Tal como anticipó NOTICIAS URBANAS, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación emitió dictamen en relación a la tercera senaduría por la Ciudad de Buenos Aires, a dos años de la elección que abrió la disputa entre Gustavo Beliz, hoy ministro de Justicia, y Alfredo Bravo, el fallecido líder socialista. El conflicto se generó después de que, el 14 de octubre de 2001, Bravo, candidato de ARI, terminara como el segundo candidato más votado del distrito, con la suma de los votos de la agrupación Nuevo Milenio, de Dante Gullo. Lo siguió la Alianza Frente para un Nuevo País, que llevaba de candidato a Beliz.
Si bien en un primer momento se consagró a Bravo, el Frente para un Nuevo País lo cuestionó judicialmente debido a que su candidatura fue presentada por dos boletas distintas y, según una interpretación de la Constitución, éstas no debían sumarse. Desde ese momento comenzó una batalla legal protagonizada en un primer momento por Beliz y Bravo, que continuó entre la legisladora porteña María Laura Leguizamón y la popular cantante Susana Rinaldi, que sucedieron a ambos en sus postulaciones.
Un fallo de primera instancia favoreció a Bravo, pero la Cámara lo revocó y la Corte Suprema de Justicia, integrada por conjueces, resolvió la causa a favor del Frente por un Nuevo País. Para ese entonces, la disputa era entre María Laura Leguizamón y Susana Rinaldi, ya que Beliz había renunciado a su candidatura por haber sido nombrado ministro de Justicia y Bravo había fallecido. Luego la designación se trabó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Finalmente, este jueves se firmaron tres despachos: uno de mayoría -que aprueba los títulos de María Laura Leguizamón como senadora titular en remplazo de Beliz y de Fernando Niembro y Patricia Alejandra García como senadores suplentes hasta el 10 de diciembre de 2007- y dos de minoría -que piden la incorporación de Susana Rinaldi en lugar de Alfredo Bravo hasta la misma fecha-.
El dictamen de mayoría se fundamenta, principalmente, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por la cual se sostenía que "del examen armónico de las normas que regulan el sistema electoral se desprende que, en materia de elección de senadores nacionales, fue intención del constituyente asignar las bancas de ese cuerpo a los partidos políticos. Que tal criterio impide desligar la figura del candidato de la del partido político, pues es a través de éste y no de aquél que nuestro ordenamiento decidió, a los efectos de la designación de senadores nacionales, canalizar la representación de la voluntad popular".
En virtud de esto, los conjueces del máximo Tribunal concluyeron -por cinco votos contra cuatro- que "la tercera banca de senador de cada distrito corresponderá al partido político (o alianza electoral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 157 del Código Electoral) que hubiera seguido al partido obtuvo el mayor número de votos en la elección".
En cambio, los despachos minoritarios -presentados por un lado, por los senadores radicales Raúl Baglini y Eduardo Moro y, por otro, por Jorge Yoma y Vilma Ibarra- se basan fundamentalmente en que "la interpretación de la Constitución no debe quebrantar la voluntad de los votantes, ya que tanto ellos como los participantes de la contienda, conocían las reglas y las aceptaron así".
Con respecto a la decisión de la Corte Suprema, ambos dictámenes sostienen que, "considerando el artículo 64 de la Constitución Nacional establece que cada Cámara es el único juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez, corresponde al Senado abocarse al estudio de los pliegos sometidos a su estudio y tiene la última palabra en esta materia".
Además, el despacho de Yoma e Ibarra asegura que "la sentencia de la Corte agravia especialmente el principio de soberanía del pueblo e igualdad de oportunidades que rigen como dogmas inexcusables del sistema democrático y, en particular, para sus representaciones políticas".
Cristina Kirchner -presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales- sostuvo que "si no decidió en diciembre último la situación fue por un expreso pedido del (por entonces) diputado Bravo, que nos exigió que nos abstuviéramos de tomar cualquier decisión hasta que se expidiera la Justicia".
Por su parte, Vilma Ibarra señaló que "uno ya sabe que la mayoría del PJ va a defender la banca para Leguizamón, lo cual también es un tema complejo, porque si la banca no era del candidato, sino que era del partido, la verdad que Leguizamón iba por Nueva Dirigencia, porque el PJ tenía un candidato que era Tomás Liendo. Éstas son las cosas que a veces los ciudadanos ven y no entienden. Digo, si la banca es del partido, la verdad que es que era de Nueva Dirigencia", concluyó.
