El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) presentará este viernes un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de revertir la medida cautelar dictada a favor de Telecom y que suspende para esa empresa la aplicación del DNU 690/2020, que declaró servicio público a las telecomunicaciones.
La apelación ante el máximo tribunal busca modificar la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que admitió una presentación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar en su favor que suspende temporalmente los artículos 1 al 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020.
El presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, manifestó: “Vamos a ser muy rigurosos en lo que podemos exigir. El DNU 690 está ratificado por el Congreso, es una ley y hay que cumplirla, no es una cosa personal, las leyes están para cumplirlas”.
Por su parte, el vicepresidente del ente, Gustavo López, dijo que en la presentación que se realizará ante la Corte “nos acompañan todas las asociaciones de consumidores”.
López, señaló que, para la resolución de ese litigio, uno de los integrantes del máximo tribunal, el juez Carlos Rosekranzt, debería excusarse, debido a su pasado como representante legal del Grupo Clarín. “Se tiene que excusar porque fue abogado del grupo, no debería intervenir en esta causa”.
Disconforme con la actuación de la justicia hasta el momento y con la postura de la empresa Telecom, perteneciente al Grupo Clarín, Gustavo López explicó la evolución de la causa. “Hicieron lo que nosotros denominamos fórum shopping, esto es, para ir contra el decreto se dirigieron a una cantidad de juzgados enormes, en cada uno fueron a pedir un recurso de amparo y la inconstitucionalidad del decreto, los fueron rechazando hasta que consiguieron uno, uno de los negocios que estaba abierto, que era la sala II del proceso administrativo federal”, explicó.
El funcionario cuestionó además a los jueces que accedieron a la presentación realizada por la empresa, al considerar que “para estos jueces no existía nadie del otro lado, ningún usuario ni ciudadano, que son en definitiva quienes va a pagar estos aumentos monstruosos que le han liberado, le permiten a una empresa cobrar lo que quiera en una actividad que es un servicio público”.