El martes 5 de mayo, Cristina Fernández de Kirchner fue por tercera vez en menos de un mes a la Quinta de Olivos. Estuvo reunida varias horas con Alberto Fernández. Poco trascendió de ese encuentro entre el presidente y la vice, a solas, pero se barajaron distintas obviedades: que habían conversado del coronavirus, de la cuarentena, de la deuda y del debate por la liberación de presos, entre otras cosas, algunos de los temas que dominaban –y varios aún dominan- la agenda política.
Pero, más allá de esas especulaciones, lo que quedó claro, en los hechos, es que luego de esa reunión se produjeron movimientos que vinculan a la dupla con la Justicia: por un lado, la Oficina Anticorrupción, que depende el Ejecutivo, desistió de seguir como querellante en los dos casos que quizá más pueden complicar a la ex mandataria, conocidos como Los Sauces y Hotesur. Y por el otro, se retomó el embate del kirchnerismo para modificar –otra vez- la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un debate que Alberto F. había dado por cerrado en la campaña y en el arranque de su gestión y ahora, llamativamente, reabrió.
Las dos preguntas centrales que se dispararon se concentran en el cuándo y el dónde. ¿Por qué Cristina decidió acelerar ahora para intentar aliviar su situación judicial? ¿Y por qué apuntó al máximo tribunal?
Respecto a los tiempos, hay al menos un par de teorías. La central, con cierto consenso en diferentes actores, es que si hay una razón por la que la vicepresidenta buscó el nuevo cargo, manteniéndose como garante de los votos, se relaciona justamente con sus causas en tribunales. El “sus”, claro, incluye a los hijos de Cristina, involucrados justamente en las causas Los Sauces y Hotesur, por formar parte de los directorios de esas empresas. La acusación contra la familia Kirchner es bastante básica: los investigaron y serán juzgados, presuntamente por favorecer a ciertos empresarios, como Lázaro Báez y Cristóbal López y luego recibir supuestos retornos a través del alquiler de propiedades suyas. Los Sauces es una inmobiliaria que regenteaba varios departamentos y Hotesur manejaba el Hotel Alto Calafate.
Según fuentes judiciales, son los casos donde más comprometida está Cristina, sobre todo, porque era la presidenta en los momentos en que se llevaron a cambio las maniobras sospechadas. Al correrse la Oficina Anticorrupción de esas causas, la ex mandataria apunta a retrasar o anular el juicio. Y si bien las sucesivas ferias por el coronavirus ayudaron a retrasar los tiempos, la posibilidad de que la sienten en el banquillo está latente. De ahí parte la premura.
También el apuro se relacionaría con dos temas de agenda, como la deuda y las elecciones de medio término. Si la Argentina cae en default, con el presumible mayor deterioro de la economía, sería difícil colar un tema tan sensible y que reavive la grieta como los juicios contra la ex presidenta. Y por otro lado, también es mejor alejar esto de los comicios, por un motivo similar: el repudio que esas jugadas generan en un sector importante de la sociedad.
La acusación contra la familia Kirchner es bastante básica: los investigaron y serán juzgados, presuntamente por favorecer a ciertos empresarios, como Lázaro Báez y Cristóbal López y luego recibir supuestos retornos a través del alquiler de propiedades suyas.
En cuanto a la Corte, llama poco la atención el embate. Sólo del juicio por irregularidades con la obra pública, el único que arrancó contra la ex presidenta y que generó un recordado ataque de furia en vivo contra los jueces, el Máximo Tribunal tiene cerca de una decena de recursos por resolver. Los tiene hace meses y no aparecen en agenda. Cristina y otros de los acusados –que reclaman nuevos peritajes y que la causa se remita a Santa Cruz, entre distintos planteos- se ilusionaban con que la Corte interviniera y fallara a su favor.
Para testear el ánimo del alto tribunal, creen algunos, es que la vice hizo el planteo vinculado con las sesiones virtuales. No le fue bien: terminó en rechazo 5 a 0. ¿Por eso luego mandó a sus voceros habituales a reinstalar la idea de una ampliación? Si el kirchnerismo lograra imponer dos jueces propios afines a sus intereses, quedaría a tiro de tener una mayoría semi automática. Elena Highton de Nolasco, que ya pasó lo 75 años y depende en parte del poder de turno para seguir, se cuenta como permeable a los deseos K. También algunos especulan con la ayuda de Ricardo Lorenzetti, el ex titular del cuerpo que tuvo una relación oscilante con el kirchnerismo. En la otra vereda está el actual presidente, Carlos Rosenkrantz, propuesto en su momento por el macrismo. Y en el medio quedan dos peronistas de recorrido político: Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.
No está claro hasta dónde está dispuesto a ceder Alberto Fernández con este tema. Pero pasó de mostrar su conformismo con el funcionamiento de la Corte de 5 hasta a decir, en recientes reportajes, que estaría dispuesto a escuchar el consejo de expertos sobre el tema. Los nombres que circularon son básicamente de abogados a asesores cercanos al pensamiento K, como Carlos Beraldi, Carlos Arslanian o Graciana Peñafort. También al radical Ricardo Gil Lavedra, aunque más en soledad. Si un consejo a medida recomienda lo que sugiere Cristina, ¿qué hará Fernández? La interna, otra, ya está disparada.
