pago también fue más bien difuso: como la mayoría de los molinos expresaba su desconfianza a que el FETA sea un buen pagador en tiempo y forma, Feletti alteró las reglas para establecer que el fideicomiso anticiparía a los molinos inscriptos un 75% de los volúmenes, a devolver una parte con el primer desembolso del Fideicomiso (luego de chequear la venta de la harina subsidiada) y otra parte recién a fines de 2022. No se publican los datos sobre los volúmenes de venta de cada empresa en ningún lado. Por lo tanto, también es imposible de comprobar si las panaderías que reciben la harina barata trasladan ese beneficio a los consumidores.
Con los 1.100 millones de pesos que recibió como anticipo, Molinos Cañuelas habría salido a fijar reglas en el mercado, imponiendo perentorios plazos de pago a sus compradores muy diferentes a los que podían exigir sus competidores, entre otras condiciones. Esta situación fue denunciada por las Pymes del sector molinero pero también fue desoída por Feletti y más recientemente por su sucesor en el cargo, Guillermo Hang. Se produjo entonces la perplejidad de que la Secretaría de Comercio Interior, que debe velar por una competencia leal en el consumo doméstico, terminó apañando lo contrario.
Apenas se conoció la denuncia que ahora decidió impulsar la justicia, Molinos Cañuelas hizo público en un comunicado en el que explicó que decidió ser parte del FETA “con el fin de colaborar para que la harina y sus derivados lleguen con un precio más económico a la mesa de todos los argentino” y rechazó haber recibido algún beneficio.
Pero, según informó Infobae, “tras repasar los términos de la denuncia, el fiscal González pidió citar a declarar a los denunciantes para que ratifiquen y aporten más información y requerir a la Secretaría de Comercio Interior que la resolución en cuestión, las actuaciones anexas y el registro de los beneficiarios y los comprobantes que den cuenta de las transferencias bancarias que se hubieren efectuado en consecuencia; y cualquier otra constancia vinculada con ello”.
El Ministerio Público también solicitó copia del expediente de Molinos Cañuelas para saber “quiénes son los acreedores del concurso preventivo y la sentencia recaída” y pedirle a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación que “indiquen si se han realizado informes de auditoría sobre la creación e implementación del fideicomiso de administración del FETA”.