El 14 de octubre de 2003 el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, dictó el decreto de necesidad y urgencia por el cual se establece que los precios de los contratos de obra pública podrán ser modificados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido, en promedio, un valor de mercado un 10 por ciento superior al establecido en el contrato original o al surgido de la última redeterminación.
Según el texto del decreto, esta redeterminación será aplicable únicamente a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. Se encuentran excluidas las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, como así también los contratos de suministro, de concesión de obra y de servicios, licencias y permisos. Este régimen se aplica a los contratos de obra pública que se adjudiquen con posterioridad a su entrada en vigencia.
También se fija que los precios de los contratos de obras públicas podrán modificarse con una periodicidad no inferior a seis meses, siempre que se hubieren producido variaciones en los costos en los porcentajes previstos, y que las obras públicas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones, por causas no imputables al comitente, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.
En los fundamentos del despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales -que fue sancionado durante la sesión del último jueves- se sostiene que "el Gobierno de la Ciudad prevé la realización de obras que se realizarán en el marco de entendimiento alcanzado con el Estado Nacional, y que el desarrollo de estos proyectos requiere de la sanción de normas similares a las existentes en el ámbito nacional, a fin de dotar a las contrataciones realizadas en este marco, de la necesaria previsibilidad y seguridad jurídica".
También se establece que "sin un régimen de redeterminación de precios preexistente y general, los oferentes se encuentran imposibilitados de realizar ofertas económicas que reflejen los precios reales".
Por lo que se sostiene en el despacho -firmado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Héctor Costanzo, Roque Bellomo, Juliana Marino, Oscar Moscariello, Raúl Puy y Enrique Rodríguez- que "resulta imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución de la Ciudad para la sanción de las leyes, ya que esto implicaría una importante demora en procesos de contratación que resultan indispensables para la Ciudad, por lo que se ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2.008/03".
POLÉMICA
Según el diputado Abel Latendorf (Piquete Socialista) -quien observó el despacho rechazando el decreto- "esto es claramente inconstitucional. La Constitución porteña plantea que la Legislatura legisla en materia de Obras y Servicios Públicos y que no puede delegar sus atribuciones, por lo que este decreto le está quitando atribuciones que le son propias al Poder Legislativo. Esta norma tiene como propósito, finalmente, prorrogar las facultades extraordinarias conferidas al jefe de Gobierno por la Ley 744 respecto de poder renegociar los contratos de obra pública, pero esta vez sin un límite temporal".
"Por otra parte -agregó- no entiendo cómo se comparecería este decreto con el cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2004. ¿Qué pasará si mediante una redeterminación de precios éstos exceden la partida presupuestaria otorgada? Entiendo que habría dos posibilidades: o que las partidas existentes en el proyecto de Ley de Presupuesto destinadas a las distintas obras públicas ya prevean aumentos, o que el Ejecutivo realice reasignaciones de partidas, con lo cual el Presupuesto dejaría de ser una ley para tornarse en una simple expresión de deseo".
Latendorf afirmó también que "como si todo esto fuera poco, en los considerandos del decreto se menciona que "durante el año 2003, se han normalizado las variables macroeconómicas del país, lo que ha permitido tanto el inicio de nuevos proyectos de obras públicas como la continuación de aquellas que se encontraban paralizadas con motivo de la crisis y emergencia económica". Del análisis de esta frase se desprende que, según el propio Ejecutivo, la situación económica estaría normalizada".
Por su parte, la diputada de Izquierda Unida, Vilma Ripoll, dijo: "De ninguna manera vamos a apoyar esto, porque es darle a Ibarra los mismos superpoderes que el Congreso de la Nación le dio a Kirchner al haber prorrogado la Ley de Emergencia Económica".
