El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, ratificó que “no va a haber más altas del plan Potenciar Trabajo” y señaló que apunta a que gobernadores e intendentes lo ayuden a difundir que los beneficiarios “pueden elegir dónde quieren trabajar, que no pueden ser rehenes de nadie”.
“Hay que comunicar mucho más que los beneficiarios pueden elegir dónde quieren trabajar, que no pueden ser rehenes de nadie, que tienen derechos que no pueden ser vulnerados”, sostuvo el funcionario nacional.
En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete precisó que “hay 7 mil denuncias concretas de irregularidades, de gente que se veía presionada por tener que movilizar o que les pedían plata”.
▶ Las denuncias
Según las fuentes consultadas por el diario Perfil, este jueves el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció penalmente a los dirigentes del Partido Obrero Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”, en el marco de un supuesto cobro del 2% de lo que percibe cada beneficiario del Plan Potenciar Trabajo que pertenece a esa agrupación política.
Marijuán se basó en un artículo publicado en el diario Clarín el 13 de junio pasado y en declaraciones de Solano, quien manifestó que “en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan”.
“Ese 2% -añadió, según explica la denuncia- sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería”.
La denuncia, que recayó en el juzgado de la jueza María Servini, quedó registrada con el número 2078/2022. “Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión”, indicó el fiscal.
“Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, abundó.
Marijuán propuso como medidas de investigación que “se libre oficio al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020”.