El presidente Alberto Fernández pasó por los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en el juicio por la Obra Pública en Santa Cruz que se sigue contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El mandatario fue citado por el Tribunal Oral Federal N°2 a solicitud de la defensa de la actual vicepresidenta. Se trata de un episodio inédito ya que se trata de un presidente en ejercicio que irá a declarar como testigo ante la Justicia Federal.
Si bien podía declarar por escrito al alegar su función ejecutiva, el mandatario eligió ir de manera presencial, lo que inevitablemente se lee como un gesto hacia Cristina Kirchner, principal acusada en el juicio por el supuesto direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez.
El juicio lleva más de dos años de desarrollo y ya se le tomó declaración a una importante cantidad de testigos, entre ellos muchos empresarios participantes de la Obra Pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Sin embargo, con el arranque del año empezó una nueva etapa en las declaraciones: la ex presidenta y actual titular del Senado a través de su abogado Carlos Beraldi le pidió a los jueces que convoque como testigos a los ex jefes de Gabinete del periodo kirchnerista.
Es por eso que ya declararon, por ejemplo, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández o Jorge Capitanich, quienes fueron consultados acerca de si en algún momento hubo un pedido de la entonces presidenta para privilegiar al empresario que era titular de Austral Construcciones. En ese marco, vale recordar que el presidente estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete entre 2003, con Néstor Kirchner, y 2008, durante el primer año de gestión de Cristina Kirchner.
▶ La declaración de Alberto Fernández
El mandatario comenzó su declaración en una sala ubicada en la planta baja de los Tribunales, donde solo lo acompañan de manera presencial los integrantes del Tribunal Oral.
En primer término, los jueces le cedieron la palabra a Beraldi, el defensor de la vicepresidenta, quién comenzó con la formulación de las primeras preguntas. En esa línea, el letrado le preguntó a Fernández si recordaba cómo era la política de Obra Pública de Néstor Kirchner mientras era gobernador de Santa Cruz.
Fernández sostuvo: “La verdad es que lo que más recuerdo de ese tiempo era la administración prolija que había hecho, que le dejaba a Santa Cruz un superávit fiscal muy alto. En detalle no conozco cuál era la obra pública que como gobernador llevó adelante en la provincia”.
El exjefe de Gabinete fue determinante al asegurar que no es posible debido a que no es algo que se decida de esa manera ya que interviene, por ejemplo, el interés de los representantes de las provincias en el Congreso al sostener: “Definitivamente no había distribución arbitraria, algo que es realmente muy difícil de hacer porque todas las provincias pelean por su parte”.
Dijo que se está juzgando a la actual vicepresidenta por “decisiones políticas no judiciables” y explicó de diferentes modos que el criterio de un gobierno para distribuir la obra pública es político y por ende dinámico, en función de las necesidades que se presenten.
El Presidente indicó también: “La aprobación de un Presupuesto no es decisión de un presidente que decide cómo se gasta la plata. Intervienen muchísimas jurisdicciones, muchísimas. No hay espacio para que alguien cometa una arbitrariedad y el conjunto de los diputados y senadores la tolere porque después tiene que ir a rendir cuentas a su provincia”.
Uno de los momentos álgidos de la audiencia fue cuando Beraldi le quiso preguntar a Alberto Fernández si tenía conocimiento de la existencia de una asociación ilícita para favorecer presupuestariamente a alguna provincia. De inmediato, el fiscal Diego Luciani se opuso al considerar que “se trata de una pregunta contaminada y no hay duda que lo está poniendo al testigo en una situación de condicionamiento”.
El Tribunal hizo lugar a la queja, pero el juez Jorge Gorini le preguntó si si cuando se desempeño como jefe de Gabinete en algún momento tomó conocimiento de un acuerdo de voluntades “a los efectos de direccionar la obra pública en Santa Cruz o favorecer a algún empresario en particular”.
Alberto Fernández respondió: “Definitivamente no”, y posteriormente aseguró que las reformulaciones presupuestarias “no estuvieron destinadas a favorecer a Santa Cruz ni a ninguna otra provincia en particular. Los criterios son discrecionales, lo que uno entiende que necesita el país”, sostuvo en relación al criterio de reparto presupuestario.