A partir de la aprobación por parte del staff técnico de la última revisión del acuerdo en curso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) duró la postergación hasta el 31 de marzo del pago de U$S 2.700 millones que la Argentina debió cancelar esta semana.
La demora en el cierre de las negociaciones por las nuevas metas de reservas acabará un descalce entre los vencimientos que tenía que afrontar el país y el giro comprometido por el FMI, el cual se hará efectivo cuando el Directorio dé el aval definitivo y genere la acreditación de U$S 5.300 millones.
El programa de Facilidades Extendidas vigente contempla desembolsos del organismo multilateral a cambio de aprobaciones de metas trimestrales que coinciden con el cronograma de pago que se había fijado en el acuerdo que construyó Mauricio Macri en 2018.
O sea, hay una compensación constante entre giros y pagos, dado que el convenio que aplicó el gobierno de Cambiemos no fue cancelado.
Argentina debería pagar mañana U$S 917 millones y el miércoles U$S 1.789 millones, que ahora se abonarán el 31 de marzo, según fuentes del Ministerio de Economía.
Para esa fecha se espera la reunión del Board del organismo y culmine el proceso formal para el aval de las metas correspondientes al 31 de diciembre de 2022.
Como el staff técnico ya elevó la recomendación de aprobación de la prórroga resulta un mero formalismo que le permite mantener al país ese dinero en las reservas.
No obstante, cabe aclarar que cuando los dólares lleguen al Central será por unos pocos días, ya que en abril hay tres fechas de pago por U$S 2.600 millones: el 7 de abril vencen U$S 1.296 millones, el 14 de abril U $S 648 millones y el 28 de abril U$S 681 millones.
Tras la reunión del Board se aguarda además se informan las nuevas metas de reservas que deberán cumplir el país, que en principio implicaría una reducción de U$S 2.000 millones, concentrada en el primer trimestre.
El anuncio de esta postergación de obligaciones se da en momentos en que recrudecieron los cuestionamientos del ala kirchnerista de la coalición gobernantes por una renegociación total del acuerdo con el FMI.
Si bien el organismo relajó las metas de reservas, mantuvo sin cambios el objetivo de reducción de déficit fiscal a 1,9% del PBI y de 0,6% de emisión monetaria.
Estas obligaciones le quitarán recursos al gobierno y ante la desaceleración de la actividad obligarán a nuevos recortes de gastos para cumplir.
Tanto en Economía como los funcionarios del FMI que monitorean a diario los números del país están anoticiados de las consecuencias de la sequía y la caída en el nivel de actividad.