Cárceles y pandemia: denuncian “graves violaciones a los DDHH”

Cárceles y pandemia: denuncian “graves violaciones a los DDHH”

La Procuración Penitenciaria de la Nación reportó baja cantidad de testeos y "violencia institucional sistemática".


La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó su informe anual sobre la situación de los DDHH en cárceles federales y otros centros de detención del Sistema Penitenciario Federal (SPF) y sostiene que durante 2020, el año de la pandemia y la cuarentena, las cárceles del país fueron escenarios de “graves violaciones a los derechos humanos” y a medida que transcurrieron los meses la situación se tornó más “preocupante”.

El informe detalla que “el impacto de la emergencia sanitaria al interior de las unidades fue muy significativo en diferentes sentidos, y agravó las condiciones de detención y las violaciones de derechos humanos en el encierro”.

Y agrega: “Con el correr de los meses, los principales indicadores de las violaciones a los derechos humanos en el SPF presentaron índices preocupantes”.

En relación a los niveles de hacinamiento, el informe devela que “la población detenida fue descendiendo como parte de la solicitud de medidas alternativas al encierro” que se presentaron desde distintos organismos y desde la Procuración.

“Pero también, fue el resultado de que el 20 de marzo, el SPF ordenó la suspensión de los ingresos al Sistema Central de Alcaidías, lo que implicó un cese temporal en el uso de las Unidades N°28 y N°29.11”, agrega el informe.

Por su parte, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó que sus alcaidías poseen una capacidad de alojamiento de 130 plazas, destinadas a permanencias no superiores a las 72 horas. “Tras aproximadamente un mes de pandemia, estos centros se vieron rápidamente colmados, lo que puede interpretarse como una consecuencia de las limitaciones al ingreso de personas al SPF”.

El informe señala también: “La irrupción de la pandemia a nivel nacional encontró el sistema penitenciario con su máximo histórico de personas alojadas y los problemas y vulneraciones de derechos que este hacinamiento implica”.

El documento de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) encontró que los fallecimientos tras las rejas también aumentaron en 2020: hubo un total de 58 casos, la mayor cantidad de muertes bajo custodia del sistema desde 2009, cuando la PPN comenzó a aplicar el procedimiento interno para la investigación de cada uno de los fallecimientos ocurridos en las prisiones.

“El aumento relativo de muertes se vio especialmente influenciado por el Covid-19, que se cobró 17 víctimas fatales. Ello provocó un fuerte incremento de los fallecimientos no violentos, ocurridos a causa de enfermedades”, se afirma.

En relación a los episodios de tortura y malos tratos la PPN registró 176 hechos, una cifra inferior a los años anteriores, aunque afirma que “es probable que la ‘cifra oculta’ que caracteriza a este tipo de práctica se haya visto robustecida como consecuencia de esta particular coyuntura, lo que permite comprender el descenso de casos en relación a lo registrado en periodos anteriores. La vigencia de este tipo de hechos, aún en pandemia, vuelve a poner de manifiesto el carácter estructural y sistemático que asume la violencia institucional en contextos de encierro en Argentina”.

En lo relacionado con el Coronavirus el informe señala que los primeros casos positivos de Covid-19 se produjeron en el mes de abril, y tras el brote que comenzó en el mes de mayo, se llegó al máximo nivel de contagios en agosto.

“Hasta el 31 de diciembre de 2020 se registraron 509 personas infectadas de Covid-19 en cárceles federales y 17 muertes por esa enfermedad” en prisiones federales, detalla el informe, que además registró 129 casos de personas contagiadas alojadas en centros de detención no penitenciarios, como comisarías, alcaidías o institutos de menores de la Ciudad de Buenos Aires.

Y por último, detallan: “Respecto de las medidas que se tomaron durante la pandemia, advertimos en algunos casos el aislamiento de personas sintomáticas en espacios que no estaban habilitados para eso, como por ejemplo retenes, y el uso por disposición judicial del aislamiento en celdas individuales por 23 horas diarias durante 45 o 60 días, una práctica que resulta contraria a cualquier disposición en materia de derechos humanos”.

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