El Gobierno porteño le llevó una contrapropuesta al gobierno nacional por la coparticipación. ¿Sería sólo para el traslado de la Policía Federal?
De acuerdo a la Constitución Nacional sancionada en 1994, las funciones y competencias que el Gobierno Nacional delegue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben ser acompañadas por los fondos correspondientes. Éste fue el caso del traspaso de la Policía Federal, que al unirse con la Policía Metropolitana, dio origen a la actual Policía de la Ciudad, que entró en funciones en enero de 2017. Los fondos adicionales que recibió la Ciudad en ese momento sirvieron para sostener la estructura profesional, edilicia y operativa de la Fuerza traspasada. Sin embargo, el Gobierno Nacional decidió intempestivamente, durante la pandemia, recortar esos aportes. Lo que estamos reclamando es la restitución de una responsabilidad financiera que es indelegable por parte de la Nación y que nunca debería haberse eliminado.
El juez Roberto Gallardo suspendió el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos. ¿Qué piensa usted de esa decisión?
El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos está destinado a la detección, verificación, identificación y detención de personas sobre las cuales exista una orden de captura por parte de la Justicia. Fue aprobado por la Legislatura porteña, y en esa ley se establece, entre otras medidas, una auditoría de la Defensoría del Pueblo sobre su uso. Este Sistema –que operaba en forma rotativa sobre 300 de las más de 10.000 cámaras dispuestas en todo el territorio porteño- funciona sólo nutriéndose de una base de datos de prófugos que es pública –se llama Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas (CoNaRC)- y lo que hace es identificar únicamente a las personas sobre las que pesa un pedido de captura de la Justicia, que eran en su momento aproximadamente 40 mil individuos. Para este trabajo es que se utilizan los datos que brinda el RENAPER sobre los prófugos, ya que el CoNaRC proporciona sus nombres y DNI y esos datos se validan con los que están en el RENAPER.
En ese sentido, ¿considera que es una herramienta indispensable?
Es imposible que cualquier integrante de las Fuerzas de Seguridad memorice las caras de 40 mil prófugos. Por eso hoy la tecnología nos da las herramientas necesarias para que ellos puedan trabajar. Mediante su uso, el Sistema permitió identificar y poner a disposición de la Justicia a 1.695 personas que eran buscadas por asesinatos, robos, narcotráfico, o delitos sexuales, entre otros. Al suspender su uso, el Juez Gallardo le está quitando una herramienta de combate al delito a la Ciudad de forma directa. Con este sistema detectamos a un abusador que estaba en el subteráneo y tenía más de 18 denuncias.
La disputa con Gallardo continuó y lo intimó a que explique cómo se usaron los datos biométricos del Presidente y Vicepresidenta. ¿Cual es su postura?
Del listado de 64 personas que dio el juez Gallardo, en las cuales están incluidas Madres de Plaza de Mayo, el Presidente de la Nación y la Vicepresidente, 63 no están incluidas en el Reconocimiento Facial. Solo está incluído Arshak Karhanyan, porque lo estamos buscando con todas nuestros sistemas disponibles. El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos en ningún momento fue utilizado para realizar tareas de espionaje, ni sobre el presidente, ni sobre la vicepresidenta, ni sobre ninguna otra persona. El juez basa su accionar alegando que todas las consultas realizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad al RENAPER fueron para nutrir el uso del Sistema de Reconocimiento Facial, cuando esto no es así ni nunca lo fue. El Sistema de Reconocimiento Facial utiliza sólo los datos que entrega el RENAPER sobre los prófugos cargados en la lista del CONARC.
¿Qué otras consultas se hacen al RENAPER?
Las otras consultas al RENAPER se hacen en base a diversos convenios vigentes, por ejemplo, cuando se efectúa una denuncia o se detiene a alguien o simplemente para cualquier trámite que necesite una certificación de la identidad de la persona. O, como sucedió durante la pandemia, para emitir el permiso de circulación. También se efectúan consultas ante controles de tránsito, certificaciones de domicilio o de antecedentes penales para poder ingresar a un trabajo. Adicionalmente, existe un convenio de cooperación técnica entre el RENAPER y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, por el cual el organismo nacional facilita sólo las imágenes de los rostros de las personas buscadas por orden judicial. Por lo tanto, las consultas a la base de datos del RENAPER se realizan para una infinidad de trámites diarios que dependen de la Ciudad –todos ellos habilitados por la Justicia-, y nunca para nutrir de información al Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos.
¿Qué opina de la política de Seguridad a nivel nacional?
La política de Seguridad a nivel nacional afecta a la Ciudad en la medida en que ésta implique una mayor o menor coordinación entre las Fuerzas federales y las porteñas. En este sentido, en términos generales, el vínculo es positivo y las vías de diálogo necesarias para las tareas de combate al narcotráfico, seguridad en manifestaciones frente a edificios federales o presencia en estaciones de trasbordo, se encuentran abiertas. Esto no quita que pueda haber divergencias sobre temas puntuales que involucren a la seguridad en la Ciudad, pero nunca al punto tal de que no se pudiera realizar un trabajo conjunto en la medida que fuera necesario.
¿Por qué cree que se desatan motines en algunas de las cárceles?
Sobre el tema carcelario, sólo tengo que decir que hoy las comisarias de la Ciudad están abarrotadas de presos, incumpliendo todas las normas internacionales de derechos humanos. Pusimos en notificación de esto al Secretario de Derechos Humanos de la Nación y pusimos en conocimiento al CELS. Hay violaciones fundamentales y sin embargo nadie actuó. Hicimos denuncias penales a la interventora del Servicio Penitenciario y hoy las comisarías de la Ciudad están abarrotadas de detenidos. Nos perjudica, sí. Hay más de 1500 policías que deberían estar cuidando a los vecinos y que, en vez de eso, están haciendo de guardiacárceles. Aún así, no nos van a hacer mover un milímetro de nuestra decisión de darles seguridad a los vecinos y vecinas de la Ciudad y a los millones que ingresan de forma diaria.
Usted apuntó contra el Polo Obrero y otras organizaciones por el acampe. ¿Cree en el derecho a cortar las calles? ¿O cree que se deben usar otros medios para reclamar?
En primer lugar, debemos aclarar que nunca me he manifestado en contra del derecho a la protesta, que es un derecho garantizado por la Constitución Nacional. Lo que sucede con los cortes de calles es que generan un hastío particular sobre quiénes transitan, trabajan o visitan la Ciudad, especialmente cuando se cortan todas las vías de circulación de, por ejemplo, la Avenida Nueve de Julio o cuando se sostienen exageradamente en el tiempo, como puede ser durante una acampe. No obstante, bien vale interpelar a las organizaciones que lideran los reclamos. En tanto Capital Federal, somos conscientes de que las protestas que atañen a la Nación se van a realizar en nuestras calles. Pero esto no quita que impedir la circulación del transporte público –como es el caso del Metrobus- o realizarlas durante tiempos razonables atente contra los objetivos de la protesta. Y como decimos siempre, la violencia es el límite. No permitiremos ni agresiones, ni atentados contra los vecinos, ni contra los bienes de la Ciudad.
