Andrade criticó el negocio inmobiliario detrás de los convenios urbanísticos

Andrade criticó el negocio inmobiliario detrás de los convenios urbanísticos

El legislador del FdT criticó en duros términos las modificaciones que el oficialismo le hizo a los convenios y señaló a los beneficiarios.


El legislador del Frente de Todos (FdT), Javier Andrade, críticó el negocio inmobiliario detrás de los convenios urbanísticos con empresas privadas reglamentado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

«Los convenios urbanísticos deben tener un fin nítido de interés público e implicar una mejora efectiva para la Ciudad, pero Larreta está usándolos para institucionalizar la venta de normativa urbanística al mejor postor«, dijo el legislador.

Y agregó que «el Estado porteño está a disposición de los negocios de los grandes desarrolladores inmobiliarios».

Además, Andrade señaló que «el viejo Código de Planeamiento Urbano contenía un procedimiento para los convenios que incluía una evaluación de impacto ambiental y otros requerimientos» y que «el larretismo lo eliminó para poder cambiar la zonificación, mejorar la edificabilidad y la rentabilidad de los propietarios del suelo».

También manifestó que «a fines del año 2020 Larreta envió a la Legislatura tres convenios urbanísticos que constituyeron un auténtico escándalo, no sólo no existía el interés público sino que la Ciudad vendió por primer vez constructividad por dinero».

Y sobre eso agregó: «Un antecedente muy peligroso desde el punto de vista jurídico, ya que habilita que quienes puedan pagar acceden a una norma más rentable y quiénes no, se quedan con aquella que rige en el Código».

Además, «atenta contra la igualdad ante la ley y aporta una gran inseguridad jurídica».

Andrade también sacó a la luz que » para disimular estas cuestiones, en pleno enero el Ejecutivo inventó una reglamentación del artículo 10.9 del Código Urbanístico».

«La reglamentación de Larreta desvirtúa el espíritu de esta figura, y por si fuera poco, dictó por Resolución un procedimiento para el cálculo de la valorización de la tierra originada por la norma otorgada por los convenios y el de la contraprestación exigible», explicó.

Y por último, señaló: «Ahora el GCBA cierra el círculo con una convocatoria para que los desarrolladores privados propongan al Estado convenios urbanísticos. No rige ya el Código, ni el interés común, ni la planificación responsable, ni el medio ambiente sino, una vez más, el negocio para los amigos».

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