Por la presión de la Anses, el 25% de los jueces y fiscales intimados accedió a jubilarse. El organismo destacó que 1 de cada 4 de los funcionarios judiciales a los que se les reclamó que concluyeron sus trámites previsionales, formalizó los pasos que faltaban.
Esa cantidad, precisaron, equivale al 25% de las 210 carpetas presentadas en su momento por los funcionarios judiciales para iniciar el trámite jubilatorio y que ya completaron su gestión en la Anses.
Las intimaciones se efectuaron a partir de la modificación del régimen previsional, dispuesta por ley 27.546, que fue votada por amplia mayoría en el Congreso en marzo de 2020 y fijó un nuevo régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Esa ley transfirió desde el Consejo de la Magistratura a la ANSES la competencia para ejecutar los trámites de jubilación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.
La Anses argumentó que se había encontrado con más de 200 magistrados que iniciaron el expediente jubilatorio pero se mantenían en sus cargos, con la jubilación en suspenso, lo cual fue objetado por el Gobierno.
Quienes optaban por esa estrategia de dejar la jubilación en ‘stand-by’ seguían desempeñando la actividad como jueces o fiscales, y si en el Consejo de la Magistratura llegaba a prosperar alguna denuncia en contra de su desempeño en el cargo, entonces sí completaban el trámite.
El organismo había encontrado casos de funcionarios judiciales con expedientes de hasta 13 años de antigüedad que se mantenían en suspenso “con los perjuicios y gastos administrativos que eso generaba al organismo”, indicaron las fuentes de la Anses.
