El fiscal general ante la Cámara Federal porteña reclamó este lunes que se anule el fallo que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri y a otros funcionarios de su gobierno en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y calificó esa resolución como “arbitraria”.
El fiscal José Luis Agüero Iturbe presentó una apelación de 40 páginas en la que ponderó la “trascendencia institucional” de lo investigado y en la que resaltó que la causa “no puede ser cerrada caprichosamente”.
“Contrariamente a lo señalado por los señores Jueces en la recurrida, y como lo he sostenido en reiteradas oportunidades ante una denuncia de trascendencia institucional, que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, los jueces no pueden arbitrariamente cerrarla”, expuso Agüero Iturbe en su presentación.
Para el fiscal, la Cámara Federal de Casación Penal debe anular el fallo dictado por el tribunal de apelaciones y Macri -que había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava- debe ser vuelto a indagar en Comodoro Py dado que, a su criterio, el procesamiento excedía aquello que se le había imputado.
▶ Los familiares denunciaron a los Camaristas
El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas federales que sobreseyeron al expresidente Mauricio Macri en la causa penal sobre tareas de inteligencia a familiares de los tripulantes del submarino.
El letrado pidió que se inicie el juicio de remoción de Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por mal desempeño en sus funciones y “posible participación en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho agravado, negociaciones incompatibles con sus cargos y prevaricato”.
Según consta en la denuncia, el abogado reclamó además que, mientras tramita su pedido, “se proceda a suspender a los magistrados denunciados” y se formule “la correspondiente acusación y sumario ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño”.
Tagliepietra -quien actúa como querellante en la causa penal- formuló la denuncia contra los camaristas que el 15 de julio último revocaron lo decidido en primera instancia y sobreseyeron, entre otros, a Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Los procesamientos de Macri, Arribas, Majdalani y subordinados de éstos habían sido dictados el 1 de octubre de 2021 por el juez federal Martín Bava.
En su pedido al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el padre del marino Alejandro Tagliapietra, fallecido en el hundimiento del 15 de noviembre de 2017, sostuvo que los jueces “violaron la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, el debido proceso y los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra legislación”.
El denunciante afirmó que las tareas de espionaje “ilegal” fueron “intromisiones gravísimas” en la vida privada de los familiares de los tripulantes del submarino y que los camaristas “no explican en qué modo, tiempo y circunstancias quienes resultamos victimas podríamos realizar” la actividad criminal que, según la ley 25.520, autoriza las actividades de espionaje.
Tagliapietra manifestó que sí se hubiese temido una actividad contra el entonces Presidente de la Nación, se debió “denunciar dicha circunstancia ante el Juez Federal en turno para que este adopte las medidas que entienda necesarias para hacer cesar este peligro”.
Agregó que, para sobreseer a Macri, Arribas y Majdalani como a otros procesados, Llorens, Bertuzzi y Bruglia prescindieron de “cuantiosa prueba” incriminatoria y solo ponderaron testimonios que favorecieron a los imputados.
“Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron nunca con autorización judicial alguna, ni mucho menos fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”, remarcó Tagliapietra.
Además indica que, en cambio, hubo “relevamiento, acumulación y/o producción ilegal de información sobre familiares de los tripulantes de las embarcaciones hundidas ARA San Juan y BP-Rigel, que reclamábamos al entonces Gobierno nacional por la aparición de nuestros seres queridos y justicia para el esclarecimiento de los hechos”.
Para Tagliapietra “el accionar de los denunciados deviene en la utilización abusiva de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la Nación en función de su calidad de magistrados federales, con motivos probablemente espurios” o por “amiguismo”.