El FdT quiere penalizar a los que nieguen el terrorismo de Estado

El FdT quiere penalizar a los que nieguen el terrorismo de Estado

Los detalles sobre la Ley 30.000 que está elaborando Marcelo Koenig.


El diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Koenig, está elaborando un nuevo proyecto en torno a los Derechos Humanos. Se trata de la Ley 30.000, «que tiene por objetivo penalizar el negacionismo, aquellos mensajes que nieguen el terrorismo de Estado, los que sean apologistas del genocidio o crímenes de lesa humanidad», detalló el diputado.

Al dar cuenta sobre los principios de este proyecto, el dirigente peronista indicó que “en el horizonte de nuestra sociedad aparecen nubarrones. Vuelve a aparecer un negacionismo peligroso, una nostalgia de la mano dura, un elogio del autoritarismo, un desprecio por la vida humana». Y agregó que «no es casualidad que cada 24 de marzo se recrudecen los ataques políticos y mediáticos contra madres y Abuelas de Plaza de Mayo».

«Muchas veces esto se expresa en la negación del genocidio, y particularmente con ensañamiento con la cifra real y simbólica de los 30000 desaparecidos. Es por ello, “estamos proponiendo una norma que se llame “Ley 30.000” que penalice el negacionismo. Pero no con cárceles -el punitivismo nunca fue nuestra bandera-, sino con penas pecuniarias, pues suponemos que el bolsillo les duele mas que la libertad a los negacionistas. Y por supuesto con la consecuencia para aquellos que niegan el terrorismo de Estado la inhabilitación absoluta por un tiempo determinado para ser funcionarios públicos», explicó Koenig.

Además, aclaró: «Pero nuestro proyecto no se agota solo con sancionar el negacionismo, necesitamos ir más allá y así como lo hicimos con la ley Micaela y con la ley Yolanda, que estableció la capacitación obligatoria en temas cruciales para la sociedad como lo son los derechos de las mujeres y las diversidades y el medio ambiente, también lo queremos hacer con los derechos humanos»

Otro de los puntos importantes de esta iniciativa es que se propondrán capacitaciones obligatorias en derechos humanos para todas las personas que integran los tres poderes del estado nacional.

 

 

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