Autoridades nacionales y provinciales recibieron a representantes de ocho comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén para intentar destrabar el conflicto territorial que el pueblo originario mantiene en la zona y que derivó en el desalojo y represión de Villa Mascardi el 4 de octubre.
La Comitiva de Autoridades Tradicionales del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche reclamó la desmilitarización de la zona, la liberación de las cuatro mujeres detenidas con sus hijos y la disolución del Comando Unificado de Fuerzas Federales, responsable del operativo.
El encuentro giró en torno a varios pedidos que realizaron los representantes de los pueblos originarios, uno de los cuales fue la conservación del “rewe”, una especie de altar sagrado que aún se erige en las tierras desalojadas del paraje rionegrino, por decisión de la jueza federal Silvina Domínguez.
Los mapuches plantearon además la necesidad de avanzar en el relevamiento de las comunidades e insistieron con la disolución del comando unificado de fuerzas, que fue conformado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para garantizar la seguridad en el paraje rionegrino y, en simultáneo, ejecutar la orden de desalojo que ordenó la jueza federal subrogante Silvina Domínguez en octubre pasado.
Pidieron también por “la liberación de las mujeres que están detenidas desde octubre y el fin de la persecución a los pueblos originarios”.
El vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, reconoció que “se vislumbra la posibilidad de un acuerdo” en el corto plazo, aunque “al Gobierno le cuesta resolver estas cuestiones porque tiene antecedentes de negarse a reconocer territorios, en un conflicto que tiene ya varias mesas de diálogo”. El referente afirmó que “resolver el tema territorial también terminaría con las causas judiciales y con la prisión preventiva” de las cuatro mujeres detenidas.
La próxima reunión será el 31 de este mes en Bariloche. Allí se esperan definiciones concretas para los reclamos mapuches. “Le marcamos al Estado el incumplimiento de los derechos indígenas, el hecho de llevar adelante el desalojo en un lugar que tiene un rewe, una machi, es atacar la espiritualidad de un pueblo, que también es condenado como un delito internacional”, sostuvo Carriqueo.
En este sentido, los 12 referentes que participaron de la reunión solicitaron la presencia de autoridades de los ministerios nacionales de Salud y de las Mujeres en el próximo encuentro, para garantizar “el acceso a nuestro propio sistema de salud como tiene cualquier pueblo indígena del mundo”.
El otro tema a tratar, la disolución del Comando Unificado que actuó en el desalojo, divide las aguas. Desde la Secretaría de Articulación Federal sostienen que fue la Justicia la que solicitó su intervención. La comitiva mapuche señaló que es el Ejecutivo el que organiza el comando y tiene la potestad de suprimirlo. Autoridades y referentes indígenas manifestaron que continuarán trabajando en la cuestión.
El Secretario @pietragallahora participó de una mesa de diálogo con representantes de ocho comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén. pic.twitter.com/L5lBHkYfRx
— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) January 12, 2023
La palabra de los vecinos
Los pobladores de la villa, muchos de los cuales fueron víctimas de usurpaciones y atentados vandálicos, permanecieron en la puerta de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), donde se realizó el encuentro, debido a que no estaban invitados a participar de la mesa.
Luego de dos horas, lograron ser recibidos por Pietragalla. Allí pidieron que así como convocó a los pueblos se invite a los vecinos y el funcionario accedió. Desde ambos sectores destacaron el intercambio cordial y la “buena predisposición”.
El funcionario nacional se comprometió a reunirse la semana próxima con miembros de la junta vecinal Villa Mascardi, una de las zonas más afectadas por el accionar Mapuche, que más temprano y a través de un comunicado manifestó su “gran sorpresa, indignación y preocupación” porque no había sido invitado ningún miembro del grupo.
El origen del conflicto
El conflicto con las comunidades mapuches lleva varios años en el sur, pero recrudeció a comienzos de octubre pasado cuando tras una serie de ataques a propiedades en la zona de Villa Mascardi, Río Negro, fueron incendiadas varias propiedades. Luego de eso se reforzó la seguridad en la zona con un destacamento de Gendarmería que fue atacado, lo que motivó mayor intervención de las fuerzas federales en la zona.
En uno de los operativos dispuestos por Seguridad Nacional se detuvo a un grupo de mujeres de la comunidad que luego fueron trasladadas a Buenos Aires, lo que desató quejas. Entre ellas la de la por entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien fue abogada de Facundo Jones Huala, miembro de la comunidad y prófugo de la justicia chilena y es una activa militante de los derechos de los pueblos originarios, quien terminó renunciando a su cargo en medio de severas críticas al rol del gobierno nacional en el caso.
Entre los repudios, distintas comunidades y organizaciones mapuches habían alertado sobre las “graves consecuencias que genera el encarcelamiento de la machi Betiana Colhuan”. El día del desalojo, además de Colhuan, seis mujeres fueron detenidas. Cuatro de ellas permanecen con arresto domiciliario, en compañía de sus hijos menores, en un centro mapuche de Bariloche. Quienes no pudieron ser encontrados en ningún momento fueron los hombres de la comunidad, que tras el desalojo huyeron hacia las montañas y desde entonces permanecen prófugos.
Después de que el tema escaló visiblemente el presidente Alberto Fernández recibió el pasado 14 de diciembre a los referentes de las comunidades aborígenes en la Casa Rosada.