Una reciente encuesta reveló que el 48 por ciento de la población argentina cree que la reforma laboral propuesta por el gobierno ayudará a crear más empleos. Esa cifra pone de relieve un apoyo significativo —aunque no mayoritario absoluto— a la idea de que los cambios en la legislación laboral podrían dinamizar el mercado de trabajo.
El sondeo refleja un escenario social dividido. Mientras casi la mitad de los consultados apuesta a que la reforma generará puestos de trabajo, el resto se muestra escéptico o dudoso sobre sus efectos reales. Esa ambivalencia da cuenta de las incertidumbres que despierta la iniciativa, en un contexto económico marcado por la inflación, la caída del empleo registrado en ciertos sectores y la demanda de estabilidad laboral.
A favor de la reforma se destaca que muchos ciudadanos consideran que la modificación de normas podría alentar las contrataciones, flexibilizar las relaciones laborales y atraer inversiones. Esa expectativa se apoya en voces que atribuyen a la normativa un rol clave para incentivar la creación de empleo, reducir la informalidad y permitir mayor dinamismo económico. Según uno de los relevamientos, un 36,7 por ciento cree que se generarán “muchos” puestos, y otro 11,4 por ciento que surgirán “algunos”.
Sin embargo, entre quienes rechazan o desconfían del proyecto, existe un fuerte temor de que la reforma derive en pérdida de derechos, precarización laboral o empleo de menor calidad. Para ese sector, la flexibilidad laboral puede convertirse en sinónimo de inestabilidad, con salarios más bajos, menos protecciones sociales, y menos garantías en general.
El debate adquiere especial tensión en territorios como Mendoza, donde otro sondeo realizado por RZ Consultora evidenció que, si bien el 64,5 por ciento considera que una reforma es necesaria, al mismo tiempo una mayoría dice tener poca o muy poca información sobre sus alcances. Eso se traduce en una mezcla de apoyo, incertidumbre y temor, sobre todo en lo que respecta a derechos laborales y condiciones de contratación.
Para quienes impulsan la reforma, los datos del 48 por ciento representan un respaldo social relevante: un termómetro de la opinión pública que puede facilitar la discusión parlamentaria y dar margen para avanzar en la agenda laboral. Para la oposición, en cambio, ese respaldo fragmentado y a la vez dudoso revela fuerte resistencia al modelo de flexibilización; la presión pública podría cerrarse ante amenazas reales o percibidas sobre la pérdida de derechos.
En definitiva, la encuesta sobre la reforma laboral muestra una sociedad dividida: hay optimismo respecto de la posibilidad de crear empleo, pero convive con preocupación por la calidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. Que casi la mitad de la población vea con buenos ojos esta reforma no garantiza consenso, pero marca una tensión clara: entre quienes apuestan al cambio como motor de empleo, y quienes lo ven como un riesgo para la estabilidad laboral.