El Gobierno de Mauricio Macri gastó casi 14 millones de euros en aviones para el Ministerio de Defensa que no estaban en condiciones de volar. La gestión de compras fue llevada a cabo por la cartera de Defensa, en el período 2016-2019, bajo la gestión de Oscar Aguad.
Una vez seleccionados, el Gobierno argentino realizó los convenios con el gobierno de Francia para la adquisición, por parte del Estado Mayor General de la Armada, de cinco (5) aeronaves de combate SEM (Súper Étendard Modernisé) y de cuatro (4) buques patrulleros oceánicos multipropósito OPV (Offshore Patrol Vessel).
Ahora, por medio de una nota, el gobierno de Alberto Fernández le pidió a su par de Francia que haga gestiones para conseguir los asientos eyectables y otras piezas clave para poner en funcionamiento los aviones, pero la respuesta dilapidó toda posibilidad.
Con fecha 17 de marzo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas se dirigió a la Argentina para señalar que no se consiguió el objetivo. En la misiva, recuerda “las restricciones del Reino Unido respecto de exportaciones a la Argentina”, que atraviesan todos los gobierno por conocidas razones, y señala que estas “impiden conseguir los repuestos para los asientos eyectables”.
“Pero, además, como señaló el jefe de nuestra Marina en 2016, hemos perdido la mayor parte de la capacidad que se necesita para mantener operativas estas naves”, enfatiza la carta francesa, lo cual significa que ya en 2016, cuando gobernaba Macri y antes de que se le ocurriera comprar los aviones, los franceses advirtieron que las unidades en cuestión no podrían ponerse en uso y que no tenían personal para ocuparse de esos aparatos.
La investigación
En marzo de 2022 el Ministerio de Defensa concluyó a través de una investigación interna y auditoría que los Super Etendard eran aparatos en desuso que ya previamente a la compra de Macri se sabía que no iban a poder volar.
Los aviones llegaron en mayo de 2019, mucho después del G20 para el que los compraron (supuestamente), y ya en ese momento había informes de la Armada señalando que los repuestos eran muy difíciles o imposibles de conseguir.
La operación fue firmada por el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa Oscar Aguad, en tanto que los fondos los dispuso el entonces titular de Economía, Nicolás Dujovne.
Sin capacidad de volar, con escasa posibilidad de que se compraran los respuestos necesarios (ahora se confirma que la chance es inexistente), sin personal capacitado por parte del país proveedor y, por si fuera poco, entregados después de que se haga el evento para el que se debían destinar.
Advertencias ignoradas
La polémica compra ya había sido denunciada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), y está siendo analizada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción.
La auditoría de la Sigen da cuenta de estudios técnicos previos negativos, ya que, antes de la compra, “no se tuvieron en cuenta varios informes preliminares de la Armada Argentina que alertaban sobre la necesidad de garantizar determinados repuestos antes de concretar la transacción”, detalla Télam.
Asimismo, una auditoría interna del Ministerio de Defensa que dirige Jorge Taiana, realizada en 2022, concluye que las naves de combate estaban en desuso ya al momento de la operación.
Los cinco aviones Super Étendard fueron adquiridos para la Cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018. Sin embargo, los cazabombarderos franceses llegaron tarde, en mayo de 2019, y nunca fueron utilizados.
Sospechas de corrupción
La compra de cinco aviones que no volaban y no volarán jamás, que además llegaron tarde, no puede si no ser una pésima administración de recursos escasos y multimillonarios de los argentinos o, peor aún, un negocio. Hoy está siendo investigada por la Sindicatura General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción.
A la espera del pronunciamiento de los tres organismos mencionados y la posibilidad de, con esos dictámenes, realizar denuncias penales desde la administración central, surgen como posibles figuras delictivas para Macri, Bullrich, Aguad, Peña y Dujovne, entre otros, tres alternativas:
Se los podría acusar de incumplimiento de los deberes de funcionario público, si en principio la presunción y luego la recolección de pruebas arrojara que hiceron una compra de aviones con dinero del Estado que ya se sabían que no iban a volar para el momento del G-20.
Por otra parte la figura también podría ser de fraude en perjuicio del Estado, si eventualmente se señala que fueron maniobras con intencionalidad de generar gigantescas pérdidas para el erario público.
El peor caso sería que se los acusara también de cohecho, es decir que se interprete y pruebe que compraron aviones de guerra inútiles y entregados después del evento para el que se los adquiría debido a la recepción de una coima por parte de funcionarios a cambio de la operación ruinosa.